El financiamiento de la salud es uno de los temas centrales en la agenda regional. Datos recientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), junto con el Informe de monitoreo mundial 2025 sobre la cobertura universal de salud elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial, muestran que el peso del gasto directo en salud sigue siendo uno de los principales factores de desigualdad y empobrecimiento en América Latina y el Caribe.
En la región, cerca de un tercio del gasto total en salud proviene directamente de los bolsillos de las familias, un nivel muy por encima del límite recomendado del 20%. Este desbalance expone a millones de personas a dificultades económicas y refuerza la relación entre enfermedad y pobreza. Según advirtió el director de la OPS, Jarbas Barbosa, «el gasto de bolsillo sigue empujando a millones de personas hacia la pobreza» y subrayó que nadie debería verse obligado a elegir entre su salud y sus necesidades básicas.
Desigualdades persistentes
El informe global 2025 indica que, si bien a nivel mundial el porcentaje de personas con dificultades financieras asociadas a los gastos en atención de la salud se redujo del 34% al 26% entre 2000 y 2022, las Américas se encuentran entre las regiones con menor reducción de las desigualdades en salud durante la última década. La carga financiera continúa recayendo de manera desproporcionada sobre los hogares de menores ingresos.
A escala global, se estima que 2.100 millones de personas enfrentan dificultades financieras para acceder a servicios de salud, de las cuales 1.600 millones caen o permanecen en situación de pobreza como consecuencia del gasto directo en atención médica. Estas cifras refuerzan la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección financiera y los sistemas públicos de cobertura.
El gasto en salud en Argentina
En Argentina, según estimaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA), el gasto de bolsillo en salud aumentó del 28% al 34% en el primer semestre de 2024. Este salto, en gran medida, estuvo relacionado con el encarecimiento de los fármacos, donde la desregulación del mercado permitió aumentos intermensuales del 20 al 40% en medicamentos esenciales para patologías crónicas como hipertensión, diabetes y dislipemias.
Este aumento de precios fue acompañado por una desregulación en la venta de medicamentos, que afectó especialmente a aquellos de uso frecuente, como protectores gástricos, antialérgicos y analgésicos. La eliminación de la venta bajo receta y la no obligatoriedad de cobertura por parte de las Obras Sociales y prepagas trasladó el costo al usuario. Como resultado, muchas personas se vieron obligadas a interrumpir sus tratamientos por no poder costear los medicamentos.
Inversión y gasto en América Latina y el Caribe
En 2023, el gasto total en salud en América Latina y el Caribe alcanzó en promedio el 6,6% del producto interno bruto (PIB), equivalente a unos 778 dólares por habitante. Más de la mitad de esos recursos provinieron del sector público. Sin embargo, el gasto directo de los hogares continúa siendo elevado, especialmente en medicamentos y tratamientos, uno de los rubros que más incide en la inaccesibilidad de la atención para amplios sectores de la población.
La persistencia de altos niveles de gasto de bolsillo se vincula, en gran medida, con limitaciones en la inversión pública. Pese a los compromisos regionales de destinar al menos el 6% del PIB al gasto público en salud, en 2023 esa inversión retrocedió al 3,7% del PIB, un nivel similar al registrado antes de la pandemia.
El escenario de bajo crecimiento económico y mayores presiones fiscales complica la capacidad de los países para sostener o ampliar el financiamiento sanitario. Esta restricción incrementa el riesgo de que los hogares deban asumir una proporción cada vez mayor de los costos de atención, profundizando las brechas de acceso y afectando con mayor fuerza a las familias de menores ingresos.
Desde la OPS advierten que revertir esta tendencia requiere sistemas de salud más resilientes, con una atención primaria fortalecida, integrada y organizada en torno a las personas, las familias y las comunidades. La prioridad fiscal asignada a la salud no depende únicamente del nivel de ingresos de cada país, sino también de decisiones políticas: mientras algunas economías con mayor capacidad fiscal destinan proporciones relativamente bajas al sector, otras con menos recursos realizan un esfuerzo mayor para garantizar el acceso y la continuidad de los servicios.
En este contexto, el Día de la Salud Universal, que se conmemora cada 12 de diciembre, recuerda que el acceso a los servicios de salud no debería generar dificultades económicas ni obligar a las personas a resignar necesidades esenciales como la alimentación o la vivienda. Los datos regionales y globales muestran que ese objetivo aún está lejos de alcanzarse y que el financiamiento de la salud sigue siendo uno de los principales desafíos estructurales para avanzar hacia sistemas más justos e inclusivos.