“La equidad sanitaria no puede depender de donaciones tardías”

A poco más de un año de la adopción del nuevo acuerdo internacional sobre pandemias, el debate por su implementación revela tensiones entre países desarrollados y en desarrollo. En el centro de la discusión está cómo garantizar -o no- el acceso equitativo a vacunas, diagnósticos y tratamientos en futuras emergencias sanitarias, una deuda que dejó al descubierto la pandemia de COVID-19.

En la sede de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en Ginebra, los Estados negocian el Anexo sobre Acceso a Patógenos y Reparto de Beneficios (PABS), una pieza clave sin la cual el acuerdo no puede entrar en vigor. Este mecanismo busca regular un principio básico: que los países que comparten muestras de virus y datos científico, insumos esenciales para el desarrollo de tecnologías sanitarias, también accedan a los beneficios que de ellos se derivan.

Sin embargo, lejos de un consenso, las negociaciones exhiben un punto de quiebre. Más de 80 países en desarrollo impulsan la creación de contratos obligatorios que garanticen transferencia de tecnología, cooperación científica y acceso equitativo. Del otro lado, la Unión Europea, con el respaldo de algunos de sus Estados miembros, promueve un esquema de compromisos voluntarios por parte de la industria farmacéutica.

Ese modelo permitiría liberar apenas un 20% de la producción en una pandemia, con solo la mitad asegurada como donación. El resto quedaría sujeto a acuerdos comerciales. Para organizaciones de salud pública, esta propuesta no solo resulta insuficiente, sino que podría institucionalizar el acceso temprano para los países con mayor poder adquisitivo y demoras para el resto, con el riesgo de repetir la “fila VIP” en futuras pandemias.

“La equidad sanitaria no puede depender de donaciones tardías; requiere compromisos claros”, advirtió Francisco Rubio, director de Incidencia de AHF para América Latina y el Caribe. Y agregó: “Durante el COVID vimos cómo los países con más recursos aseguraban vacunas y tecnología médica mientras millones de personas en regiones como América Latina esperaban acceso a herramientas básicas para salvar vidas”.

Los antecedentes respaldan la preocupación de Rubio. En 2021, los países de altos ingresos, que representan apenas el 16% de la población mundial, concentraron al menos el 70% de las vacunas disponibles. América Latina, en tanto, con cerca del 8% de la población global, registró alrededor del 30% de las muertes por COVID-19. Estudios internacionales estiman que más de un millón de esas muertes podrían haberse evitado con una distribución más equitativa.

Aunque iniciativas como COVAX lograron distribuir unos 2.000 millones de dosis en 146 economías, no alcanzaron para revertir las asimetrías estructurales en el acceso. Para muchos países, la llegada de vacunas fue tardía, fragmentada y dependiente de decisiones externas.

Este escenario plantea la discusión sobre la equidad sanitaria como obligación o acto voluntario. Para AHF es indispensable que el acuerdo no avance sin cláusulas vinculantes de equidad, que los actores que se benefician del sistema contribuyan obligatoriamente a él, y que se garantice transparencia en el uso de los recursos biológicos compartidos.

También advierten sobre el riesgo de no contar con reglas claras de reparto de beneficios, provocando que los esfuerzos por desarrollar capacidades de producción regional -clave para reducir la dependencia externa- puedan verse debilitados.

“El acuerdo pandémico no puede permitir otra ‘fila VIP’”, insistió Rubio. “La lección del COVID es clara: cuando las reglas son débiles, la desigualdad se impone”.

Con negociaciones previstas durante todo 2026, el resultado definirá mucho más que un marco técnico, porque una vez más está en juego la posibilidad de corregir -o perpetuar- un sistema global de salud que, en momentos críticos, hasta ahora demostró beneficiar a los primeros de la fila.