Por: María José Ralli

En Argentina, en enero de 2021, entró en vigor la Ley 27610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que habilita el aborto voluntario hasta la semana 14 y sin plazos en caso de violación o riesgo de la salud de la mujer, la niña o la persona gestante.

Su implementación marcó un hito en la historia legislativa y de derechos reproductivos del país. Esta ley histórica proporciona a las mujeres y personas gestantes el derecho legal a acceder a servicios de aborto seguro y gratuito en el sistema de salud pública, transformando radicalmente el panorama de salud reproductiva en Argentina.

Una de las principales repercusiones de esta ley es la garantía de acceso igualitario al aborto en todas las provincias argentinas. Antes de la ley, el acceso variaba significativamente según la región, con muchas provincias teniendo restricciones severas que impedían a las mujeres acceder a abortos seguros y bajo condiciones médicas adecuadas. La implementación de la ley unificó los criterios y procedimientos a nivel nacional, asegurando que todas las personas gestantes tengan acceso a servicios médicos seguros y legales para interrumpir un embarazo no deseado.

Según relevamientos de una investigación enmarcada en el Programa de Posdoctorado en Salud Colectiva de la Red Internacional en Salud Colectiva y Salud Intercultural (REDSACSIC) que  comprende los procesos de implementación de la Ley IVE entre 2021 y 2022, en los procesos de implementación se observan  tres tipos de obstáculos: “los que son propios del sistema de salud pública y estructurales de todo el funcionamiento del Estado; los que son propios de la práctica: acceso, información, formación de los profesionales en la normativa y en los procedimientos; y obstáculos subjetivos: temores, falta de información, resistencias, miedo a “que se enteren””.

El trabajo señala asimismo que “el proceso al que da lugar la Ley 27610 plantea el desafío de articular con un sistema de salud que trae sus deficiencias y arrastra desigualdades históricas” y advierte que “estas determinaciones son tanto estructurales y culturales como distributivas, en un sistema federal donde las provincias tienen las responsabilidades de gestionar la salud sin los recursos adecuados, producto de la descentralización de la década de 1990”. A este escenario se suman otros determinantes, “como las resistencias del personal de salud y de las instituciones ante prácticas que implican cambios en su entorno y su actuar”.

Asimismo, de la ariculación entre el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso con el informe de gestión de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproducitva, se observa que las provincias con mayor proporción de establecimientos que ofrecen salud privada son las que desde el sistema público han informado más abortos, además de ser las más populosas: provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tucumán, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Y que las provincias con mayor proporción de establecimientos de salud públicos son las que menor cantidad de abortos informan a la DNSS: Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Formosa y Misiones. Con la excepción de Jujuy y Salta que informan mayor cantidad de abortos y tienen un sistema público con gran presencia.

“Lo que observamos -señala el informe-  es que, en dos años, a pesar de los obstáculos estructurales, desde la DNSS y las provincias, han llevado a cabo un importante trabajo para ampliar el acceso, lo que se ve reflejado en el 30% de crecimiento de la cantidad de abortos informados y se plantean como desafío mejorar la calidad de la atención”. Y advierte que, si bien esta cifra tiene falencias, “el incremento es esperable hasta alcanzar un estancamiento cercado a las estimaciones de alrededor de 500.000 abortos anuales en la clandestinidad”.

Sin dudas la Ley promovió un cambio cultural importante al reconocer y respetar la autonomía de las mujeres sobre sus propios cuerpos y contribuyó  a disminuir el estigma social asociado al aborto. Sin embargo, y aunque la Ley representa un avance significativo, persisten desafíos en su implementación efectiva. Algunas provincias han experimentado demoras en la plena adopción de los protocolos establecidos, lo que puede afectar el acceso oportuno a servicios de aborto seguro. La capacitación continua del personal médico y la sensibilización pública son cruciales para garantizar que todas las personas gestantes puedan ejercer su derecho de manera efectiva y sin discriminación.