Residencias médicas: la disolución del Examen Único y una encrucijada para la formación de especialistas

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó que a partir de 2026 dejará de aplicarse el Examen Único (EU) de ingreso a residencias para profesionales de la salud. La medida, anunciada por el ministro Mario Lugones, implica que cada provincia organizará y evaluará sus propios concursos, con financiamiento local.

«Cada provincia tiene que saber y decidir qué profesionales necesita formar. Esto permitirá procesos más transparentes y adaptados a cada sistema de salud, respondiendo a sus particularidades epidemiológicas, geográficas y sanitarias», señaló Lugones a través de un comunicado oficial.

El Examen Único había sido implementado en 2011 con el objetivo de unificar criterios de evaluación y coordinar la planificación de recursos humanos en salud. El dispositivo consistía en una prueba de 100 preguntas de opción múltiple para disciplinas como medicina, enfermería y bioquímica, elaborada en conjunto por jurisdicciones, universidades y establecimientos de salud. Además de estandarizar criterios, generaba información para la toma de decisiones en políticas de formación y distribución de especialistas.

La decisión de desmantelar este esquema fue cuestionada por referentes en la materia. En un comunicado conjunto, el sociólogo Martín Recanatti, el médico clínico y especialista en gestión pública Emiliano López y el médico especialista en salud pública Claudio Ortiz advirtieron que el fin del EU representa «un retroceso en términos de equidad y planificación federal».

«Para los futuros egresados de las carreras de la salud, el fin del EU significa rendir numerosos exámenes, realizar traslados innecesarios hacia diferentes jurisdicciones para rendir, y verse sometidos a condiciones heterogéneas (discrecionales) de estudio y evaluación», explicaron.

Los especialistas señalaron también que, para el sistema sanitario, «representa multiplicar y superponer esfuerzos, recursos, logística y financiamiento. También implica la pérdida de la posibilidad de contar con datos para la toma de decisiones».

En su análisis, sintetizaron que «con esta medida, el Estado abandona definitivamente su rol rector en la planificación y gestión del recurso humano en salud y entrega al mercado, y a las desigualdades estructurales del país, el futuro de lo más preciado que tiene el sistema de salud argentino: su fuerza de trabajo».

Posicionamiento del Grupo PAIS

El Grupo PAIS -Pacto Argentino por la Inclusión en Salud- difundió un documento en el que advierte que la provincialización del examen puede profundizar inequidades existentes y debilitar la capacidad del Estado nacional de orientar la política de recursos humanos en salud.

El texto subraya que el sistema argentino ya se caracteriza por su diversificación (coexistencia de sectores público, privado y de la seguridad social), su fragmentación (más de 300 financiadores y múltiples subsistemas de formación y contratación) y sus fuertes desigualdades interprovinciales en infraestructura, capacidad docente y disponibilidad de especialistas.

«El recurso humano es el principal activo del sistema de salud y su formación debe responder a criterios nacionales de calidad, equidad y planificación estratégica», señala el documento.

Entre los riesgos de la medida, el Grupo PAIS enumera:

-Disparidad en la calidad de los procesos de selección: provincias con menor capacidad institucional podrían organizar exámenes con estándares más bajos, afectando la formación.
-Fragmentación de criterios de evaluación: la multiplicidad de exámenes impedirá contar con una vara común para medir competencias.
-Inequidad en el acceso a residencias: en provincias con menor oferta formativa, los profesionales tendrán menos oportunidades, consolidando un círculo de desigualdad.
-Frente a este escenario la organización, conformada por profesionales de la salud de todos los ámbitos, plantea que la discusión no debe reducirse a la dicotomía entre un examen nacional único o múltiples exámenes provinciales y propone un modelo federal integrado, con un examen común de base nacional y componentes provinciales complementarios que contemplen particularidades locales.

Además, plantea la necesidad de:

-Establecer estándares mínimos de calidad y acreditación de sedes formadoras.
-Crear instrumentos de compensación federal para fortalecer a las provincias con menor capacidad docente.
-Diseñar un sistema de información nacional sobre vacantes, especialidades críticas y distribución de residentes, que sirva como insumo estratégico para la planificación.

«La vuelta a los exámenes provinciales desarma un mecanismo de homogeneización que, con sus limitaciones, permitió mayor transparencia y movilidad», advierten desde el Grupo PAIS y concluyen que «provincializar el examen sin una estrategia de coordinación nacional puede agravar la desigualdad y fragmentación del sistema sanitario argentino. La política de recursos humanos en salud no puede ser meramente administrativa: requiere una visión de planificación federal que contemple las necesidades del país en su conjunto».