Esclerosis Múltiple: la prescripción de fármacos en Estados Unidos bajo la lupa

La investigación analizó la relación entre los pagos de la industria farmacéutica y la prescripción de medicamentos para la esclerosis múltiple (EM), cruzando dos fuentes oficiales: los registros de Medicare Parte D y el programa federal Open Payments.

El estudio incluyó a 7.401 neurólogos que atendieron pacientes con EM entre 2015 y 2019. En ese lapso, casi el 80 % recibió algún tipo de compensación económica por parte de la industria farmacéutica, por un total de 163,6 millones de dólares. Sin embargo, más del 95 % de ese dinero se concentró en apenas el 10 % de los profesionales.

Un mercado multimillonario

La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica y progresiva que requiere tratamiento de por vida. Los medicamentos inmunomoduladores utilizados en EE. UU. tienen un costo anual de entre 57.000 y 93.000 dólares por paciente, y representan el mayor gasto en fármacos neurológicos dentro de Medicare.

En este contexto, pocas compañías concentran el negocio. La competencia no se limita a la innovación científica: también se libra en el terreno del marketing, donde las estrategias de captación de médicos y los beneficios económicos resultan determinantes: tres de estas empresas pagaron más de 1.500 millones de dólares en acuerdos extrajudiciales con el Departamento de Justicia estadounidense, tras ser acusadas de realizar pagos indebidos para influir en recetas.

El hallazgo central -que el dinero recibido se traduce en más prescripciones de los productos de la empresa que lo otorga- plantea, según el estudio, un problema ético que involucra a  la relación médico-paciente, basada en la confianza de que las decisiones clínicas están guiadas por la mejor evidencia científica, y que esa confianza se erosiona cuando intervienen incentivos económicos.

El impacto también es económico cuando se favorecen fármacos de marca más caros pese a existir alternativas menos costosas y de eficacia comparable y cuando los sistemas de salud absorben un gasto innecesario que restringe recursos disponibles para otros pacientes o para ampliar coberturas.

El trabajo advierte sobre la necesidad de reforzar mecanismos de transparencia y regulación, como registros públicos de pagos y conflictos de interés, y agencias de evaluación independientes que definan con criterios científicos qué tratamientos deben financiar los sistemas de salud.

Para acceder al informe: https://n9.cl/d7sdz