El Ministerio de Salud de la Nación dispuso que la vacuna contra la fiebre amarilla solo se aplique de forma gratuita en zonas definidas como de riesgo epidemiológico. La medida, presentada como una estrategia de “uso eficiente de los recursos públicos”, abre el debate sobre la equidad en el acceso a la prevención y las implicancias sanitarias de restringir la cobertura.
La fiebre amarilla, una enfermedad viral aguda y potencialmente mortal transmitida por mosquitos de los géneros Aedes y Haemagogus, no tiene tratamiento específico. La vacunación es su principal herramienta preventiva, recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) tanto para residentes en zonas endémicas como para quienes viajan hacia ellas. Limitar su acceso gratuito implica trasladar el costo de la prevención a una decisión individual.
Una enfermedad sin fronteras
El último informe de la Fundación Soberanía Sanitaria advierte que la fiebre amarilla continúa siendo una amenaza activa en América del Sur. Durante 2025, seis países notificaron 354 casos confirmados y 151 muertes, con una letalidad del 42%. Brasil, Colombia y Perú encabezan la lista. En este último país, los contagios casi se duplicaron respecto del año anterior, alcanzando el nivel más alto desde 2017.
A ello se suma la reciente aparición de epizootias -brotes en monos aulladores, que actúan como centinelas del virus- en Brasil y Colombia, lo que llevó a la OPS/OMS a mantener la clasificación de riesgo regional en nivel “alto”. Este contexto epidemiológico, señala el informe, “refuerza la necesidad de sostener estrategias de inmunización amplias y equitativas”.
Restricción y desigualdad
Hasta ahora, Argentina mantenía una política de vacunación gratuita tanto para quienes residen en zonas endémicas (Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Salta y Jujuy) como para viajeros hacia áreas de riesgo. Esa doble estrategia combinaba el criterio epidemiológico con el principio de accesibilidad universal.
La nueva resolución rompe ese equilibrio: fuera de las zonas priorizadas, las personas que necesiten vacunarse, ya sea por trabajo, estudio o viajes personales, deberán costearla de manera particular.
El informe de Soberanía Sanitaria plantea que “limitar la cobertura según criterios geográficos puede profundizar inequidades, ya que deja desprotegidas a personas que no residen en áreas endémicas pero requieren vacunarse”. La medida, advierte, convierte al precio en una barrera y erosiona la inmunidad colectiva, al reducir la proporción de población protegida.
Un precedente regional
Mientras Argentina restringe, países vecinos avanzan en sentido contrario. Brasil ofrece la vacuna de manera gratuita en todo su sistema público (SUS), tanto para residentes como para viajeros. Paraguay también garantiza su aplicación sin costo a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones. Ambas políticas reconocen la vacunación como una herramienta de salud pública, no como un bien individual.
Una alerta reiterada
Desde Comunicar Salud, ya habíamos advertido en abril de este año los riesgos de limitar el acceso a la vacuna contra la fiebre amarilla. En la nota «¿Qué impacto puede tener limitar la vacuna contra la fiebre amarilla?», señalamos que reducir la cobertura no solo expone a los viajeros, sino que también debilita la respuesta sanitaria frente a un eventual brote en un contexto de cambio climático y movilidad regional.
Como concluye la Fundación Soberanía Sanitaria, “la discusión no se reduce a la asignación de recursos: involucra el principio de justicia distributiva y la obligación del Estado de garantizar el derecho a la salud”.
En un país con antecedentes de brotes y alta conectividad regional, sostener la gratuidad de la vacuna es una inversión preventiva con impacto colectivo.