Este modelo prioriza el protagonismo de la persona en el momento del parto: escuchar sus decisiones, respetar sus tiempos, brindar información clara y comprensible, y garantizar un entorno seguro, empático y libre de intervenciones innecesarias. En América Latina y el Caribe, la tasa de cesáreas alcanza el 42,8%, una cifra alarmante que muchas veces responde a prácticas rutinarias sin justificación médica.

Respetar el parto también implica asegurar derechos fundamentales: el derecho a recibir un trato digno, a decidir sobre los procedimientos que se realicen, a estar acompañada por quien se elija, y a no ser objeto de violencia o discriminación. Del mismo modo, el recién nacido tiene derecho al contacto piel a piel inmediato, a no ser separado sin necesidad y a iniciar la lactancia si así lo desea la persona gestante.

“El parto respetado no es solo una elección personal, es un derecho que debe ser garantizado por el sistema de salud”, afirma Valeria Valko, médica ginecóloga de OSPEDYC.

En este marco, resulta imprescindible visibilizar la violencia ginecobstétrica, una forma de violencia institucional que vulnera derechos a través de prácticas deshumanizantes: desde comentarios despectivos o infantilización, hasta intervenciones médicas sin consentimiento como tactos reiterados, episiotomías sistemáticas o cesáreas innecesarias. Esta violencia, a menudo naturalizada, tiene un fuerte impacto en la salud física y emocional de quienes la sufren, y reproduce desigualdades de género dentro del ámbito sanitario. Nombrarla es el primer paso para erradicarla.

En Argentina, la Ley Nacional N.º 25.929 de Parto Humanizado reconoce estos derechos desde 2004. Sin embargo, su aplicación aún enfrenta importantes desafíos: negación del acompañamiento, falta de consentimiento informado, o decisiones médicas impuestas siguen siendo situaciones frecuentes en diversas instituciones. “Es clave fortalecer la formación del personal de salud, establecer protocolos claros y accesibles, y empoderar a las personas gestantes para que conozcan y ejerzan sus derechos”, agregó Valko.

Garantizar un parto respetado no es un privilegio: es una obligación ética, sanitaria y legal. Se trata de poner en el centro a las personas, su dignidad y su derecho a transitar este momento con cuidado, libertad y respeto.