“Cuando más voces participan en la construcción de las políticas sanitarias, el sistema de salud se vuelve más justo”

En el sistema de salud argentino, las mujeres constituyen la gran mayoría de la fuerza laboral, especialmente en profesiones vinculadas al cuidado y la atención de pacientes. Sin embargo, esa presencia no siempre se refleja en los espacios de decisión, en las oportunidades de desarrollo profesional ni en el reconocimiento salarial. Las brechas de género siguen siendo una realidad en múltiples niveles del sistema sanitario, desde las trayectorias laborales hasta la participación en ámbitos donde se definen políticas públicas y agendas científicas.

Para analizar estas desigualdades desde una perspectiva jurídica e institucional, conversamos con Marisa Aizenberg, abogada, Directora Académica del Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y consultora, docente e investigadora en temas vinculados al Derecho y la Salud. En esta entrevista reflexiona sobre las barreras estructurales que aún persisten en el ámbito sanitario, el impacto de la subrepresentación femenina en los espacios de decisión y el rol que deben asumir la academia, las instituciones y las políticas públicas para avanzar hacia una mayor equidad de género en el sistema de salud.

En el ámbito sanitario persisten brechas de género en el acceso a cargos de decisión, oportunidades laborales y salariales. Desde una perspectiva jurídica, ¿cuáles son las principales barreras estructurales que siguen reproduciendo estas desigualdades en el sistema de salud argentino?

Una particularidad del sistema de salud, tanto en nuestro país como en la región, es la creciente presencia de mujeres en los equipos de trabajo, estimada en alrededor de un 75%, especialmente en las áreas de medicina, enfermería y otras profesiones vinculadas al cuidado de pacientes. Pero esa presencia significativa no se traduce necesariamente en el poder de decisión ni en la igualdad de oportunidades. La brecha se observa en el acceso a cargos directivos, desigualdades salariales y de trayectos laborales, frente a la existencia de recorridos profesionales equivalentes.

Desde el derecho, este escenario invita a reflexionar sobre cómo están organizadas las reglas que estructuran las carreras profesionales, la investigación y la gestión en salud, cuyo diseño responde a contextos históricos en los que las desigualdades de género no formaban parte del debate público.

Por eso más que de ausencia de normas, debemos hablar de barreras estructurales que funcionan dentro de las instituciones, con criterios de evaluación y promoción laboral que premian disponibilidad y continuidad plena y parecen penalizar los tiempos de cuidado, selecciones poco transparentes para cargos de conducción, sesgos en el reconocimiento profesional y, en ocasiones, entornos laborales poco propicios al desarrollo de las mujeres en sus carreras profesionales.

El desafío entonces, es revisar cómo funcionan las instituciones y cómo se aplican las reglas en la práctica, para generar condiciones que permitan que el liderazgo en salud refleje de manera más justa la diversidad de quienes sostienen cotidianamente el sistema sanitario.

¿Cómo impacta la subrepresentación de mujeres en la toma de decisiones en la calidad y enfoque de las políticas de salud?

Resulta visible la paradoja de que, aun cuando las mujeres son mayoría en los equipos que sostienen la atención de salud, su representación en los espacios donde se definen políticas sanitarias o agendas científicas, presenta una brecha relevante.

Una participación equilibrada de las mujeres en esos ámbitos excede la discusión de la representatividad numérica ya que involucra la calidad institucional en la toma de decisiones. Las políticas sanitarias se construyen sobre realidades sociales muy diversas y complejas vinculadas al trabajo de cuidado, las desigualdades e inequidades territoriales y las barreras de acceso al sistema. Cuando los espacios de decisión son diversos y representativos, esas dimensiones aparecen reflejadas con mayor claridad. Desde mi experiencia trabajando en temas regulatorios y de políticas de salud, he visto que cuando se amplía y promueve la participación de las mujeres, las discusiones se enriquecen y las respuestas tienden a ser más integrales y sostenibles.

Desde el Observatorio de Salud, ¿qué avances recientes destacás en materia de igualdad de género en el ámbito sanitario y qué deudas estructurales siguen pendientes?

Desde el Observatorio de Salud advertimos que la cuestión de género en salud dejó de ser un tema periférico, pero aún no forma parte, de manera consistente, del análisis estructural del sistema sanitario. Si bien existe una mayor conciencia, en particular en el ámbito académico, acerca de que las políticas de salud y regulatorias no son neutras, persiste la brecha entre el reconocimiento del problema y la incorporación efectiva de esta perspectiva en las prioridades institucionales. En este sentido, incorporar la perspectiva de género va más allá de sumar variables de análisis, implica comprender mejor cómo operan esas brechas y qué transformaciones institucionales son necesarias para abordarlas de manera efectiva.

Como punto a favor, la consolidación de redes profesionales, espacios de formación y programas de liderazgo que buscan hacer visible el aporte de las mujeres y disputar la naturalización de ciertas asimetrías del sector, junto con una creciente producción de conocimiento que permite identificar estos fenómenos.

Como punto en contra, persisten deudas vinculadas a la gobernanza del sistema. Incorporar una mirada de equidad requiere fortalecer la evidencia a través de la generación de datos agregados, indicadores y trazabilidad que permitan medir con precisión dónde se producen las brechas, cómo evolucionan y qué políticas funcionan para reducirlas.

Desde el Observatorio, nuestra prioridad es discutir con evidencia cómo se organizan las oportunidades dentro del sistema de salud y qué cambios institucionales o regulatorios son necesarios para avanzar hacia una igualdad efectiva.

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En el contexto actual, ¿qué rol considerás que deben asumir las instituciones académicas y las facultades de Derecho en la promoción de una agenda de equidad de género en salud, especialmente en el diseño de marcos normativos y políticas públicas?

Las universidades tienen un rol estratégico, ya que son los lugares donde construimos las preguntas sobre los problemas públicos y producimos conocimiento para interpretar cómo funcionan o deben funcionar las instituciones. En el campo de la salud, eso significa poder mirar el sistema de forma crítica, identificar dónde aparecen las desigualdades y aportar evidencia que permita pensar en políticas más justas.

En ese marco, las Facultades de Derecho tienen una especial responsabilidad. Allí se forman quienes van a diseñar, interpretar o aplicar las normas que organizan el sistema sanitario. Incorporar una perspectiva de género en la enseñanza del Derecho de la Salud no significa ideologizar el debate sino entender cómo funcionan las instituciones y cómo determinadas reglas, aunque parezcan neutras, pueden impactar en la vida de las personas.

En universidades públicas como la Universidad de Buenos Aires, que históricamente han sido espacios de pensamiento crítico y de producción de conocimiento con impacto público, este desafío adquiere una relevancia especial. La Facultad de Derecho de la UBA, impulsa estos debates desde la investigación, la formación y el diálogo con quienes trabajan en el sistema de salud. Muchas veces las transformaciones regulatorias más importantes nacen justamente de ese intercambio entre la academia y quienes están gestionando políticas.

Nuestro aporte desde las facultades de Derecho excede la enseñanza de una ley, ayudamos a pensar cómo diseñar una norma, cómo debe funcionar en la realidad y cómo pueden mejorarse para responder a los desafíos del sistema de salud. Cuando la universidad logra articular conocimiento, formación profesional y compromiso con los problemas públicos, se convierte en un actor clave para impulsar los cambios institucionales que un país necesita. Los Ministerios de Salud también debieran articular y aprovechar esta mirada.

En los últimos años surgieron redes y espacios que buscan fortalecer el liderazgo femenino en el sector sanitario. Desde el derecho y la formulación de políticas públicas, ¿cómo pueden articularse estos espacios con reformas normativas concretas que promuevan mayor equidad en el acceso a cargos de decisión?

Las redes de liderazgo femenino han tenido un papel muy importante porque permitieron tender la mano a quienes vienen avanzando en sus trayectorias profesionales, impulsar referentes desde distintos puntos del país y construir espacios de intercambio entre mujeres que ocupan distintos lugares dentro del sistema de salud. De cierta forma han ayudado a quebrar un aislamiento histórico y a consolidar comunidades con capacidad de incidir en la agenda pública.

Ahora bien, para que ese impulso no quede solo en el plano del acompañamiento o de la visibilidad, es necesario que dialogue con las instituciones y con los procesos de formulación de políticas públicas. El derecho ofrece herramientas concretas para avanzar en ese sentido, promoviendo reglas de gobernanza institucional más abiertas y transparentes.

Las redes cumplen un rol clave porque muchas veces son las primeras en identificar dónde están las barreras reales dentro de las instituciones. Cuando esa experiencia se traduce en propuestas, evidencia y diálogo con quienes diseñan marcos regulatorios, se abre una oportunidad muy valiosa para transformar diagnósticos en reformas concretas.

Articular la experiencia de quienes viven esas desigualdades en su práctica profesional, la capacidad de la academia para producir evidencia y la posibilidad de las instituciones públicas de traducir ese conocimiento en reglas y políticas arma un engranaje clave para que el liderazgo de las mujeres en salud deje la excepción y forme parte del proceso natural de la gobernanza del sistema.

Cuando más voces participan en la construcción de las políticas sanitarias, el sistema de salud se vuelve más justo y más fuerte para todos.