sábado 22 de marzo de 2025 - Edición Nº2299

SALUD PÚBLICA | 7 mar 2025

Rechazo a la patente de Lenacapavir

Argentina logra proteger el acceso a tratamiento contra el VIH

Con la intervención de la Fundación GEP, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial rechazó la patente de Lenacapavir, impidiendo un monopolio que habría limitado el acceso a tratamientos clave contra el VIH.


El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) de Argentina rechazó las solicitudes de patente sobre el medicamento Lenacapavir, reconocido por la revista Science como “la innovación del año”. La empresa Gilead no logró responder adecuadamente a las observaciones planteadas por terceros interesados, como la Fundación GEP, que cuestionaron la novedad y la actividad inventiva del compuesto.

En concreto, el INPI denegó la solicitud de patente AR109364A1 “Compuestos Antivirales” y declaró el abandono de la solicitud AR115865A2 “Compuestos Terapéuticos”. La Fundación GEP presentó un total de cinco oposiciones a distintas solicitudes relacionadas con Lenacapavir, argumentando que el compuesto carecía de innovación según los criterios de la legislación vigente.

El expediente 20170102299 (AR109364A1) fue rechazado con base en documentos previos que demostraban que los compuestos solicitados ya habían sido divulgados. El informe del INPI concluyó que los compuestos Ia/Ib y IIa/IIb no eran nuevos y que su patentabilidad lesionaba el artículo 4 de la Ley 24.481.

El rechazo de estas patentes tiene un gran impacto en el acceso a tratamientos. Lenacapavir se utiliza para tratar el VIH resistente y fue promocionado como una solución efectiva para prevenir la transmisión del virus mediante una inyección semestral. La decisión del INPI evita la creación de un monopolio que podría limitar el acceso a este tratamiento.

Lorena Di Giano, directora ejecutiva de la Fundación GEP, señaló que esta decisión refuerza la importancia de los mecanismos de oposición a patentes para impedir el otorgamiento de exclusividades sin una innovación real. Además, criticó la estrategia de licencias voluntarias impulsada por Gilead, que considera una forma de control del suministro y comercialización del fármaco sin garantizar un acceso equitativo.

La resolución adoptada por la Oficina de Patentes en nuestro país demuestra que las guías de patentabilidad como las oposiciones a patentes son instrumentos efectivos y más vigentes que nunca para prevenir el otorgamiento de patentes que no traen real innovación en los términos requeridos por el ADPIC. Recomendamos a los países y organizaciones con trabajo en acceso a tecnologías médicas que prioricen la adopción y uso de estos instrumentos en sus territorios” expresó Lorena Di Giano.

José María Di Bello, de la Comisión Directiva de la Fundación, denunció que Gilead viene utilizando estrategias de lobby para impulsar la demanda de Lenacapavir, asegurando monopolios globales con precios elevados. Mientras que un estudio publicado en 2024 por Andrew Hill estimó que la producción del medicamento podría costar 40 dólares, Gilead lo comercializa por 44.000 dólares anuales por paciente.

La decisión del INPI también resalta la capacidad de América Latina para producir medicamentos de manera independiente. A pesar de que países como Argentina, Brasil, México y Perú participaron en los ensayos clínicos de Lenacapavir, fueron excluidos de las licencias voluntarias de Gilead por ser considerados de renta media.

Desde la Fundación GEP ya presentaron 29 oposiciones a solicitudes de patentes de fármacos para el VIH, Hepatitis C, cáncer de mama, tuberculosis y COVID-19. Hasta el momento, 16 de estas solicitudes fueron rechazadas o abandonadas. Un informe de su Observatorio de Acceso a Medicamentos reveló que el rechazo de patentes relacionadas con combinaciones de Tenofovir (TDF) permitió un ahorro de 525 millones de dólares en compras públicas entre 2015 y 2023.

Di Giano concluyó que esta decisión representa una victoria para la salud pública y destacó la necesidad de continuar utilizando herramientas de oposición a patentes para garantizar el acceso a tratamientos esenciales. Además, instó a los gobiernos a fomentar la producción local de medicamentos para reducir la dependencia de grandes corporaciones farmacéuticas.

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