VIH y lenacapavir: entre la revolución en la prevención y las barreras en el acceso

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó oficialmente el uso de lenacapavir como una opción adicional de profilaxis preexposición (PrEP) para prevenir el VIH. Se trata de un medicamento inyectable de larga duración que, con una aplicación cada seis meses, ofrece una alternativa altamente eficaz a las pastillas orales diarias.

Presentada durante la 13ª Conferencia de la Sociedad Internacional del Sida (IAS 2025), la recomendación de lenacapavir como PrEP semestral surge cuando solo en 2024, las notificaciones de nuevas infecciones por VIH suman 1,3 millones.

La posibilidad de contar con una tecnología innovadora, accesible y sencilla de administrar podría representar un punto de inflexión en la respuesta global al virus, sobre todo para quienes enfrentan barreras de acceso, estigmatización o dificultades de adherencia.

“Todavía estamos en un muy buen momento respecto de hacia dónde vamos con esta revolucionaria opción de PrEP, lenacapavir, porque tenemos un producto aprobado por la FDA”, expresó Meg Doherty, directora del Departamento de VIH, Hepatitis e ITS de la OMS, en diálogo con Fundación Huésped.

Eficacia y accesibilidad

Las nuevas directrices de la OMS buscan, además de un avance clínico, plantear un cambio estructural: acercar la prevención a las personas, eliminar obstáculos y simplificar procesos. Para ello, la OMS también recomienda el uso de pruebas rápidas comunitarias, de modo que medicamentos como el lenacapavir o el cabotegravir puedan ser administrados fuera del sistema hospitalario, en farmacias, clínicas móviles o a través de telesalud.

La implementación, sin embargo, enfrenta barreras económicas y logísticas. Aunque la OMS alienta a los países y donantes a incorporar de forma urgente el nuevo fármaco, las dudas sobre la financiación, la capacidad operativa y la sostenibilidad de los programas están sobre la mesa.

“El Fondo Mundial y Gilead han alcanzado un acuerdo para que 2 millones de dosis estén disponibles a principios de 2026. Al menos nueve países formarán parte del lanzamiento inicial, y muchos otros ya están trabajando para asegurar el acceso a la PrEP y, en particular, a lenacapavir”, dijo Doherty. 

Monopolios y patentes

Para Lorena Di Giano, abogada especializada en acceso a medicamentos y directora ejecutiva de la Fundación GEP, el potencial de lenacapavir es innegable. Pero también lo es el principal obstáculo que enfrenta su implementación: el precio y las barreras que impone el sistema de patentes farmacéuticas.

“Lenacapavir ha demostrado ser una droga muy promisoria que facilita la adherencia, sobre todo para las poblaciones que enfrentan barreras sociales, estigma o falta de acceso a los servicios de salud”, explicó Di Giano en diálogo con Comunicar Salud.

Sin embargo, su efectividad se ve condicionada por un precio inaccesible: “Lo primero que hay que decir es que se trata de una droga sumamente cara: salió al mercado a un precio de 40.000 dólares por persona al año, lo que hace inviable su incorporación en políticas públicas, incluso en países de ingresos medios como Argentina”. Di Giano enfatiza que “el precio es una de las principales barreras, tanto a nivel global como en nuestro país”, y remarca que ese valor no tiene relación con los costos reales de producción ni con la inversión en investigación, sino que responde “a una lógica comercial sustentada en un sistema de patentes diseñado para garantizar monopolios”.

“Gilead puede fijar ese precio porque controla la exclusividad sobre el medicamento en gran parte del mundo. Estos monopolios se logran mediante el sistema de patentes farmacéuticas, protegido por los tratados de la Organización Mundial del Comercio. Durante 20 años, nadie más puede producir ni importar lo que está patentado, lo que impide el ingreso de genéricos y mantiene los precios artificialmente altos”, advierte. “El impacto es devastador para los sistemas de salud y para las personas que necesitan estos tratamientos”.

“Estamos ante un conflicto entre el derecho a la salud y el derecho comercial de las farmacéuticas a lucrar con el conocimiento, incluso cuando se trata de una enfermedad como el VIH”, sintetiza.

En Argentina, la Fundación GEP lleva adelante un trabajo sostenido para impedir que Gilead imponga su monopolio. En 2020 comenzó a hacer vigilancia sobre las solicitudes de patente de lenacapavir en el país y presentó oposiciones fundamentadas con argumentos técnicos y legales. Como resultado, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) ya rechazó dos solicitudes de patente, una fue abandonada, y otras dos siguen en evaluación.

“Hoy podemos decir que en Argentina no hay ninguna patente otorgada para lenacapavir. Esto abre una ventana importantísima para garantizar el acceso, ya sea mediante producción pública o privada, o bien a través de importación de genéricos desde India, donde ya se está produciendo”, explicó Di Giano. Sin embargo, advirtió que el contexto político actual amenaza esa posibilidad.

“Hay capacidad en el sector privado argentino para producir tecnologías médicas, y también podría hacerlo el sector público. El problema no es técnico, es político”, sentenció. Y agregó: “El desafío es mantener la soberanía regulatoria de Argentina frente a las presiones internacionales para aceptar las patentes”.

Para Di Giano, se necesita una política de Estado que garantice el acceso a lenacapavir más allá del mercado: “Necesitamos una decisión política clara para garantizar que lenacapavir pueda estar disponible para quien lo necesite, y no solo para quien pueda pagarlo”.

A nivel internacional, organizaciones y redes de la sociedad civil ya impulsan campañas para exigir a Gilead que incluya a más países en sus acuerdos de licencia. Hasta ahora, la empresa solo anunció que lenacapavir estará disponible a través del Fondo Mundial en 2026 y para un número limitado de países. “Eso es totalmente insuficiente frente a la urgencia de la epidemia”, sostuvo Di Giano, y destacó que “toda la discusión hoy gira en torno al precio”.

Como antecedente de una estrategia posible, recordó el caso del sofosbuvir, un medicamento que cura la hepatitis C: “En 2014 su precio inicial era de 84.000 dólares. Tras el rechazo de patentes en Argentina, el Estado pudo comprarlo a 350 dólares por tratamiento. Fue una revolución, y creemos que el caso de lenacapavir podría resolverse del mismo modo”, concluyó.

Negocios vs. derechos

También consultado por Comunicar Salud, Miguel Pedrola, director científico de AHF para Latinoamérica y el Caribe, advirtió sobre las barreras de acceso que impiden aprovechar el potencial de lenacapavir en la prevención del VIH. “Es muy esperanzador tener medicamentos como este, que con una inyección cada seis meses podés prevenir la infección por VIH. Pero el problema es que el costo ronda los 40 mil dólares, mientras que el de producción está en unos 100 dólares. Eso muestra claramente la visión del laboratorio Gilead, que ve el medicamento como un negocio y no como un derecho a la salud.”

“Es prácticamente imposible utilizar lenacapavir en la mayoría de los países de Latinoamérica, donde Gilead no plantea una disminución del precio ni la apertura de las patentes”, agregó. Y señaló: “Como es único, están utilizando eso para ganar dinero”.

Pedrola propuso “discutir primero las patentes y después los costos” y sostuvo que la región debería contar con “una institución similar al CDC de Estados Unidos o África, que se ocupe de desburocratizar muchas de las cosas que hoy quedan en manos de la OMS o la OPS”.

Sobre el desarrollo científico, destacó que “se está abriendo un nuevo mundo tecnológico”, con nanomoléculas subcutáneas que podrían administrarse en forma anual. Pero advirtió: “Lo concreto es que ya existe una alternativa, y tampoco la tenemos”.

Y concluyó: “Te muestran que existe la alternativa, pero por tu poder adquisitivo no va a llegar nunca. No podemos dejar solo en manos de las farmacéuticas decisiones que son temas de salud pública”.