

La prestigiosa revista científica The Lancet publicó un artículo en el que señala a la provincia de Buenos Aires como referente en América Latina por sus reformas en políticas de salud mental, aun en un contexto nacional atravesado por recortes presupuestarios y crisis social y económica. El informe subraya el cierre de 18 de los 35 pabellones psiquiátricos de larga internación, con la reinserción social de muchas personas que habían permanecido institucionalizadas durante años. También destaca el crecimiento del 60 por ciento de las camas de salud mental en hospitales generales, el incremento del 553 por ciento en los subsidios de alta para quienes egresan de internaciones prolongadas y la incorporación de nuevos dispositivos comunitarios, como dieciséis Centros Comunitarios de Salud Mental y dos unidades residenciales para consumo problemático. A ello se suma la creación de una línea directa de crisis, el refuerzo de equipos interdisciplinarios en el territorio y la mejora del acceso a medicamentos esenciales.
El artículo aporta además datos que permiten dimensionar la magnitud del problema en el país. Entre abril de 2023 y abril de 2025 se registraron 15.807 intentos de suicidio, la mayoría en adolescentes de entre 15 y 19 años. En ese mismo lapso, los hospitales públicos bonaerenses atendieron 45.785 hospitalizaciones vinculadas a salud mental, lo que representa un 9 por ciento más que en 2023 y un 63 por ciento por encima de los valores de 2019. Para junio de 2025, más de la mitad de las camas de emergencia en hospitales provinciales estaban ocupadas por pacientes en crisis agudas de angustia, consumo problemático o intentos de suicidio. Según la autora del artículo, Alejandra Barcala, directora del Doctorado en Salud Mental Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús, las reformas impulsadas en la provincia constituyen una política transformadora que podría replicarse en otros territorios de la región.
El contraste con la situación nacional es marcado. El informe advierte que en el plano federal se produjeron cierres de servicios territoriales, despidos de profesionales, disminución de programas específicos -como ENIA y Médicos Comunitarios- y un ajuste en el presupuesto sanitario, con consecuencias negativas para la atención en salud mental en el conjunto del país.
Nuevos dispositivos en territorio
En paralelo a este reconocimiento internacional, este mes la provincia inauguró en Melchor Romero, La Plata, la Unidad Residencial “Hebe de Bonafini” junto con el Centro de Salud Mental y Consumos Problemáticos. Se trata del primer espacio residencial específico en la historia bonaerense destinado a adolescentes y jóvenes con problemáticas de salud mental y consumo. Ambos dispositivos se suman a la red provincial de más de 200 centros de base comunitaria y demandaron una inversión superior a 1.864 millones de pesos.
La Unidad Residencial brindará atención interdisciplinaria que contempla no solo el abordaje psicoterapéutico, sino también la continuidad educativa, la inclusión en dispositivos comunitarios y la participación del entorno familiar y afectivo de los jóvenes. El nuevo centro, por su parte, ofrecerá atención a personas adultas y a población infantojuvenil, con consultorios, salas de talleres, espacios grupales y áreas verdes. Según explicaron el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, y la subsecretaria de Salud Mental, Julieta Calmels, estos nuevos espacios constituyen un paso central en la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 y en el pasaje de un modelo de internación hacia uno de atención comunitaria.
Los avances registrados en la provincia trazan un horizonte alentador frente a la creciente demanda en salud mental, en especial entre adolescentes y jóvenes. La combinación entre reconocimiento internacional y expansión de infraestructura concreta coloca a Buenos Aires como referencia regional. Sin embargo, los desafíos persisten: sostener el financiamiento en un contexto de ajuste nacional, fortalecer los equipos profesionales con condiciones laborales adecuadas y consolidar la articulación intersectorial con áreas como educación, desarrollo social y justicia.