Formación médica y acceso a residencias: ¿sirve el adicional de 5 puntos?

En el artículo “¿Más justo para quién? El mito de los 5 puntos extra en el ingreso a residencias”, Martín Recanatti (sociólogo), Emiliano López (médico clínico y especialista en gestión pública) y Claudio Ortiz (médico especialista en salud pública), analizan los fundamentos técnicos y políticos detrás de la medida tomada recientemente por el Ministerio de Salud nacional y plantean su preocupación por las consecuencias que puede tener sobre el sistema.

El Ministerio de Salud de la Nación anunció una modificación en el sistema de ingreso a las residencias médicas, que incorpora un puntaje adicional para quienes hayan cursado sus estudios en universidades argentinas. Según el comunicado oficial, el nuevo esquema “garantiza prioridad a quienes eligieron formarse en nuestras universidades y comprometerse con la salud de los argentinos”, en un intento por corregir lo que define como “una desventaja inaceptable” para los médicos formados en el país frente a quienes egresaron de instituciones extranjeras.

En concreto, la medida incorpora 5 puntos extra al cálculo del puntaje final de ingreso para los postulantes que hayan completado sus estudios en Argentina. Este puntaje se suma al promedio de carrera y al resultado del Examen Único de Residencias, que hasta ahora definía el orden de mérito en los concursos públicos de adjudicación.

Sin embargo, los especialistas en salud y educación advierten que esta modificación no responde a una necesidad real ni se basa en evidencia concreta. Basándose en datos del Observatorio Federal de Talento Humano en Salud, explican que los egresados de universidades públicas nacionales obtienen mejores resultados en el examen de ingreso que quienes se formaron en instituciones privadas o extranjeras. Dado que el examen representa el 83,3 % del puntaje total (y el promedio de carrera solo el 16,7 %), el rendimiento académico de los postulantes formados en el país ya es, en los hechos, superior.

“No existe tal desventaja para nuestros estudiantes por sobre los extranjeros”, afirman. “En todo caso, si lo que se pretende es valorar el esfuerzo de nuestros médicos, deberían garantizar y fortalecer el financiamiento del sistema universitario nacional”, apuntan.

El problema de fondo, según los autores, es el vaciamiento progresivo del sistema de formación de especialistas. En los últimos años, muchas residencias en especialidades troncales como clínica médica o pediatría no logran cubrir sus cupos. Las razones son múltiples: condiciones laborales precarias, sobrecarga horaria, bajos salarios y escaso reconocimiento profesional.

“Basta con presenciar una adjudicación de cargos de residencia para comprender que, si muchas de ellas no se cubren con egresados de nuestras universidades nacionales, no es por reglas distorsivas, sino porque muchos jóvenes optan por alternativas laborales con mejores condiciones”, concluyen.

Cambios estructurales: ¿libertad de elección o fin de los derechos adquiridos?

Por otro lado, el Ministerio de Salud de la Nación actualizó el reglamento que rige el Sistema Nacional de Residencias Médicas. A través de la Resolución 2109/2025 publicada en el Boletín Oficial, la administración nacional presentó la reforma como una ampliación de derechos, al introducir un sistema de elección optativa para quienes se encuentran en la etapa final de su formación. El nuevo esquema plantea que cada residente podrá elegir en qué modalidad continuar: Beca Institución o Beca Ministerio.

Sin embargo, detrás de la propuesta de la “libertad de elección” se esconde una transformación sustancial del régimen de trabajo de los residentes. Uno de los cambios más relevantes es el reconocimiento exclusivo del carácter formativo y de beca de las residencias, dejando afuera toda consideración de relación laboral. En los hechos, esto puede abrir la puerta a una mayor precarización: si se abandona la figura laboral, los residentes podrían dejar de percibir aguinaldo y otros derechos adquiridos, aunque el gobierno afirma que esto quedará “a elección” de cada profesional.

En el caso de la Beca Institución, el residente recibiría el haber mensual íntegro, sin descuentos previsionales, con cobertura de ART y mala praxis, y la posibilidad de adicionales otorgados por la institución médica, que podrían incluir un pago similar al aguinaldo. Según fuentes oficiales, el haber bruto bajo esta modalidad rondaría los $990.000. Pero la percepción completa de ese ingreso dependerá de la voluntad de cada institución, lo que introduce un nivel de discrecionalidad que inquieta a quienes advierten sobre posibles inequidades entre residentes.

La Beca Ministerio, por su parte, mantiene el esquema vigente: incluye descuentos previsionales, obra social estatal, ART y mala praxis a cargo de la institución, con un ingreso estimado, con los descuentos, de $880.000 netos. Esta vía, si bien más regulada, podría volverse menos atractiva si la otra modalidad se presenta como más “lucrativa” en el corto plazo, pese a su menor cobertura de derechos laborales.

Desde distintos sectores vinculados a la salud pública y la formación médica se plantea que esta reforma profundiza un modelo de flexibilización del trabajo médico en formación. Al desplazar la idea de derechos laborales en nombre de la autonomía individual, y al dejar en manos de cada institución condiciones fundamentales del ingreso, el nuevo reglamento corre el riesgo de acentuar la desigualdad y deteriorar aún más el ya frágil ecosistema de formación profesional en salud.