El costo de los tratamientos oncológicos es hoy uno de los principales factores de presión sobre pacientes, instituciones y sistemas de salud. En la última década, el precio promedio de los nuevos medicamentos contra el cáncer se multiplicó varias veces a nivel internacional, configurando un fenómeno conocido como toxicidad financiera, que afecta tanto la continuidad de los tratamientos como la sostenibilidad de la atención.
Este análisis fue expuesto por el médico oncólogo y Director de Investigación y Docencia del Instituto Henry Moore, Ernesto Gil Deza durante su conferencia de ingreso a la Academia de Ciencias de la Salud de Tucumán, donde describió de manera sistémica cómo los altos precios impactan en la microética (pacientes), la mesoética (instituciones) y la macroética (sistemas de salud).
Gil Deza definió la toxicidad financiera como el efecto que los precios de las prácticas diagnósticas, terapéuticas y pronósticas tienen en cada nivel del sistema. “El 90% de las erogaciones después del diagnóstico oncológico están relacionadas con el tratamiento”, señaló, aludiendo al peso de la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia y otras terapias de alta complejidad.
Precios arbitrarios
La arbitrariedad en los precios de los fármacos oncológicos es uno de los puntos más polémicos. Gil Deza afirmó que los altos valores “no están relacionados con la inversión en investigación ni con la seguridad o eficacia de los fármacos”, y que muchas veces las compañías farmacéuticas “compran medicamentos ya desarrollados a un costo significativamente menor”.
El especialista remarcó que “no hay relación entre eficacia y precio”, que la competencia no reduce los valores y que los precios se fijan en función del tratamiento que reemplazan y del valor de referencia en Estados Unidos. Esto explica que países con políticas activas de regulación paguen montos notablemente menores por los mismos productos.
Impactos en pacientes, instituciones y sistemas
La toxicidad financiera tiene consecuencias directas en la vida de las personas. Gil Deza advirtió que los precios elevados “generan abandono, reducción de dosis, pérdida del seguro y desconfianza”, además de un aumento de la litigiosidad.
En el nivel institucional, las clínicas y hospitales deben absorber costos crecientes que tensionan sus presupuestos; mientras que, a escala sistémica, los financiadores públicos y privados enfrentan riesgos de sostenibilidad, incluso en países de altos ingresos.
Complejo médico-industrial
Otro punto relevante es el rol de lo que el especialista denomina complejo médico-industrial en la producción del conocimiento. En este punto, sostuvo que muchos estudios clínicos “están sesgados” y que la validación independiente es cada vez menos frecuente, lo que afecta la credibilidad de la prescripción médica y dificulta la evaluación del valor real de las nuevas tecnologías.
Para el oncólogo, la discusión sobre los precios es un problema ético central. “Si la salud es un derecho, todo lo que la daña o impide su restauración debe ser analizado éticamente”, señaló. Cuando un medicamento esencial resulta inaccesible, se produce “un conflicto entre la propiedad y la vida”, y planteó, debe primar esta última.
En su conclusión, Gil Deza subrayó la necesidad de un abordaje colectivo: “Es crucial conocer, comprometerse y actuar”. El desafío, afirmó, requiere la participación del Estado, las sociedades científicas, los profesionales, los pacientes y todos los actores involucrados en el cuidado oncológico.