Frente a esta realidad, urge revisar prioridades, fortalecer los marcos regulatorios y avanzar hacia un sistema que funcione con reglas claras, criterios técnicos y sostenibilidad financiera.

Uno de los ejes más críticos es el de los medicamentos de alto precio, particularmente en áreas como la oncología, las enfermedades poco frecuentes o las terapias génicas. En estos casos, el valor de los tratamientos puede superar fácilmente el millón de dólares. El sistema no tiene mecanismos eficaces para contener estos costos ni criterios definidos para decidir qué debe ser cubierto y en qué condiciones. El problema se agrava cuando la decisión no pasa por una evaluación técnica sino por la vía judicial, desvirtuando por completo la lógica de la cobertura en salud.

En este contexto, resulta ineludible señalar que cuando un medicamento oncológico cuesta un millón de dólares y la decisión de su cobertura queda en manos de un juez, el sistema se vuelve insostenible. La judicialización, lejos de ser una instancia de excepción, se ha transformado en un mecanismo habitual para acceder a medicamentos costosos, incluso sin evidencia concluyente o indicación médica experta. Esto traslada la responsabilidad técnica hacia la justicia, que termina, de hecho, construyendo política pública en salud.

La situación se agrava porque muchos de estos tratamientos no cuentan con el respaldo de estudios robustos: son autorizados en fases preliminares, sin resultados concluyentes y, en ocasiones, sin haber completado siquiera la fase III. En muchos casos sin cobertura en sus países de origen.

Pese a eso, el sistema está obligado a pagarlos. Y si se pretende conocer la estructura de costos que justifique esos valores, la respuesta suele ser el silencio. En un mercado dominado por monopolios, sin transparencia en los precios ni capacidad de negociación por parte del sistema, no hay equilibrio posible.

Este fenómeno tiene consecuencias concretas: cuando una persona obtiene judicialmente un medicamento de altísimo precio, no solo se afecta la economía de la obra social o del financiador correspondiente, sino que también se compromete la cobertura de otros pacientes y la estabilidad del sistema. Cada excepción concedida sin criterios claros genera inequidad y desfinanciamiento. En otras palabras, permitir que una persona acceda a un tratamiento de dudosa eficacia puede implicar, en la práctica, quitarles la atención sanitaria a muchos que no tienen voz, aunque tengan derechos y necesidades urgentes y justificadas.

Hoy los reclamos por estas coberturas están alcanzando hasta el Estados Nacional y los Estados Provinciales, ante la insolvencia de las entidades, aun las más grandes y sólidas.

A esta lógica se suma otro elemento: el envejecimiento poblacional. Trabajamos para que la gente viva más y mejor y eso, inevitablemente, implica un mayor uso del sistema de salud. Sin embargo, no existen políticas integrales que acompañen esta nueva realidad. El modelo vigente fue diseñado para resolver episodios agudos y lograr recuperaciones rápidas, pero hoy enfrenta demandas asociadas a la cronicidad, la dependencia y la atención prolongada.

La demanda creciente de residencias, internaciones de 3er nivel, centros de cuidados paliativos y como contraparte, la falta de formación adecuada de los equipos de salud, son señales de que el sistema no está mirando esta transformación. Con la matriz actual, la sobrevida y la dependencia amenazan con hacerlo colapsar.

Frente a esta complejidad creciente, hay una propuesta que emerge con fuerza: la creación de una Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, con capacidad técnica, autonomía y respaldo político para definir qué debe cubrir el sistema de salud. Esa agencia debería ser la que establezca prioridades, determine con qué evidencia se aprueba una tecnología y con qué criterios se incluye o se excluye de la cobertura. Y si se trata de un medicamento monopólico, quien debe negociar es el Estado, no cada financiador de manera aislada y sin herramientas.

La agencia, además, debería avanzar hacia una compra centralizada y la creación de un Fondo Nacional de Recursos que concentre los tratamientos excepcionales, evitando el desfinanciamiento del resto del sistema. Esta propuesta, que logró amplio consenso entre nación, provincias, y actores del sistema de la seguridad social, fue resistida solo por algunos sectores, es la única salida racional para enfrentar el problema.

Es importante aclarar que no se propone que esta agencia tenga carácter vinculante para el Poder Judicial, porque eso afectaría la división de poderes. Pero sí debe contar con una autoridad técnica tan sólida que ningún juez dude de su idoneidad y honestidad. Se trata de devolver racionalidad al sistema, no de restringir derechos.

Hoy asistimos a un panorama insostenible: medicamentos que pasan de costar 100 a 33.000 dólares por el solo hecho de estar monopolizados, tratamientos sin eficacia comprobada y decisiones judiciales que desfinancian obras sociales sin considerar el impacto sistémico.

Por eso, es necesario reafirmar que racionalizar no es sinónimo de negar cobertura. Al contrario: establecer reglas claras, basadas en la evidencia, un modelo de atención definido y protocolos de buenas prácticas, es la única forma de garantizar la equidad y la sustentabilidad. Mientras no lo hagamos, seguiremos atrapados en una lógica de excepción permanente, donde cada caso individual puede desestabilizar todo el sistema.

Es tiempo de tomar decisiones políticas urgentes para recuperar la justicia, la coherencia y la eficacia en la asignación de recursos.

(*) Presidente de la UAS -Unión Argentina de Salud-. Director General de CEMIC y ex presidente de ALAMI