Por qué la transición demográfica acelerada es un desafío para la sostenibilidad del sistema de salud

La acelerada transición demográfica que atraviesa el país dejó de ser una proyección a largo plazo para convertirse en un desafío inmediato para la sostenibilidad del sistema de salud. Así quedó expuesto durante la última reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), donde el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) presentó su Análisis de Situación Poblacional (ASP), un estudio orientado a aportar evidencia estratégica para la planificación sanitaria en un contexto de profundas transformaciones poblacionales, que volvió a poner en agenda la necesidad de anticipar cambios para evitar que el sistema llegue tarde y a mayor costo.

Durante el encuentro se puso el foco en la necesidad de repensar políticas públicas frente al envejecimiento poblacional, la caída sostenida de la fecundidad y las marcadas desigualdades territoriales. En este contexto, el director nacional de Economía de la Salud, Alejandro Sonis, subrayó la importancia de incorporar de manera sistemática la dimensión demográfica y epidemiológica en la asignación de recursos. «Si no se planifica con estos criterios, el sistema termina interviniendo cuando la enfermedad ya está instalada, con costos mucho más elevados y menor impacto en la salud de la población», advirtió, al señalar uno de los nudos centrales que comprometen la sostenibilidad sanitaria.

Desde el UNFPA, la jefa de la Oficina en Argentina, Mariana Isasi, remarcó que si bien la transición demográfica es un fenómeno global, en el país el proceso se desarrolla a un ritmo particularmente acelerado. «Estos cambios reflejan avances en términos de calidad de vida, pero también exigen respuestas nuevas y oportunas», sostuvo. En ese sentido, destacó el valor del espacio de debate en el COFESA y la necesidad de incorporar la demografía en la agenda de los sectores clave para el desarrollo.

Los datos presentados muestran con claridad la magnitud del cambio en curso. La Tasa Global de Fecundidad se ubicó en 1,33 hijos por mujer en 2023, muy por debajo del nivel de reemplazo poblacional, una tendencia que se mantiene desde 2019 y que alcanza a todas las provincias. En paralelo, la esperanza de vida llegó a los 77 años -80 en mujeres y 75 en varones- y continúa en ascenso. Como resultado, la población de 65 años y más, que representaba el 12 por ciento en 2022, alcanzará el 16,4 por ciento hacia 2040, marcando el cierre progresivo del bono demográfico, cuyo pico de población en edad activa se proyecta alrededor de 2034.

Según explicó Anabel Fernández Prieto, oficial en Datos, Monitoreo y Evaluación de UNFPA, esta combinación de menor fecundidad y mayor longevidad está modificando de manera estructural la pirámide poblacional. «Se reduce el peso relativo de la población menor de 15 años, cambia la proporción de personas en edad laboral y se acelera el envejecimiento», detalló. En el plano sanitario, estos procesos se ven amplificados por la transición epidemiológica, con un aumento de las enfermedades crónicas, la multimorbilidad y la discapacidad.

En este escenario, el envejecimiento no implica necesariamente un mayor gasto en salud por sí mismo. El factor decisivo es cómo se envejece y cuál es la carga de enfermedad acumulada a lo largo del curso de vida. Las regiones con mayores vulnerabilidades sociales y económicas, advirtieron desde el UNFPA, enfrentan el envejecimiento en peores condiciones de salud, lo que profundiza inequidades y eleva la presión sobre un sistema ya fragmentado.

El principal desafío, coincidieron los expositores, es anticipar las adaptaciones necesarias para evitar respuestas tardías y costosas. Reorientar el modelo de atención hacia la promoción de la salud y la prevención, fortalecer el primer nivel de atención como puerta de entrada y eje articulador del sistema, y desarrollar políticas de cuidado de largo plazo aparecen como condiciones indispensables para garantizar la sostenibilidad sanitaria en el mediano y largo plazo.

Durante la jornada también se presentaron lineamientos orientados a reforzar la resiliencia del sistema de salud frente a estos cambios estructurales. Entre ellos, la necesidad de reorientar progresivamente el financiamiento hacia acciones preventivas; reducir desigualdades desde las primeras etapas de la vida mediante políticas de salud materno-infantil; fortalecer la disponibilidad y las competencias de los equipos de salud; y avanzar en sistemas de cuidados integrados que articulen con el sector sanitario y contemplen a personas mayores, infancias y personas con discapacidad.

El trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud de la Nación, el Banco Interamericano de Desarrollo y el UNFPA fue destacado como un aporte clave para fortalecer la función rectora nacional y brindar herramientas a las provincias, que atraviesan la transición demográfica con intensidades y capacidades diferentes. Incorporar esta mirada, concluyeron, resulta central para que cada jurisdicción pueda anticipar sus necesidades sanitarias y evitar que la sostenibilidad del sistema quede atrapada en una lógica reactiva, más costosa y menos equitativa.