En los últimos años, se ha intensificado el debate sobre la necesidad de reformar el modelo de atención médica en Argentina. Este modelo, centrado en un esquema de seguridad social, ha mostrado señales claras de agotamiento. La esencia del sistema argentino de salud, que data de principios del siglo XX pero se consolidó en la década de 1950, descansa sobre un financiamiento vinculado al salario, a través de aportes y contribuciones. Esta estructura incluye una variedad de obras sociales, como las nacionales (con casi 15 millones de afiliados), provinciales (7.5 millones), y el PAMI (entre 5 y 6 millones), todas dependientes de las contribuciones salariales para su financiación.

El sector privado, o medicina prepaga, que cubre a aproximadamente 6.5 a 7 millones de personas, también enfrenta desafíos significativos. Aunque un 85% a 90% de sus afiliados también aportan al sistema de obras sociales, muchos se están viendo forzados a cambiar a planes de menor cobertura debido a los recientes aumentos en las cuotas de medicina prepaga. Este fenómeno ilustra una vez más la desconexión entre el modelo de financiación y el poder adquisitivo de la población.

Sin embargo, en la última década, hemos visto cómo el poder adquisitivo del salario ha disminuido progresivamente, mientras que los costos de atención médica han aumentado exponencialmente, impulsados por avances tecnológicos y medicamentos de alto costo. Esta brecha creciente entre ingresos y egresos ha puesto en evidencia las limitaciones del modelo actual. La creciente disparidad entre lo que se paga y lo que se necesita para mantener el acceso a las prestaciones médicas se ha convertido en un problema crítico.

En cuanto al sector público, el financiamiento proviene de rentas generales, es decir, de los impuestos que todos los argentinos pagamos. Este financiamiento se destina principalmente a hospitales públicos, que finalmente terminan facturando las prestaciones que realizan a las obras sociales y prepagos cuando el usuario tiene cobertura. Esto refleja una realidad dual: por un lado, el Estado está invirtiendo una cantidad considerable en salud, pero, por otro lado, existen fallas significativas en la administración y distribución de esos recursos.

A menudo se debate si gastamos mal el dinero en atención médica o si el Estado invierte insuficientemente. La realidad es que ambas afirmaciones pueden ser ciertas. Argentina destina alrededor del 9% de su PIB a salud, cifra comparable a la de muchos países, pero con un PIB per cápita significativamente menor. En comparación con países europeos, donde se gasta un porcentaje similar sobre una base económica más alta, queda claro que hay una brecha considerable en términos absolutos.

El desafío principal radica en mejorar la eficiencia del gasto y en replantear el modelo de atención médica. Argentina sigue siendo uno de los pocos países que no cuenta con un modelo de médico de familia consolidado. Este enfoque, común en la mayoría de los países desarrollados, se centra en proporcionar una atención primaria integral y continua, algo que aún no hemos implementado adecuadamente.

Para abordar estos problemas, es imperativo diseñar una reforma integral del sistema de salud. Esta reforma debe centrarse en un nuevo modelo de financiamiento y atención, con una canasta de servicios claramente definida y transparente para los usuarios. Es necesario reducir la judicialización en el sector salud, que a menudo se origina en la falta de claridad sobre las coberturas y derechos.

Además, se debe considerar un enfoque federal, dada la distribución constitucional de competencias en salud. Cada provincia debería tener la capacidad de desarrollar un programa de atención adaptado a sus necesidades específicas, con un rol coordinador del Ministerio de Salud a nivel nacional para asegurar una adecuada gobernanza y optimización de recursos.

Todos los procesos que aseguran la calidad de la atención, como la acreditación de hospitales y clínicas privadas, así como la certificación y recertificación de profesionales, están absolutamente atrasados en su práctica. Sin embargo, hay cambios que se pueden implementar para eficientizar los recursos sin necesidad de una inversión significativa. La certificación es un paso clave para elevar los estándares y garantizar una atención segura y de calidad.

Es fundamental cambiar el modelo de atención médica hacia uno que priorice al médico de familia y establecer una canasta explícita de servicios regulada por ley. Esto no sólo promovería un enfoque más integral y preventivo de la salud, sino que también ayudaría a limitar el creciente problema de la judicialización en el ámbito de la salud.

También hay que considerar la relevancia del desarrollo de una política nacional de medicamentos que no se limite a la creación de leyes, sino que fomente un trabajo colaborativo entre todos los actores involucrados, desde la producción y distribución hasta los profesionales de la salud y los pacientes. Este enfoque integral no solo ayudará a controlar el aumento de los precios de los medicamentos, sino que también permitirá construir una visión consensuada a mediano y largo plazo que beneficie a toda la sociedad. Solo así podremos garantizar un sistema de salud que verdaderamente responda a las necesidades de los argentinos.

La transición hacia un modelo más moderno, eficiente y equitativo no solo es deseable, sino esencial para garantizar una atención médica accesible y de calidad para toda la población. Es tiempo de actuar con decisión para superar las limitaciones del modelo actual y construir un sistema de salud que responda de manera efectiva a las necesidades del siglo XXI.

(*) Ex Superintendente de la Superintendencia de Servicios de Salud. Vice Presidente del Instituto de Investigación Sanitaria de la Seguridad Social.