Alerta por retroceso en el acceso a tratamientos de VIH, hepatitis, tuberculosis e ITS

Así lo advierte un informe reciente de la Fundación GEP, que califica la medida como un abandono estatal que pone en riesgo el acceso a tratamientos, insumos preventivos y diagnósticos para miles de personas.

De acuerdo con los datos analizados por GEP, la partida proyectada para el Programa 22 se traduce en una disminución del 38% en dólares entre 2024 y 2026: pasará de 70,7 millones a 43,6 millones. La caída es aún más significativa considerando que la mayoría de los insumos críticos -medicamentos, reactivos, preservativos- se compran en moneda extranjera a laboratorios internacionales.

En relación con el presupuesto ministerial total, la participación del Programa 22 se desploma del 4,8% en 2023 al 2% en 2026, lo que implica una reducción relativa superior al 58%.

Metas sanitarias en retroceso

El informe subraya que las metas proyectadas para 2026 no solo no acompañan la realidad epidemiológica, sino que resultan inferiores a los niveles ya alcanzados:

-VIH: se prevé asistir a 71.500 personas, cuando en 2024 ya había 79.170 en tratamiento.

-Tuberculosis: la meta es de 12.450 tratamientos, frente a 15.853 casos notificados en 2024.

-Hepatitis C: se planifican 789 tratamientos, casi 1.000 menos que el año anterior.

-Preservativos: la distribución proyectada baja de 38 millones en 2024 a 15,5 millones en 2026, en un contexto de crecimiento de la sífilis y otras ITS.

-Prevención: se eliminan las campañas educativas y no se contemplan insumos de profilaxis pre y post exposición (PrEP y PEP), lo que dejaría sin acceso a más de 11.000 personas.

Riesgos para la salud pública

La Fundación GEP advierte que este escenario incrementará la desatención sanitaria y profundizará inequidades en el acceso a derechos básicos de salud. Además, señala tres riesgos estructurales:

-Descentralización de compras: una propuesta que fragmenta la respuesta, encarece los costos y aumenta la desigualdad entre provincias.

-Desatención progresiva: se fijan metas por debajo de las necesidades reales, lo que implica un abandono explícito de quienes ya están en tratamiento.

-Efecto sobre el sistema público: el deterioro en prevención y atención incrementará la demanda hospitalaria y los costos futuros.

El trabajo advierte que el ajuste contradice la Ley Nacional 27.675, que garantiza la atención integral a personas con VIH, hepatitis, TBC e ITS, y vulnera el fallo Benghalensis de la Corte Suprema (2000), que reafirmó la responsabilidad indelegable del Estado en la provisión de tratamientos y estrategias de prevención.

“El presupuesto 2026 para el Programa 22 no representa un ahorro, sino un abandono”, concluye el informe y subraya que “el Estado decide no prevenir, no diagnosticar y no tratar, poniendo en riesgo la salud y la vida de miles de personas y vulnerando sus derechos”.

La organización exige la revisión urgente del presupuesto, la restitución de metas acordes a la realidad epidemiológica, la centralización de las compras y la reactivación de campañas de prevención y diagnóstico. “La salud pública no puede ser objeto de ajuste”, enfatiza GEP, que plantea que garantizar el acceso equitativo a medicamentos, insumos y tratamientos es una obligación legal, constitucional y de derechos humanos.