​​​​​​​Salud mental en riesgo

Un relevamiento federal presentado en el Congreso de la Nación por 16 provincias el pasado 5 de agosto, visibilizó el agravamiento sostenido de la crisis en salud mental en todo el país. El informe, resultado de un encuentro entre autoridades sanitarias provinciales, universidades nacionales, sociedades científicas, asociaciones profesionales, colectivos de usuarios y legisladores, expone una radiografía que revela aumentos en las internaciones, las consultas ambulatorias y los padecimientos entre niñas, niños y adolescentes, en un contexto de creciente demanda al sistema público y un corrimiento del rol del Estado nacional.

La actividad, realizada en la Cámara de Diputados, contó con participación de representantes de Buenos Aires, Córdoba, Misiones, Formosa, La Pampa, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Río Negro. La presencia de actores de diversas jurisdicciones puso en común una preocupación transversal: la saturación del sistema público, sobrecargado por el deterioro del sector privado y la pérdida de cobertura de obras sociales y prepagas, empujaron a más de 200.000 personas a abandonar la medicina prepaga.

En paralelo, obras sociales como PAMI redujeron su cobertura de medicamentos del 100 % a valores que oscilan entre el 40 % y el 80 %, lo que impactó en una caída de entre el 11 % y el 23 % en la venta de psicofármacos como Quetiapina, Alprazolam y Escitalopram, según datos del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. La combinación de inflación, pérdida de ingresos y recorte de prestaciones contribuye al abandono de tratamientos, especialmente en salud mental.

Datos que alarman

Entre 2023 y 2025, en la provincia de Buenos Aires las consultas ambulatorias en salud mental aumentaron un 134 %, mientras que las internaciones crecieron un 77 %. En el primer semestre de 2025 ya se registraron 1.829 internaciones de menores de 18 años, cifra que duplica la registrada en 2019. Además, 44 hospitales públicos bonaerenses informaron un incremento promedio del 12 % en las consultas por guardia, con picos del 64,5 % en la Región Sanitaria III.

La demanda crece entre personas sin cobertura y entre quienes tienen obra social o prepaga, lo que refuerza la centralidad del sistema público como sostén frente a un sistema privado debilitado. Las provincias alertan que el aumento responde a causas estructurales: desempleo, pobreza, violencia, falta de vivienda, debilitamiento de redes comunitarias, y crecimiento de la población en situación de calle.

El informe también detalla un agravamiento clínico de los casos que ingresan a internación: aumento de consumos problemáticos en personas jóvenes y con alta vulnerabilidad psíquica, así como mayores dificultades para otorgar el alta por falta de redes de contención y dispositivos comunitarios. Entre niñas, niños y adolescentes, crecen las autolesiones, los intentos de suicidio, los ingresos al sistema penal juvenil y las situaciones de violencia.

Santiago Levin, presidente de la Asociación de Psiquiatras de América Latina (APAL), destacó la interseccionalidad del trabajo de relevamiento y sostuvo que “el informe es doloroso, es tremendamente preocupante. Me parece un enorme acierto en épocas de vacas flacas, en épocas de violencia política, discursiva y también material, que esta ruptura del silencio colectivo sea hecha en la casa de los representantes del pueblo". 

Durante el encuentro se subrayó el retroceso de políticas nacionales estratégicas. Entre ellas, la reducción del programa REMEDIAR Salud Mental -con un recorte de hasta el 75 % en algunas jurisdicciones-, la interrupción de la entrega de medicamentos por parte de la DADSE (Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales), el cierre progresivo del Hospital Nacional Bonaparte (con una pérdida del 40 % del personal y recorte del 25 % del presupuesto), y la paralización de obras públicas clave en el área.

A esto se suma la discontinuidad de programas como el Consejo Federal de Salud Mental (COFESAMA), la Comisión Interministerial de Salud Mental y Consumos Problemáticos (COPRISMA), y la reducción de políticas de discapacidad, incluyendo revisiones compulsivas de pensiones sin acompañamiento.

Esfuerzos provinciales

Pese al contexto adverso, las provincias vienen implementando políticas para sostener la atención en salud mental. Entre 2019 y 2025, se incorporaron 2.445 nuevos trabajadores y trabajadoras a los equipos especializados (un aumento del 37,5 %), se incrementó un 68,9 % la capacidad de camas de internación en hospitales generales, y se construyeron 37 nuevos centros de salud mental y 3 unidades residenciales específicas para consumos problemáticos.

También se ampliaron dispositivos comunitarios: 53 nuevas casas de externación y acompañamiento a la vida en comunidad, y más de 200 viviendas en alquiler con apoyo profesional. En el área de niñez y adolescencia se desarrollaron programas integrales de prevención de suicidio, ludopatía, consumos tecnológicos y fortalecimiento de redes escolares y comunitarias.

Uno de los datos que ilustran la expansión de la respuesta pública es el crecimiento del Programa de Uso Racional de Psicofármacos (PURPsi), que pasó de 1.000 a 14.000 usuarias y usuarios entre 2019 y 2025, solo en la provincia de Buenos Aires.

El documento presentado en el Congreso concluye con una advertencia: si no se revierte el proceso de desfinanciamiento y retirada del Estado nacional, las consecuencias en salud mental serán cada vez más graves, especialmente entre los sectores más vulnerables. 

El trabajo plantea como urgente la necesidad de sostener y fortalecer políticas intersectoriales, federales y comunitarias, que garanticen el derecho a la salud mental como parte del derecho a una vida digna.