«El federalismo no puede justificar la inequidad en el acceso a la salud»

El encuentro “Obras Sociales: Desafíos persistentes y retos emergentes”, organizado por la Asociación Argentina de Salud Pública, analizó el impacto de las recientes reformas normativas impulsadas por el gobierno argentino en el sistema de salud. El expositor, José Bustos, director regional del Cono Sur de la OISS -Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS)-, presentó un diagnóstico crítico que combina el repaso normativo con los problemas de financiamiento, sostenibilidad y equidad del sistema.

Desde la sanción del DNU 70/2023, las modificaciones legales alteraron el equilibrio entre obras sociales y empresas de medicina prepaga. Entre las medidas más polémicas se encuentra la eliminación de la obligatoriedad de autorización estatal para los aumentos de cuotas, que habilitó incrementos que ya derivaron en una ola de judicialización. Al mismo tiempo, las prepagas pasaron a tener la posibilidad de incorporarse como agentes del seguro de salud, con acceso directo a aportes y contribuciones. “Hay un favorecimiento a la actividad de las prepagas, no creo que sea el único objetivo, pero muchas de estas reformas claramente las benefician”, advirtió Bustos.

El especialista también cuestionó disposiciones que, a su juicio, demuestran desconocimiento del funcionamiento del sistema. Señaló, por ejemplo, la eliminación de la triangulación de servicios entre obras sociales y prepagas. “Había acuerdos donde una prepaga brindaba segundo y tercer nivel de atención, mientras que la obra social aportaba en discapacidad y primer nivel. Eso funcionaba. Con la reforma se generaron contratos absurdos e ineficientes. Es desconocer cómo funcionan determinadas cosas”, sostuvo.

En este marco, Bustos subrayó que la competencia entre obras sociales y prepagas se volvió cada vez más desigual, con un claro beneficio para las segundas y un impacto negativo en la equidad del acceso a la salud. “No creo que el fin sea mejorar el acceso a la salud, sino más bien favorecer a las prepagas y, en cierta medida, desmantelar el sistema de seguridad social”, remarcó. 

El problema golpea especialmente a las obras sociales sindicales más pequeñas, que no cuentan con capacidad financiera para sostener el Programa Médico Obligatorio frente al peso de prestaciones de alto costo. “Si tengo 1.200 afiliados y dos casos catastróficos, no hay forma de sostenerlo. En cambio, con 100.000 afiliados, el riesgo se distribuye mejor”, ilustró el especialista en seguridad social. 

En tanto, Bustos señaló que la crisis de financiamiento se profundiza por la caída del empleo, el congelamiento salarial y el aumento del costo de los medicamentos innovadores y de las prestaciones en discapacidad. A eso se suma la falta de transparencia en la gestión del Fondo Solidario de Redistribución y el papel de la Superintendencia de Servicios de Salud, cuestionada por concentrar decisiones sin gobernanza clara. “La situación económica o la actividad laboral no puede ser un argumento para tener una cobertura distinta de salud. Hay que ir a una cobertura universal en donde todo el mundo reciba lo mismo y después veremos cómo se financia”, planteó el expositor.

En su repaso, Bustos también se refirió a otros problemas estructurales, como la situación de los jubilados, que tienen serias dificultades para mantener su cobertura; la excesiva fragmentación del sistema, con gran cantidad de obras sociales pequeñas e inviables; la disparidad entre obras sociales sindicales y de dirección; el federalismo, que muchas veces se traduce en inequidades en el acceso; y la creciente judicialización de los reclamos.

Ante este panorama, planteó diez desafíos clave: la caída del empleo/ingresos (especialmente para autónomos), la disminución de la recaudación, la necesidad de revisar el financiamiento del sistema y de la discapacidad, los desafíos relacionados con los jubilados, el impacto del federalismo, la revisión de la cantidad de obras sociales, la creciente judicialización y la revisión del Programa Médico Obligatorio. También propuso avanzar hacia la unificación de la cobertura, actualizar periódicamente la canasta mínima de prestaciones y transparentar el manejo del Fondo Solidario de Redistribución. Finalmente, llamó a superar el enfoque centralizador de la Superintendencia de Servicios de Salud y a construir reformas con diálogo político y gobernanza clara.

“Lo que necesitamos es equilibrio entre equidad, financiamiento y sostenibilidad. El federalismo o la actividad laboral no pueden justificar inequidades en el acceso a la salud”, concluyó Bustos.