Un Día Mundial del Sida atravesado por el ajuste

El 1° de diciembre -Día Mundial del Sida- se conmemora en un momento inquietante para la salud pública argentina. La jornada de visibilización y compromiso se desarrolla en medio de un ajuste presupuestario profundo con un proyecto de Presupuesto Nacional 2026 que consolida recortes que desarman los pilares estratégicos de la respuesta al VIH, las ITS, las hepatitis virales y la tuberculosis.

Según la Fundación Huésped, el presupuesto previsto “supone un giro preocupante en la respuesta al VIH: de una estrategia integral de prevención, diagnóstico y tratamiento … hacia un enfoque limitado casi exclusivamente a sostener los tratamientos actuales, dejando de lado la prevención y la detección temprana”. Esa transformación implica la desaparición de líneas claves como PrEP y PEP, hasta ahora reconocidas como fundamentales en una estrategia de prevención combinada. En 2023, se habían brindado 8.744 tratamientos de PrEP y 4.867 de PEP. Pero en 2025 y en las metas de 2026, esas herramientas no figuran más. Huésped advierte que “lo que no se nombra, no existe”, subrayando que la omisión subestima su importancia y debilita la garantía de acceso.

El recorte también alcanza insumos esenciales. En 2023 se distribuyeron 275.565 folletos educativos; hoy, en 2025, la distribución es cero. Los test rápidos de VIH, clave para la detección temprana, caen dramáticamente: de 1.120.380 en 2023 a solo 58.000 proyectados para 2026, según datos oficiales. A su vez, la provisión de preservativos se desplomó: en 2025 no se registraron compras, y la proyección para 2026 (15,5–18 millones de unidades) no alcanza a cubrir las necesidades previas ni a garantizar continuidad. Ante este cuadro, Huésped señala con severidad que “el derecho a la salud no puede ser una variable de ajuste presupuestario”.

La dimensión presupuestaria revela la magnitud del retroceso. La Fundación GEP analiza el proyecto oficial y advierte que el Programa 22 -la unidad del Ministerio de Salud encargada de responder al VIH, las ITS, hepatitis virales y tuberculosis- verá asignados para 2026 apenas $62.087 millones, equivalentes a U$S 43,65 millones, una cifra que representa una caída del 38 % en dólares respecto de 2024. Así, su peso dentro del presupuesto total del Ministerio pasaría de un 4,8 % en 2023 a apenas el 2 % en 2026.

Ese recorte estructural no sólo reduce recursos: consolida lo que GEP define como un “abandono estatal de miles de personas que dependen del sistema público para acceder a diagnóstico, tratamiento y prevención”. En ese sentido, las metas oficiales proyectan ofrecer tratamiento a 71.500 personas con VIH en 2026, un número incluso inferior al de 2024, cuando habían sido tratadas 79.170, lo que evidencia un desajuste entre las necesidades reales y la cobertura prevista. Para tuberculosis, la situación tampoco mejora: se proyectan 12.450 tratamientos en 2026, cuando en 2024 se notificaron 15.853 casos.

La prevención, en tanto, queda completamente al margen. GEP señala con dureza que el presupuesto 2026 “no representa un ahorro: representa un abandono y un marcado incumplimiento de las obligaciones constitucionales que pesan sobre el Estado Nacional. El Estado decide no prevenir, no diagnosticar, no tratar, poniendo en riesgo la salud y la vida de miles de personas, vulnerando sus derechos”.

Este desfinanciamiento estructural afecta insumos, testeo, campañas y tratamientos y tiene consecuencias previsibles: más infecciones, más diagnósticos tardíos, más desigualdad sanitaria. En un país donde cada año se diagnostican unas 6.400 personas con VIH, de las cuales cerca del 45 % lo hace de manera tardía, estas políticas constituyen un retroceso grave.

Más allá de los números, lo que está en juego es la vida de miles de personas. El ajuste presupuestario desarma una arquitectura preventiva construida durante años: la prevención combinada ya no existe, la distribución de insumos esenciales se interrumpe, los test y los diagnósticos se reducen, y la cobertura de tratamientos queda en jaque.

Desde ambas organizaciones señalan que el 1° de diciembre no debe servir solo para discursos simbólicos. Necesita convertirse en un llamado urgente a revertir decisiones políticas concretas: restaurar la asignación presupuestaria necesaria, garantizar insumos, reactivar campañas de prevención y sostener el acceso universal a diagnóstico y tratamiento.