Mitos y barreras: hacia una anticoncepción más equitativa en la región

En América Latina y el Caribe, garantizar el derecho a decidir sobre la propia salud sexual y reproductiva sigue siendo un desafío marcado por desigualdades sociales, culturales e institucionales. Aunque en las últimas décadas se registraron avances significativos, la región continúa presentando altas tasas de embarazo adolescente, dificultades de acceso a métodos anticonceptivos modernos y resistencias culturales que afectan el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.

Con este panorama, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), a través de su Oficina Regional para América Latina y el Caribe (LACRO), puso en marcha la Iniciativa de Escalamiento de Métodos Anticonceptivos Reversibles de Larga Duración (LARC). El proyecto abarca actualmente 16 países de la región y tiene un objetivo concreto: aumentar la disponibilidad y el uso de métodos anticonceptivos de larga duración, con especial énfasis en el dispositivo intrauterino (DIU) de cobre, garantizando que toda persona con capacidad de gestar pueda acceder a una opción segura, eficaz y en el marco de la libre elección informada.

La información se desprende de la sistematización de la iniciativa, un estudio realizado por las consultoras Alejandra Sánchez Cabezas, Bárbara Cortés y Cecilia Zerbo para UNFPA LACRO, publicado en agosto de 2024.

«La promoción de los derechos sexuales y reproductivos y el acceso equitativo a métodos anticonceptivos reversibles de larga duración representan desafíos cruciales para el bienestar y la salud pública en América Latina y el Caribe», señalan las autoras en el documento.

Redes de cuidado

La iniciativa combinó acciones a nivel político, institucional, social y técnico. En el terreno, se priorizó la formación de profesionales de la salud en consejería, inserción y retiro de LARC, tanto en servicios ambulatorios como en maternidades. Además, se organizaron capacitaciones virtuales y presenciales, con apoyo de universidades y organizaciones de la sociedad civil, y se incorporaron simuladores anatómicos que permitieron entrenar en un entorno seguro antes de la práctica clínica.

Otro componente central fue la distribución de insumos: desde instrumental para la colocación y extracción de DIU e implantes, hasta camillas ginecológicas y ecógrafos en algunos países. «Recibir este tipo de insumos no solo garantiza la implementación de las prácticas, también aumenta la motivación del personal de salud», destacaron varios referentes nacionales durante el proceso de entrevistas que nutrió la sistematización.

La estrategia también puso énfasis en la anticoncepción inmediata posevento obstétrico, es decir, la oferta de métodos anticonceptivos seguros luego de partos, cesáreas o abortos. Esta práctica, respaldada por la evidencia científica, es considerada una «oportunidad de oro» para garantizar el acceso a LARC, especialmente en contextos de limitación de recursos.

Problemáticas y resistencias

El informe reconoce que, pese a los avances, persisten importantes obstáculos estructurales. Entre ellos se destacan la escasa disponibilidad de personal capacitado, la desigualdad en la distribución de insumos y servicios entre países y territorios, y la fragmentación de los sistemas de información y de referencia y contrarreferencia, que impiden garantizar una continuidad de cuidados.

A esto se suman las barreras socioculturales y los prejuicios en torno al uso del DIU en adolescentes y jóvenes, que dificultan su oferta en la práctica clínica. «Si bien los LARC son altamente efectivos y seguros, el acceso de las adolescentes a estos métodos es limitado en la región debido a barreras estructurales y percepciones erróneas sobre su idoneidad para esta población», detalla la sistematización.

Conclusiones y aprendizajes

El estudio realizado por Sánchez Cabezas, Cortés y Zerbo demostró que es posible fortalecer la oferta y visibilidad de los LARC mediante una combinación de formación técnica, provisión de insumos, compromiso político y generación de consenso social. También mostró que los procesos regionales permiten intercambiar experiencias y buenas prácticas entre países, adaptándolas a cada contexto.

«El análisis de las principales reformas en salud de Latinoamérica muestra que aquellas que no cuentan con consenso social o que no armonizan con los valores culturales locales no pueden sostenerse en el tiempo», advierten las autoras, subrayando la importancia de involucrar a comunidades, equipos de salud y autoridades en la construcción de nuevas prácticas.

Recomendaciones para el futuro

Entre las principales recomendaciones del informe se destacan:

-Fortalecer el compromiso político y presupuestario de los Estados para asegurar la sostenibilidad de la estrategia.

-Mejorar los sistemas de gestión e información, incluyendo circuitos de referencia y contrarreferencia más sólidos.

-Ampliar la capacitación de los equipos de salud en consejería y en técnicas de colocación y retiro de LARC.

-Desarrollar campañas de comunicación social para derribar mitos y fomentar la aceptación de los métodos, en especial entre adolescentes y jóvenes.

-Priorizar el acceso equitativo para poblaciones en situación de vulnerabilidad.

-Consolidar el principio rector de elección libre e informada, sin discriminación por edad, género o condición social.

En palabras de las autoras, «es imprescindible garantizar el derecho a una elección libre e informada, extendida a todas las edades y grupos demográficos, libre de discriminación».

Una agenda pendiente

Con más de tres años de implementación, la iniciativa regional del UNFPA se ha convertido en un referente en políticas de salud sexual y reproductiva en América Latina y el Caribe. Los hallazgos muestran que ampliar el acceso a los LARC no solo impacta en la reducción de embarazos no planificados, sino que también contribuye al empoderamiento de mujeres y adolescentes, la equidad de género y la justicia social.

Sin embargo, la sostenibilidad de los logros alcanzados dependerá de que los gobiernos nacionales incorporen estas prácticas en sus políticas públicas y presupuestos, y de que la sociedad en su conjunto supere prejuicios que aún limitan derechos.

La sistematización elaborada por Sánchez Cabezas, Cortés y Zerbo deja en claro que el desafío sigue abierto, pero también que existen caminos probados y efectivos para avanzar hacia un acceso más justo y equitativo a la anticoncepción en toda la región.