El alto costo, en clave federal: Nación y provincias refuerzan la articulación

En un contexto de innovación acelerada y creciente presión sobre el gasto público, la gestión del alto costo se consolida como uno de los principales desafíos del sistema de salud argentino, que enfrenta la difícil ecuación de equilibrar la rectoría nacional, la autonomía provincial y la sostenibilidad financiera, sin perder de vista el objetivo esencial: garantizar el acceso equitativo y oportuno a terapias y tratamientos.

Frente a esta coyuntura, las provincias vienen teniendo un papel cada vez más activo. Muchas aumentaron su presupuesto en salud, elaboraron vademécums propios y ensayaron modelos de compra conjunta o importaciones directas. Sin embargo, el financiamiento del alto costo continúa mayoritariamente bajo la órbita nacional, manteniendo al Estado central como eje articulador entre acceso y sostenibilidad.

Para la industria farmacéutica, el nuevo escenario supone adaptarse a negociaciones más concentradas y basadas en evidencia, con crecientes requerimientos de trazabilidad, eficiencia y sustentabilidad. En ese marco, la articulación entre Nación y provincias se vuelve clave para ordenar la información, fortalecer la capacidad de negociación y evitar inequidades.

MAPA: una brújula federal para la gestión de precios

Con ese objetivo, el Ministerio de Salud de la Nación y el Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (COSSPRA) avanzan en una herramienta denominada MAPA -Medicamentos de Alto Impacto Argentino-, una plataforma federal para la gestión informada de precios y compras públicas.

Representantes de las obras sociales provinciales participaron recientemente de una reunión convocada por Alejandro Sonis, director nacional de Economía de la Salud, quien presentó los avances del proyecto.

«Llamamos MAPA a esta herramienta que funciona como una brújula para la gestión informada de precios», explicó Sonis y agregó que «su objetivo es reducir las asimetrías de información entre la industria farmacéutica y los distintos financiadores, brindando evidencia concreta para la toma de decisiones en políticas de medicamentos y acceso equitativo a tratamientos de alto costo».

El proyecto comenzó como una prueba piloto con 23 principios activos priorizados según tres criterios: evaluación por la CONETEC, inclusión en amparos judiciales o presencia en los programas SUR. «Aquellos que cumplían al menos dos de esos tres criterios fueron incorporados al MAPA, alcanzando un total de 53 principios activos», detalló Sonis.

A partir de ese universo inicial, el equipo trabajó en dos líneas principales: el Precio Único de Adquisición (PUA) y los precios comerciales o de venta al público. Para ello, se recurrió a parámetros internacionales como la Dosis Diaria Definida (DDD) de la Organización Mundial de la Salud, expresada en pesos y dólares, lo que permite comparar precios entre países.

«En la fase piloto logramos reunir datos de 24 países con 27 bases públicas de información. Comparamos precios institucionales de Argentina, Chile, Brasil, México, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Guatemala, República Dominicana y Colombia, y avanzamos en precios comerciales de 26 países», indicó Sonis.

De prueba piloto a escala federal

Tras la validación institucional, el MAPA ingresó en una segunda fase que amplió el análisis a 49 principios activos y 161 presentaciones, incorporando datos de compras públicas de las provincias de Mendoza, Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe, además del PAMI y los fondos estratégicos y rotatorios de la OPS.

«Hoy contamos con 42 bases de datos y cargamos información desde 2019 hasta la actualidad», señaló el funcionario y añadió: «Trabajamos con fuentes públicas como el portal COMPRAR, el Banco de Precios de Brasil, el Cenabast de Chile y registros provinciales, lo que nos permite construir una herramienta comparativa sólida y transparente».

Entre los próximos desafíos, Sonis destacó la armonización de las fuentes de información y la automatización de la carga de datos: «Queremos fortalecer la participación de las jurisdicciones provinciales para que el MAPA sea una herramienta realmente federal. Nuestra intención es que los precios del Ministerio puedan compartirse públicamente, sin inconvenientes, y que las obras sociales provinciales se incorporen aportando su información de consumo y precios», subrayó.

El funcionario también anticipó que el Ministerio está comparando los resultados entre las compras directas a laboratorios y las realizadas a través de droguerías: «En muchos casos, comprar a través de una droguería puede implicar un costo entre 30 y 40% superior al de una compra directa. La idea es generar evidencia que oriente las decisiones de todas las jurisdicciones».

«Mejores caminos en el gasto»

El presidente de COSSPRA, Carlos Funes, valoró la iniciativa y la posibilidad de avanzar en estrategias compartidas: «El objetivo es encontrar mejores caminos en el gasto de nuestras obras sociales provinciales, y la variable central son los medicamentos», señaló y agregó: «Todo lo que contribuya a mejorar la eficiencia del gasto y el acceso de los afiliados debe ser aprovechado, y creo que todos nosotros podemos formar parte de esta fuente de información, sumando el consumo que tenemos en medicamentos de todo tipo».

Los participantes coincidieron en que la reunión ratifica la voluntad compartida entre COSSPRA y el Ministerio de Salud de la Nación de fortalecer una gestión basada en evidencia, transparencia y articulación federal, orientada a optimizar el uso de los recursos públicos y asegurar el acceso equitativo a los medicamentos en todo el territorio.