“Algunas mujeres acceden a mucho; muchas, a muy poco”

Mabel Bianco es médica, feminista, Máster en Salud Pública y especialista en Epidemiología y Estadística Médica. Es además presidenta de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), organización referente en la defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad de género en Argentina y la región.

En diálogo con Comunicar Salud, Bianco analiza la coyuntura, los retrocesos en salud integral y sexual, los desafíos vinculados al envejecimiento y el posicionamiento argentino en la agenda internacional de igualdad.

¿Cómo nos encuentra este 8M en relación a las políticas de género y salud? 

Este año tenemos poco para celebrar en nuestro país. Desde el 10 de diciembre de 2023, el gobierno nacional no solo cerró el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, sino que además interrumpió, paralizó y eliminó rápidamente sus aportes en insumos, apoyo y fondos, a los programas existentes.

Todo ha quedado en manos de las provincias, que tienen limitaciones; algunas no comparten la prioridad de estas políticas y otras no cuentan con los recursos económicos, humanos o físicos necesarios. Esto genera una situación muy dispar, donde el funcionamiento y la cobertura de los programas dependen del lugar del país en el que se viva.

Al no existir ya un nivel nacional que compense las desigualdades entre provincias, quedamos ante un mapa fragmentado: según dónde estemos, mujeres, niñas y personas no binarias tendrán -o no- ciertos derechos garantizados.

¿Cuáles son los logros más significativos para la salud integral de las mujeres y qué desafíos persisten con mayor urgencia?

En términos de salud integral, habíamos alcanzado avances importantes, incluso en el acceso a la cobertura, tanto en el sector público como en el privado o de obras sociales. Hoy ese acceso depende de la capacidad económica individual o de contar con un hospital que brinde servicios integrales.

Esto implica un enorme desafío, porque muchas mujeres deben trasladarse a otras localidades para recibir atención, lo que supone costos de viaje, estadía, acompañamiento e internación. En este contexto, el principal reto es garantizar que la mayoría de las mujeres acceda efectivamente a los servicios de salud, tanto en atención como en prevención. La brecha es cada vez más profunda: algunas acceden a mucho y muchas acceden a muy poco.

La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo ya tiene algunos años: ¿hoy el derecho está garantizado en todo el país? 

El derecho garantizado al acceso al aborto cuando una mujer lo decide, hoy está supeditado a que el servicio de salud al que esa mujer acceda disponga de los medicamentos necesarios como misoprostol o mifepristona. Y esto no es un detalle menor. Si el sistema no los provee, la mujer debe comprarlos, y no todas pueden afrontar ese costo, especialmente en un contexto de pérdida de poder adquisitivo, aumento de gastos fijos, encarecimiento de alimentos y variaciones económicas estructurales que dificultan la compra de estos insumos. Por lo tanto, el acceso ya no está garantizado.

Esta situación genera desigualdad y nos está llevando nuevamente a enfrentar problemas de enfermedad y muerte por abortos clandestinos e inseguros. Es un escenario muy preocupante y no se vislumbra una solución inmediata.

Algunas provincias, como Santa Fe, que cuenta con un laboratorio público que produce misoprostol, están facilitando el acceso y vendiéndolo a bajo costo a otras jurisdicciones, pero esto no alcanza.

¿Cómo impactan los recortes o cambios presupuestarios en los programas de salud?

Estamos observando nuevamente un aumento de la mortalidad materna y, además, entre 2023 y 2024 se registró un incremento de la mortalidad infantil. En el aumento de la mortalidad infantil, la que ha crecido es la neonatal, la que ocurre en los primeros 28 días de vida, que está directamente vinculada a la calidad de la atención médica.

No se trata solo del momento del parto, sino también del cuidado prenatal y del seguimiento posparto. Esto representa una llamada de atención: no se está brindando suficiente atención adecuada durante el embarazo, el parto y el puerperio.

La mayoría de estos nacimientos y controles se realizan en el sector público, que hoy es uno de los más deteriorados debido a años de escasez presupuestaria y abandono de políticas públicas. Es fundamental promover un cuidado más intensivo y cuidadoso de quienes cursan embarazos, garantizando que ni la mujer muera o enferme ni el recién nacido pierda la vida.

Se habla poco de las mujeres mayores en la agenda. ¿Hay políticas específicas especialmente en salud?

Si bien es cierto que las mujeres mayores, o adultas mayores, o viejas, digámoslo claramente, no han sido un tema central en la agenda, comienzan a tener mayor visibilidad, con reuniones y debates específicos.

El crecimiento de la población de mujeres mayores de 85 y hasta 90 años es una tendencia mundial vinculada al cambio demográfico. La disminución de la natalidad y el envejecimiento poblacional generan transformaciones profundas que el país aún no ha abordado adecuadamente. Estos cambios no tienen marcha atrás. 

Finalmente, ¿qué debería estar discutiendo hoy la Argentina para no quedar rezagada en la agenda global de igualdad de género?

A nivel mundial tampoco atravesamos el mejor momento. El gobierno de Estados Unidos, bajo la conducción de Donald Trump, sostiene posturas negacionistas respecto de la discriminación y las desigualdades de género, en línea con el gobierno argentino.

Lamentablemente, estas posiciones han crecido, aunque no son mayoritarias. Es preocupante que Argentina se haya distanciado de la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, que continúan promoviendo medidas para la igualdad de género, con excepción de algunos como Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Ecuador, con posiciones negacionistas de los derechos de las niñas, mujeres y diversidades.

Es una pena que nos hayamos retirado de estos consensos, aunque confiamos en que esta situación pueda revertirse. Está demostrado internacionalmente que sin igualdad de género no hay desarrollo sostenible.

Desde la sociedad civil seguimos trabajando activamente. Las organizaciones de mujeres y feministas argentinas hemos llevado un documento a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas para dar cuenta de lo que está ocurriendo en el país y visibilizar cómo el deterioro actual ha paralizado, entre otros aspectos, el acceso a la justicia y programas fundamentales para garantizar derechos.