Un nuevo estudio realizado en 14 países de la región europea de la OMS vuelve a poner en primer plano una dimensión crítica y poco atendida del problema de la resistencia antimicrobiana (RAM): el papel de la población sana en la circulación social de antibióticos. La investigación, que encuestó a más de 8.200 personas, muestra que las conductas cotidianas de personas sin diagnósticos infecciosos graves están configurando un escenario de riesgo creciente y silencioso para la salud pública.
Los datos revelan que la mitad de la población tomó antibióticos en los últimos doce meses y una parte significativa lo hizo sin indicación médica: uno de cada cinco obtuvo el medicamento sin receta y otro ocho por ciento usó restos de tratamientos previos. La adquisición informal de antibióticos persiste a pesar de las normas que prohíben la venta sin prescripción, lo que revela debilidades estructurales en los sistemas de control y una tolerancia social consolidada.
La problemática se agrava cuando se observan los motivos de consumo. La mayoría de quienes tomaron antibióticos lo hicieron frente a cuadros como resfrío, dolor de garganta, tos o gripe. Se trata de eventos virales comunes, para los cuales los antibióticos no tienen ninguna eficacia. Sin embargo, casi el 50% de la población continúa creyendo que un antibiótico “sirve contra los virus”, pese a que se trata de fármacos diseñados exclusivamente para combatir bacterias. Esta brecha entre las recomendaciones científicas y las prácticas concretas de uso demuestra hasta qué punto la desinformación opera en la vida cotidiana de las personas sanas, mucho antes de que entren en contacto con el sistema de salud.
La encuesta expone además un déficit estructural en materia de comunicación pública: solo el 37% de las personas recibió en el último año información sobre el uso adecuado de antibióticos. El resto avanza sin brújula, guiado por recomendaciones caseras, contenidos de internet o percepciones personales. Aun así, el 80% de la población considera a los médicos como la fuente de información más confiable, un dato que subraya la necesidad de fortalecer la comunicación clínica y los dispositivos de alfabetización sanitaria.
El estudio también muestra que casi la mitad de quienes tomaron antibióticos no realizó ningún test diagnóstico previo, lo cual introduce un elemento adicional de riesgo. La prescripción basada en síntomas inespecíficos se traduce en tratamientos innecesarios que aceleran los procesos de resistencia. En paralelo, el impacto de la pandemia de COVID-19 mantuvo esta lógica: entre quienes atravesaron la infección, el 28% recibió antibióticos con receta y un 8% sin ella, aun tratándose de un virus.
Más allá de la fotografía epidemiológica, el trabajo abre una discusión relevante para las políticas de salud: la resistencia antimicrobiana no se construye únicamente en los hospitales ni en los consultorios; se produce también en hogares, farmacias y espacios cotidianos, donde las personas sanas toman decisiones que moldean el futuro de los tratamientos médicos. La investigación sugiere que las campañas educativas no están alcanzando a la población general y que el enfoque centrado solo en profesionales es insuficiente.
El estudio aporta una conclusión de peso. Para enfrentar la RAM se necesitan políticas que articulen investigación, regulación y comunicación pública con el mismo nivel de importancia. El uso inapropiado de antibióticos por parte de personas sin enfermedad bacteriana no es un desvío individual, sino un fenómeno colectivo con impacto sanitario global. La responsabilidad no recae únicamente en los pacientes ni en los sistemas de salud; se trata de una dinámica social que refleja creencias culturales, accesos desiguales, déficit educativos y sistemas regulatorios que no logran proteger un bien común tan crítico como la eficacia antimicrobiana.
La evidencia clarifica que el abordaje de la resistencia antimicrobiana requiere estudiar, comprender y trabajar con la población sana. Allí se reproducen, sin visibilidad ni conciencia, las prácticas que alimentan un problema que compromete tratamientos, cirugías, terapias intensivas y la atención médica tal como se conoce. La prevención ya no depende solo de detectar bacterias resistentes, sino también de transformar comportamientos sociales profundamente arraigados, una dimensión que todavía falta integrar en las agendas de salud pública.