En un contexto sanitario cada vez más tensionado, un estudio titulado «Impacto económico de medicamentos de alto precio/costo en la seguridad social de Argentina. El caso del Instituto de Obra Social para las Fuerzas Armadas y de Seguridad» pone en evidencia el peso económico que ejercen los medicamentos de alto costo (MAC) sobre el sistema de salud del país. La investigación, centrada en el Instituto de Obra Social para las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), muestra con cifras alarmantes cómo una mínima fracción de los afiliados -apenas el 1,9%- consume más del 21% de los ingresos totales de la obra social, generando un gasto anual superior a los 57 millones de dólares.

Lejos de ser una excepción, la situación de IOSFA retrata un fenómeno que atraviesa todo el sistema de salud argentino. Con medicamentos cuyo valor unitario puede superar el 40% del ingreso mensual de un hogar promedio, la creciente incorporación de estas tecnologías farmacológicas plantea un dilema ético, económico y sanitario

La Organización Mundial de la Salud advierte sobre este fenómeno a escala global: los MAC no solo amenazan la sustentabilidad de los sistemas de salud en países de ingresos medios y bajos, sino que incluso en las economías más desarrolladas generan tensiones presupuestarias. En Argentina, la fragmentación del sistema -dividido en obras sociales, prepagas y sistema público- agrava aún más la situación.

El caso de IOSFA expone con nitidez este problema. El gasto en cinco medicamentos -enzalutamida, bevacizumab, nivolumab, palbociclib y pembrolizumab- concentró la mayor parte del presupuesto. Todos ellos están destinados a tratamientos oncológicos y enfermedades reumatológicas, que en conjunto representan el 62,8% del gasto total en MAC. Este desbalance evidencia que el acceso atomizado, sin coordinación entre subsectores ni políticas nacionales de contención, puede derivar en la desfinanciación de las obras sociales y del sistema en su conjunto.

Las farmacéuticas argumentan que los altos precios son necesarios para sostener la innovación. Alegan que desarrollar un nuevo medicamento puede costar más de 3 mil millones de dólares y llevar más de una década. Sin embargo, muchas de estas cifras provienen de fuentes vinculadas a la propia industria, y son cuestionadas por expertos independientes que denuncian sobreestimaciones y falta de transparencia.

El estudio recuerda que gran parte de los medicamentos aprobados recientemente, sobre todo en el ámbito oncológico, no demostraron beneficios clínicos significativos. Según investigaciones internacionales, solo un tercio de los nuevos tratamientos contra el cáncer aporta algún valor terapéutico real. Además, más del 60% fueron autorizados por la vía rápida, en muchos casos sin evidencia robusta ni resultados sobre desenlaces clínicos relevantes.

El alto precio de estos medicamentos no se explica solo por su efectividad o el costo de su desarrollo. Un factor determinante es el régimen de exclusividad que impide la competencia. En el caso de los fármacos biológicos, la complejidad para aprobar biosimilares impide la entrada de competidores y consolida monopolios. Como resultado, los precios tienden a subir incluso después del lanzamiento, muchas veces sin una relación clara con los beneficios para los pacientes.

El acceso judicializado, la presión del marketing farmacéutico y la expectativa de nuevos tratamientos aún sin eficacia comprobada terminan tensionando aún más el sistema. Frente a la aparición de una nueva droga, pacientes y prestadores recurren a estrategias legales para obtener su cobertura, independientemente de su eficacia clínica o su costo.

A la luz de estos datos, el estudio plantea la necesidad de redefinir el modelo de evaluación y financiación de los MAC. Propone políticas nacionales de compras conjuntas, seguros para enfermedades catastróficas, transparencia en los precios y, sobre todo, un cambio de paradigma: que los precios de los medicamentos se fijen en función del valor terapéutico real que aportan, no de lo que el mercado esté dispuesto a pagar.