Con el argumento de reducir la estructura del Estado y achicar el gasto público, el Gobierno nacional oficializó una profunda reconfiguración del sector público, que incluye importantes cambios en el sistema de salud. 

A través de los decretos 459 y 460/2025, se dispuso la disolución, transformación y fusión de organismos e instituciones sanitarias, con la promesa de ganar eficiencia sin afectar la atención. Desde el ámbito sanitario advierten que estas medidas pueden tener repercusiones en la capacidad estatal de respuesta y en el derecho a la salud.

Una sola administración

Uno de los ejes más relevantes es la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), un nuevo organismo descentralizado que concentrará la gestión de cinco hospitales nacionales:

-Hospital Nacional “Doctor Baldomero Sommer”

-Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas”

-Hospital Nacional y Comunidad “Dr. Ramón Carrillo”

-Instituto de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimino Tesone”

-Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones “Lic. Laura Bonaparte”

Desde la cartera de Salud aseguran que estos establecimientos conservarán su denominación y especialización. Su administración quedará bajo una estructura centralizada que asumirá funciones clave como recursos humanos, compras, contabilidad y gestión financiera. En tanto, ANES tendrá un Administrador Nacional (con rango de secretario) y directores ejecutivos para cada hospital (con rango de subsecretario) y el personal mantendrá sus cargos hasta tanto se adecuen las nuevas estructuras.

Cambios en institutos clave

Otra medida central es la transformación del Instituto Nacional del Cáncer (INC) en una unidad organizativa dentro del Ministerio de Salud, bajo la Secretaría de Gestión Sanitaria. El instituto deja así de ser un ente descentralizado, aunque el decreto sostiene que sus programas estratégicos -como la prevención del cáncer cervicouterino, mamario y colorrectal, los cuidados paliativos y la oncopediatría- continuarán operativos bajo la órbita ministerial.

También se disuelve el Instituto Nacional de Prevención, Diagnóstico, Tratamiento e Investigación de Enfermedades Cardiovasculares. El Ejecutivo fundamentó su cierre por «falta de operatividad».

Asimismo, se fusiona el Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMET) con el Instituto Malbrán, bajo el argumento de evitar duplicaciones funcionales y lograr una mejor coordinación técnica.

En tanto, el decreto 460/2025 elimina la facultad del Poder Ejecutivo para crear nuevos hospitales del tipo SAMIC (Servicios de Atención Médica Integral para la Comunidad) y dispone la disolución de las Delegaciones Sanitarias Federales del Ministerio de Salud, que tenían presencia en las provincias y articulaban políticas territoriales de salud.

Advertencia de la AASAP

Frente a esta serie de medidas, la Asociación Argentina de Salud Pública (AASAP) expresó su profunda preocupación en una declaración pública. Según la entidad, detrás del discurso de eficiencia y reorganización se esconde una lógica de desmantelamiento institucional:

«¿Cuál es la racionalidad de desarticular instituciones que demandaron años de construcción, con equipos técnicos especializados, líneas de investigación consolidadas y resultados reconocidos por la comunidad científica nacional e internacional?», se preguntan.

La AASAP advierte que los tres institutos disueltos cumplían funciones estratégicas en la lucha contra enfermedades crónicas no transmisibles y patologías desatendidas, principales causas de muerte en el país. En un contexto global que exige fortalecer las capacidades estatales de vigilancia epidemiológica y preparación ante pandemias, estas decisiones -afirman- comprometen la capacidad de respuesta sanitaria y vulneran el derecho a la salud:

«La eliminación de estructuras clave en salud y ciencia nos expone a mayores riesgos», sostienen desde la asociación, que también señala la ausencia de un plan integral de salud que articule las transformaciones con una estrategia nacional sostenida y federal, y llama a revisar estas decisiones «priorizando la vida, el conocimiento y el cuidado como pilares del desarrollo».

El Gobierno sostiene que los cambios no implican pérdida de funciones esenciales ni afectarán la atención sanitaria, sino que buscan evitar superposiciones, reducir costos y optimizar recursos. Los interrogantes sobre su implementación concreta, el impacto en el trabajo técnico especializado y la continuidad de políticas públicas críticas son por ahora una incógnita.