¿Salud para todos o sólo para quienes puedan pagarla?

La salud en Argentina atraviesa un momento decisivo. El sistema público está debilitado por los recortes presupuestarios, las obras sociales se ven golpeadas por resoluciones que las fragmentan y la medicina privada se enfrenta a costos que superan con creces la capacidad de pago de gran parte de la población. En ese contexto, cabe preguntarse, ¿la medicina privada será accesible para la mayoría de los argentinos o quedará restringida a quienes tengan ingresos muy altos?

Los cambios recientes impulsados por el gobierno han acelerado un proceso de concentración en el sector. De más de 600 empresas registradas en la Superintendencia de Salud, apenas 198 iniciaron trámites de adecuación y, de ellas, solo 47 fueron finalmente autorizadas para continuar operando en igualdad de condiciones con las obras sociales sindicales. Este escenario reduce la competencia y fortalece a unas pocas compañías con mayor volumen, mientras que deja en situación crítica a las más pequeñas y medianas, que no tienen cómo soportar los crecientes costos de tratamientos y medicamentos.

Lo que está en juego no es solamente la viabilidad de las empresas, sino la equidad en el acceso. Cuando las cuotas se actualizan, los salarios no acompañan en la misma medida. Los descartables, los medicamentos de alto costo y las patologías crónicas se convierten en verdaderos desafíos imposibles de cubrir para muchos afiliados. Aun con ajustes de tarifas, la realidad es que gran parte de la clase media ya no puede sostener una cobertura privada sin resignar otros aspectos esenciales de su vida cotidiana.

El resultado es un sistema en el que los más favorecidos pueden acceder a servicios de calidad, mientras que quienes no logran pagar quedan obligados a recurrir a hospitales públicos saturados. Esta dinámica no solo incrementa la desigualdad, sino que genera una presión insostenible sobre un sector público que ya opera al límite de sus capacidades. El riesgo es claro: un colapso silencioso que se manifiesta en listas de espera interminables, falta de insumos y profesionales desbordados.

En este marco, el rol del Estado es ineludible. La salud no puede regirse bajo la lógica pura de la oferta y la demanda. El paciente no discute precios con el médico ni elige entre distintas opciones al momento de una urgencia. Por eso, la intervención estatal debe garantizar reglas claras, regular el precio de los medicamentos, negociar con la industria farmacéutica y establecer protocolos que prioricen la sostenibilidad del sistema. Sin una rectoría fuerte, el mercado por sí solo expulsa a millones de argentinos.

Además, trasladar la responsabilidad a las provincias sin un marco nacional común resulta poco solidario y profundamente ineficaz. Los presupuestos locales no alcanzan para sostener la cobertura integral de salud, desde vacunas hasta patologías complejas. Si cada jurisdicción debe arreglárselas como pueda, se profundizarán aún más las desigualdades regionales. Habrá provincias con cierta capacidad de respuesta y otras donde los ciudadanos quedarán desprotegidos, dependiendo casi exclusivamente de un sistema público precario.

La discusión de fondo no debería centrarse únicamente en cuánto se puede pagar, sino en cómo garantizar que la salud siga siendo un derecho universal. Si la medicina privada se convierte en un privilegio, el sistema solidario se quiebra. En lugar de competir, lo público, lo privado y las obras sociales necesitan articular esfuerzos bajo una planificación común. Solo así podrá evitarse que los hospitales públicos colapsen y que las familias de ingresos medios y bajos se vean privadas de una atención digna.

La salud no puede depender del azar, del poder adquisitivo o de la provincia en la que uno viva. Se necesita un Estado que ordene, que articule y que garantice que la medicina privada no sea un lujo reservado para pocos, sino parte de un sistema mixto que amplíe derechos y asegure igualdad de acceso. De lo contrario, el futuro será un país dividido entre quienes pueden pagar para cuidar su salud y quienes deberán conformarse con sobrevivir en un sistema público desbordado.

(*)Presidente de Boreal Salud