Salud mental en crisis: internaciones en alza y retrocesos en las políticas públicas

La salud mental en Argentina atraviesa un deterioro acelerado y así lo revela el informe “Crisis de salud mental en Argentina: retrocesos, desafíos y urgencias”, elaborado por Fundación Soberanía Sanitaria, que da cuenta que en los últimos años se observa un aumento sostenido de síntomas de ansiedad, depresión, consumo de sustancias, intentos de suicidio y descompensaciones de cuadros psicóticos. La pandemia de COVID-19, sumada al impacto del ajuste económico y social, contribuyó a profundizar esta problemática.

El trabajo describe que el sistema público de salud enfrenta una sobrecarga creciente por la complejidad de los casos y la derivación de pacientes desde el sector privado, que impone barreras económicas y demoras de meses para obtener turnos. En paralelo, se registra un aumento de internaciones por motivos de salud mental, con especial incidencia entre jóvenes.

Cinco claves para comprender la crisis

1. Una demanda en aumento

En mayo de 2025, 11 provincias reportaron incrementos en la demanda de atención en hospitales y centros de salud. Solo en la provincia de Buenos Aires, las internaciones pasaron de 28.451 en 2019 a 45.785 en 2024. El crecimiento fue aún más marcado en la niñez y adolescencia, que pasó de representar el 9% al 13% del total de internaciones en apenas un año.

El consumo de psicofármacos también muestra un ascenso sostenido. Un informe de la SEDRONAR indica que el uso de tranquilizantes, en particular clonazepam y alprazolam, creció en población urbana entre 16 y 75 años. El 60% de las prescripciones correspondió a clonazepam. El fenómeno afecta con mayor intensidad a mujeres, que suelen recurrir a estas drogas para aliviar padecimientos cotidianos.

Según la UCA, en 2023 uno de cada cuatro argentinos manifestó síntomas de malestar psicológico, mientras que la Asociación Psiquiátrica Americana reportó un aumento global de la ansiedad, con el 43% de los adultos en 2024 señalando sentirse más ansiosos que el año anterior.

2. Desfinanciamiento del sistema público

El sistema de salud argentino, ya fragmentado y con recursos limitados, sufrió un recorte significativo en los últimos dos años. En 2024 la coparticipación cayó 10% en términos reales y las transferencias no automáticas se redujeron más de un 78% en relación a 2023. Dado que provincias y municipios sostienen el 98% del sistema público, el impacto fue inmediato.

3. Pérdida de cobertura privada

El informe Salud en agonía del CELS estimó que unas 200.000 personas debieron renunciar a su medicina prepaga en 2024, tras la liberalización de precios establecida por el DNU 70/2023. El traspaso de afiliados al sistema público profundizó la presión sobre un esquema ya debilitado.

4. Aumento de precios y caída de acceso a medicamentos

La reducción en la cobertura de psicofármacos por parte del PAMI y el encarecimiento generalizado de los medicamentos generaron una barrera crítica para los adultos mayores. El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires reportó una caída del 11% en la dispensa de fármacos para salud mental. Los descensos fueron más marcados en drogas clave como pregabalina (-23%), escitalopram (-15%) y quetiapina (-13%).

5. Retrocesos en políticas públicas

El despido del 40% del personal del Hospital Nacional en Red “Lic. Laura Bonaparte”, la eliminación de las Residencias Interdisciplinarias en Salud Mental y el recorte del Programa Remediar -incluida la suspensión de la provisión de psicofármacos- representan un retroceso en la red pública. También quedaron paralizados proyectos estratégicos como centros de día, casas de externación y “Casas Joven” de la SEDRONAR.

Un escenario de urgencia

La crisis de salud mental en Argentina pone de manifiesto una urgencia sanitaria y social. La combinación de mayor demanda, menor cobertura y desfinanciamiento genera un círculo regresivo que impacta con fuerza en los sectores más vulnerables.

En este contexto, se reabrió el debate legislativo sobre la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657. Sin embargo, desde Soberanía Sanitaria apunta que los proyectos en discusión no abordan los problemas estructurales del sistema -como la falta de financiamiento, de redes de atención integradas y de recursos humanos- y podrían implicar retrocesos en términos de derechos y accesibilidad.

Los especialistas coinciden en que revertir este escenario requiere medidas urgentes: garantizar el financiamiento, fortalecer la red pública, ampliar la formación profesional y promover un debate democrático y participativo, con una política integral, sostenida y con compromiso intersectorial para dar respuesta a esta problemática compleja y crítica.