Más de 17 millones de argentinos consumen agua con arsénico

Una investigación liderada por la Universidad Nacional de Rosario (UNR) alertó sobre la magnitud de la exposición al arsénico a través del agua en Argentina. Según el nuevo relevamiento, más de 17 millones de personas estarían consumiendo agua con niveles de arsénico superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), una cifra que cuadruplica estimaciones previas.

El trabajo fue realizado por los investigadores Leandro Duarte, Laura De Gracia, Sergio Montico y Alejandro Oliva, en el marco de la Red Interuniversitaria en Ambiente y Salud de la Región Centro. Tras un riguroso proceso de revisión, la revista científica Water and Health aceptó su publicación, aportando un nuevo mapa de riesgo sanitario a nivel nacional.

El arsénico en el agua potable no es una problemática reciente: en Argentina, el hidroarsenicismo crónico regional endémico (HACRE) se conoce desde hace más de un siglo. Inicialmente identificado por sus efectos en la piel, hoy se lo asocia con enfermedades graves como diversos tipos de cáncer, malformaciones congénitas y afecciones neurológicas como Alzheimer. «Hay una relación directa: los departamentos que están más expuestos tienen mayores tasas de mortalidad por estas enfermedades», advierte Oliva.

El nuevo mapa se elaboró a partir del análisis de datos de 12 provincias que contaban con información representativa. Para ser consideradas, las muestras debían incluir al menos el 30% de la población del área, evaluar los niveles de arsénico en aguas de consumo y ajustarse a los parámetros de la OMS (máximo de 10 microgramos por litro). De este modo, se abarcó el 70% de la población nacional.

Entre las zonas más comprometidas, se destacan el oeste de Santa Fe y el sudeste de Córdoba. En Santa Fe y Buenos Aires, más del 60% de los habitantes estarían expuestos a niveles peligrosos. En Córdoba, la proporción es menor debido a que algunas regiones acceden a fuentes de agua de manantial.

En el 90% de los casos, la presencia de arsénico tiene origen geológico: se libera naturalmente por la erosión de las rocas en los acuíferos. No obstante, ciertas actividades industriales también pueden contribuir a su presencia, como la minería, el uso de pesticidas o la preservación de maderas.

La OMS recomienda un límite de 10 µg/L de arsénico en el agua potable. Sin embargo, en Argentina el Código Alimentario establece un umbral más alto, de 50 µg/L. La evidencia científica señala que incluso entre estos dos valores persiste un riesgo significativo para la salud.

Originalmente, el país había adherido al estándar internacional, pero muchas comunas señalaron dificultades para sostener sistemas de filtrado como la ósmosis inversa, debido a su elevado costo energético y al problema del manejo del arsénico extraído. Hoy, existen métodos más accesibles y menos costosos para remover el contaminante. Algunas localidades santafesinas, por ejemplo, implementaron redes paralelas: una con agua segura para consumo y otra para usos domésticos.

En Rosario, el agua proviene del río Paraná y no presenta niveles de arsénico, lo que resalta la importancia estratégica de los acueductos y de políticas de acceso equitativo a agua segura.

Investigaciones en curso
La Red Interuniversitaria en Ambiente y Salud de la Región Centro, integrada por seis universidades públicas, avanza también en otras líneas de investigación con fuerte impacto sanitario. Una de ellas analiza la relación entre el cáncer infantil y factores ambientales como la exposición al arsénico y la expansión agrícola. La región centro muestra las tasas más altas de mortalidad infantil por cáncer del país.

Otra línea se focaliza en el vínculo entre enfermedades neurodegenerativas, como Alzheimer y Parkinson, factores ambientales, condiciones socioeconómicas y características demográficas. Ambas investigaciones buscan comprender cómo el entorno y las desigualdades sociales condicionan la salud poblacional.
Los investigadores insisten en que esta exposición masiva al arsénico es una problemática prevenible. La clave está en mejorar los sistemas de control, aplicar tecnologías adecuadas para la remoción del contaminante y garantizar políticas públicas que prioricen el derecho al agua segura.

«Estamos ante una amenaza silenciosa y persistente. Actuar a tiempo puede evitar miles de enfermedades y muertes evitables», concluyen.