Crecen los intentos de suicidio y once provincias reclaman coordinación nacional

Representantes de las áreas de salud mental de diferentes jurisdicciones reclamaron al Gobierno nacional la reanudación urgente de las reuniones del Consejo Federal de Salud Mental (COFESAMA), hoy paralizado.

“El pedido se funda en la necesidad de reanudar las reuniones del COFESAMA, ámbito de intercambio, actualización e integración de políticas”, expresaron las autoridades provinciales en una nota dirigida a la Directora Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental, Liliana Graciela González. En el texto advirtieron que esta demanda “se agudiza en un contexto de fuerte incremento de padecimientos en salud mental que impacta, como es de público conocimiento, en los servicios de atención de todo nuestro país (ambulatorios y de internación)”.

La solicitud fue suscripta por representantes de las áreas de salud mental de Buenos Aires, Córdoba, Formosa, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santiago del Estero, Santa Fe, Salta y Tierra del Fuego. El COFESAMA forma parte de la estructura institucional del Ministerio de Salud de la Nación, actualmente a cargo de Mario Lugones, y reúne a las autoridades provinciales y nacionales del área con el objetivo de coordinar acciones, planificar estrategias comunes y garantizar la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657 en todo el territorio.

Desde las provincias remarcaron que la interrupción del Consejo durante 2025 implica la pérdida de un espacio federal estratégico. “Entendemos que es fundamental que se reabran espacios de participación federal para el intercambio entre la Dirección Nacional y los distritos provinciales, que propicien aportes y construcciones colectivas que enriquezcan las acciones que llevamos adelante”, señalaron en el comunicado.

El reclamo también expone también la preocupación por la falta de definiciones claras por parte del Estado nacional en un contexto de creciente demanda. En Santa Fe, el secretario de Gestión y Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Salud, Gonzalo Chiesa, sostuvo que las provincias necesitan recuperar un ámbito “fundamental” para definir lineamientos comunes y conocer “cuál es la política pública nacional en salud mental y qué orientación se propone para todo el país”.

Las cifras oficiales refuerzan la urgencia del planteo. Según el Boletín Epidemiológico Nacional, hasta el 31 de octubre de 2025 se registraron 11.799 intentos de suicidio en el país, lo que equivale a más de 33 intentos por día. Alrededor del 5% de estos casos se consuman, afectando principalmente a jóvenes, en gran parte mujeres. Se trata, además, de un subregistro: muchos episodios no ingresan a los sistemas oficiales de vigilancia.

En términos de mortalidad, el mismo boletín consignó 724 muertes por suicidio notificadas por efectores del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud hasta octubre. Sin embargo, el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad informó que en 2024 hubo 4.249 suicidios en el país y que, desde 2023, el suicidio se convirtió en la principal causa de muerte violenta, representando el 41,7% de los casos en 2024. La disparidad entre fuentes oficiales vuelve a poner en agenda la necesidad de fortalecer los sistemas de información para una planificación sanitaria basada en evidencia.

En el comunicado, las provincias también expresaron su inquietud frente a posibles definiciones del Gobierno nacional sin debate federal previo. Recordaron que “durante el mes de diciembre han circulado versiones a través de los medios de comunicación de que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud de la Nación, ingresará al Congreso Nacional un proyecto legislativo de reforma en materia de Salud Mental”. A ello sumaron la preocupación por la posición adoptada por el Estado argentino en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde votó en contra de la Declaración sobre Enfermedades No Transmisibles y Promoción de la Salud Mental.

“Consideramos sumamente necesario conocer los objetivos y proyectos del Ministerio de Salud y la Dirección de Salud Mental en las temáticas que nos competen y que afectan o inciden en las políticas y posiciones del país”, subrayaron las autoridades provinciales.

Desde una perspectiva de salud pública, el documento plantea además la necesidad de fortalecer el rol del Estado en la garantía de derechos. “Consideramos necesario contar con información sobre promoción de políticas que redunden en un mayor acceso a la salud con mejores servicios y sistemas de cuidados, desde una perspectiva de equidad y respeto por los derechos de las personas con padecimientos mentales y sus entornos”, afirmaron, y advirtieron sobre la urgencia de “ampliación y refuerzo de los sistemas de salud exigidos en este momento”.

Finalmente, realizaron un pedido concreto y urgente: “Solicitamos una pronta convocatoria al Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones -COFESAMA-, que se ha visto interrumpido durante todo el año en curso”.

En un contexto de aumento sostenido de la demanda, servicios tensionados y profundas desigualdades territoriales, advirtieron que la reactivación del COFESAMA es una medida política clave para garantizar acceso, equidad y una respuesta integral del sistema de salud frente a una de las problemáticas más críticas de la actualidad.