

Sociedades médicas de Sudamérica firmaron un acuerdo histórico para impulsar políticas públicas y garantizar el acceso a tratamientos integrales. Según el Atlas de la Obesidad, en 2025 el 73 % de los adultos argentinos vivirá con sobrepeso u obesidad, lo que consolida a esta enfermedad como una de las mayores crisis de salud pública de la región.
La obesidad dejó hace tiempo de ser un problema individual para transformarse en una crisis colectiva. Según el World Obesity Atlas 2025, elaborado por la Federación Mundial de Obesidad, el 73 % de los adultos en Argentina vivirá con un índice de masa corporal (IMC) elevado este año y el 39 % padecerá obesidad. La proyección es aún más preocupante: para 2030, más de 26 millones de argentinos tendrán sobrepeso u obesidad, con el consiguiente aumento de enfermedades no transmisibles como diabetes tipo 2, afecciones cardiovasculares y algunos tipos de cáncer.
Seis de cada diez adultos en el país tienen exceso de peso, y más del 41 % de los niños y adolescentes entre 5 y 17 años atraviesan la misma situación, datos que impactan fuertemente en términos de salud pública: en 2021 se registraron 10.524 muertes prematuras asociadas a un IMC elevado y más de 380 mil personas con deterioro de la salud por enfermedades vinculadas al sobrepeso.
Acuerdo sin precedentes
Frente a esta realidad, las principales sociedades médicas de Sudamérica dieron un paso inédito durante el XXVIII Congreso Mundial de la Federación Internacional para la Cirugía de la Obesidad y Trastornos Metabólicos, realizado en Santiago de Chile, al firmar un Memorándum de Entendimiento que busca coordinar estrategias regionales para enfrentar la obesidad como la pandemia silenciosa que es.
La Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica (SCCBM), en calidad de anfitriona, convocó a la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad (SACO), la Sociedad Uruguaya de Cirugía Bariátrica y Metabólica (SUCBM), la Asociación Colombiana de Obesidad y Cirugía Bariátrica (ACOCIB) y la Sociedad Brasileña de Cirugía Bariátrica y Metabólica (SBCBM) para articular esfuerzos en prevención, políticas públicas y acceso a tratamientos.
«Debemos consolidar el reconocimiento de la obesidad como una enfermedad crónica y epidémica, no como un problema estético o de falta de voluntad», subrayó Juan Carlos Staltari, presidente de la SACO. «En Argentina, que aún no esté reconocida como tal en la legislación, genera enormes problemas de accesibilidad de los pacientes a los recursos necesarios, donde la cirugía cumple un rol preponderante por su eficacia».
Desde Chile, Matías Sepúlveda, presidente de la SCCBM, destacó la trascendencia del acuerdo: «Las sociedades bariátricas son multidisciplinarias y agrupan a la mayor cantidad de especialistas en el tratamiento de esta enfermedad. Es fundamental que nos pongamos de acuerdo para difundir la importancia de la prevención y el tratamiento integral».
Los datos regionales recogidos durante el encuentre revelan que en Uruguay, el 67,6 % de los adultos y el 42 % de los niños tienen exceso de peso. Y en Colombia, más de la mitad de la población adulta (56 %) presenta sobrepeso, con una fuerte asociación con hipertensión y diabetes. «Vemos adolescentes que apenas empiezan su vida y ya cargan con más de 100 kilos, muy enfermos», advirtió Luis Ernesto López, presidente de ACOCIB. «Como médicos, nuestra labor más importante no es solo tratar, sino prevenir».
El acuerdo regional busca, además, generar y difundir evidencia científica, instalar la obesidad como prioridad en las agendas públicas y fortalecer la colaboración con autoridades y sociedad civil.
Un desafío estructural
La obesidad avanza en el país como una epidemia sostenida en el tiempo. En 2010 había 810 mil hombres y 1,44 millones de mujeres con obesidad severa. Para 2030, se proyecta que esas cifras trepen a 2,61 millones y 3,64 millones, respectivamente.
El problema se ve agravado por los altos niveles de sedentarismo, cuando entre el 30 y el 40 % de los adultos no realiza suficiente actividad física. Además, persiste el consumo elevado de bebidas azucaradas, a pesar de los impuestos y guías alimentarias nacionales.
Aunque el país cuenta con políticas y estudios periódicos sobre nutrición y actividad física, los especialistas coinciden en que las medidas actuales son insuficientes y que requieren campañas sostenidas de concientización, mayor accesibilidad a alimentos saludables y promoción de la actividad física desde la infancia.
Los datos y las proyecciones confirman que la obesidad es una de las principales amenazas a la salud pública argentina y regional; y de no adoptar medidas integrales y coordinadas, los próximos años podrían consolidar un escenario crítico con consecuencias sanitarias, sociales y económicas, con sistemas de salud que no puedan dar respuestas suficientes.
Fármacos: ¿solución o nuevo desafío?
En paralelo al acuerdo regional, el debate sobre los tratamientos farmacológicos gana espacio en la agenda de salud. La semaglutida, agonista del receptor GLP-1 que actúa sobre el apetito y la regulación metabólica, se presenta como una revolución terapéutica, los ensayos clínicos reportan pérdidas de peso superiores al 15 % en un año y en Argentina ya está disponible una versión nacional, Dutide, con un precio hasta 80 % más bajo que las marcas importadas.
Sin embargo, especialistas advierten que el entusiasmo por estas drogas debe ser moderado. Por un lado, su eficacia se sostiene sólo mientras dura el tratamiento: al suspenderlo, el peso perdido tiende a recuperarse. Por otro, su uso masivo sin acompañamiento interdisciplinario y sin cambios sostenidos en la alimentación y la actividad física puede derivar en un nuevo problema de salud pública.
A esto se suma el riesgo de medicalizar la obesidad como única respuesta, desplazando la prevención, y la presión de un mercado multimillonario que puede favorecer el consumo indiscriminado, incluso en personas sin indicación clínica clara.
Los reportes de efectos adversos y los usos “off-label” en sectores jóvenes que buscan soluciones rápidas para bajar de peso encienden señales de alerta y obliga a replantear el modo en que los sistemas de salud abordan la obesidad: como una enfermedad crónica que exige políticas públicas, prevención comunitaria, acceso a tratamientos integrales y control riguroso del mercado farmacéutico.