Con el objetivo de atender el creciente volumen de litigios sanitarios y garantizar una vía más rápida y eficiente para resolver conflictos como la cobertura de tratamientos, medicamentos o servicios médicos, el Gobierno nacional creó -a través del DNU 379/2025- un nuevo mecanismo de resolución alternativa: el Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud, bautizado como PROMESA.

La norma fue publicada el martes 4 de junio en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei y de los ministros de Salud, Justicia y Economía. Establece que, previo a la vía judicial, las personas deberán someterse a una instancia de mediación cuando el conflicto involucre a obras sociales (leyes 23.660 y 23.661) o empresas de medicina prepaga (ley 26.682), salvo en casos de urgencia o riesgo de vida.

Según el texto oficial, PROMESA se propone como un mecanismo ágil, especializado y confidencial para resolver conflictos en salud sin necesidad de acudir a juicio. Sin embargo, Natalia Messina, directora del Centro de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, Acceso e Innovación (CETSAI) de la Universidad ISALUD y del Instituto de Derecho a la Salud, advierte que «lo primero que tenemos que tener claro es que este no es un decreto que establezca una mediación prejudicial obligatoria. No es una instancia previa obligatoria a la judicialización de conflictos en salud. De hecho, el texto del decreto lo dice claramente: es optativa, voluntaria. Incluso invita a las provincias a adherir».

En diálogo con Comunicar Salud, Messina sostiene que lo que el decreto plantea es una vía alternativa dentro del Ministerio de Justicia, que podrá ser elegida por las y los pacientes si desean intentar una resolución no judicial.

«Se va a desarrollar dentro del ámbito del Ministerio de Justicia, con mediadores que, se supone, van a ser abogados formados en la materia. Y sabemos que el derecho sanitario tiene sus complejidades. No es menor que un mediador, además de ser abogado, tenga formación específica en salud», subraya.

Descomprimir tribunales

El decreto justifica la creación del procedimiento aludiendo a la saturación del sistema judicial. Según datos oficiales, durante 2024 se iniciaron 7.602 demandas contra obras sociales y 2.470 contra prepagas, mientras que en lo que va de 2025 ya se registran 768 y 70, respectivamente. Esta sobredemanda, sostiene el Gobierno, obstaculiza las respuestas en tiempo y forma a personas en situación de vulnerabilidad.

En ese sentido, Messina considera que si PROMESA funciona como promete, puede ser una herramienta útil: «Ojalá funcione como se plantea, porque lo que permitiría es que lleguen a la justicia solo aquellas cuestiones que son realmente urgentes, que no pueden esperar, en función de las necesidades de los pacientes. Y que, en el camino, se puedan resolver casos menores, que hoy dilatan procesos y congestionan el sistema judicial».

La especialista recuerda que, según datos de la Superintendencia de Servicios de Salud, la mayoría de las demandas judiciales no responden a cuestiones complejas, sino a prestaciones básicas que no se cumplen.

«Hay prestaciones básicas que no se están dando, situaciones de afiliación que no se resuelven, tratamientos crónicos que se demoran, a veces por especulación de los financiadores. Y no hablamos de cuestiones que necesiten una interpretación jurídica: son derechos que la ley ya garantiza y que, sin embargo, no se cumplen», señala Messina.

PROMESA comenzará a regir dentro de 60 días. El Ministerio de Justicia y el de Salud serán los encargados de diseñar y supervisar el sistema. Se establece que los mediadores deberán contar con formación específica en salud, certificada a través de un examen. Además, el Ministerio de Salud podrá participar en las audiencias como parte o como veedor.

Para Messina, la clave será la implementación y la formación profesional en el corto plazo: «Si esto se pone en marcha pronto y se empieza a formar a los mediadores en el corto plazo, creo que podría tener buenos resultados en términos cuantitativos. Porque hay muchas personas que no tienen acceso a pagar un abogado, que se desaniman, que bajan los brazos en el camino. Y una instancia como esta podría ser clave para garantizar el acceso a derechos que no deberían depender de un juicio».

También advierte que muchos conflictos judicializados hoy no deberían llegar a esa instancia, lo que genera cuellos de botella en causas complejas: «Hay muchos casos judicializados que no deberían estarlo. Eso hace que los jueces estén desbordados, incluso en expedientes donde sí se necesita una mirada técnica. Por ejemplo, cuando un paciente reclama un medicamento innovador, de alto precio, que no está en el PMO y fue prescripto por un especialista. Ahí sí hace falta una evaluación judicial con peritajes y análisis. Pero hoy, esos casos conviven con cientos de causas menores que podrían resolverse antes».

«Si el paciente elige esta vía y no funciona, o no es lo suficientemente ágil, seguramente volverá a la justicia. Pero si funciona, como promete, puede ser una herramienta muy útil para descomprimir el sistema judicial y mejorar el acceso real a los derechos», concluye la abogada.