Entre la evidencia y la decisión ordenar la salud sigue siendo el desafío

La incorporación o el rechazo de medicamentos, tratamientos y tecnologías en el sistema de salud argentino dejó de ser, al menos en parte, una decisión discrecional. En los últimos años, la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Excelencia Clínica (CONETEC) se consolidó como un actor técnico que introduce criterios de evidencia, costo-beneficio y equidad en un terreno históricamente atravesado por presiones económicas, judiciales y políticas.

Sin embargo, un estudio reciente que analiza por primera vez su desempeño integral expone una de las grandes debilidades del sector sanitario: ¿cuánto inciden realmente esas decisiones en la práctica clínica y en el funcionamiento del sistema?

La investigación muestra un organismo activo, con producción sostenida y creciente influencia, con datos que revelan que en siete años, la CONETEC elaboró 104 informes técnicos de evaluación de tecnologías sanitarias, incluyendo informes completos, rápidos y ultrarrápidos -estos últimos representaron el 56,7% del total-, además de guías de práctica clínica utilizadas en políticas públicas.

El perfil de esa producción da cuenta también de distintos niveles de prioridades: el 94% de las evaluaciones correspondió a medicamentos, mientras que solo el 3% abordó métodos diagnósticos y otro 3% dispositivos; mientras que por área terapéutica, el 29,8% de los informes se centró en enfermedades onco-hematológicas, el 25% en transmisibles, el 24% en no transmisibles y el 21,2% en patologías poco frecuentes.

En términos de decisiones, los 36 informes completos generaron 86 recomendaciones, de las cuales el 57% fueron a favor de cobertura condicional, el 36% recomendaron no cubrir y apenas el 7% avalaron cobertura total.

Este despliegue técnico se complementa con una encuesta a actores del sistema, con 108 respuestas sobre 208 invitaciones (51,9% de tasa de respuesta), que mostró que el 75% utilizó los informes de CONETEC, mientras que un 13% no los usó directamente pero conoce casos donde sí fueron aplicados.

El uso principal fue para definir políticas de cobertura (72%), seguido por su aplicación en respuestas a amparos judiciales (33%), evaluaciones económicas (23%), educación (21%) y práctica clínica (18%).

El impacto también se refleja en la circulación de sus informes: solo para 64 publicaciones se registraron 13.274 visualizaciones y descargas acumuladas, lo que evidencia un interés sostenido en estos insumos para la toma de decisiones.

Pero donde el peso del organismo se vuelve más evidente es en el plano económico. Las evaluaciones de la CONETEC implican decisiones sobre tecnologías que representan USD 5.316 millones anuales. En ese universo, el organismo recomendó:

• no cubrir tecnologías por USD 3.221 millones (61%),
• cubrir bajo condiciones por USD 1.500 millones (28%),
• y cubrir plenamente por USD 594 millones (11%).

Además, las coberturas condicionales incluyeron exigencias de descuentos de entre 50% y 83,6% sobre el precio de venta, lo que refuerza su rol en la negociación y contención del gasto.

En términos acumulados, el impacto proyectado es aún mayor:

• USD 128.276 millones en tecnologías recomendadas para no cubrir,
• USD 78.711 millones en coberturas condicionales,
• y USD 38.015 millones en tecnologías a financiar.

El punto es que ese poder de orientación convive con una paradoja: no existe todavía una medición sistemática de sus efectos reales. Es decir, se sabe cuánto influye en la decisión de financiar o no una tecnología, pero no qué impacto tiene eso en la salud de la población, en la calidad de la atención o en la sostenibilidad del sistema en el mediano plazo.

Entonces, la CONETEC carece de autonomía plena y sus recomendaciones no son obligatorias para todos los subsectores de un sistema fragmentado y en la práctica, su capacidad de incidir depende tanto de la calidad de sus evaluaciones como de la voluntad de adopción por parte de actores con intereses diversos.

Aun así, el organismo logró instalar una lógica de decisiones más transparentes, con participación de pacientes y consultas públicas. Por ejemplo, en procesos de consulta pública se registraron 205 aportes en la etapa de evaluación (76% de pacientes) y 58 aportes en instancias de apelación, lo que refleja un intento de apertura hacia la sociedad.

El trabajo también muestra que la CONETEC tuvo intervenciones clave en momentos críticos, como la pandemia de COVID-19 y la viruela símica, donde sus informes ayudaron a ordenar decisiones en contextos de alta incertidumbre y también influyó en políticas sobre enfermedades poco frecuentes y medicamentos de alto costo, e incluso en la judicialización. Un dato clave es que hacia 2020, 8 de los 10 medicamentos más judicializados ya contaban con informes del organismo.

Sin embargo, sin indicadores claros sobre resultados en salud ni evaluaciones sobre su impacto real en el gasto, la toma de decisiones basada en evidencia corre el riesgo de quedar incompleta cuando es evidente que estos datos mejoran el sistema de salud.

En ese sentido, el propio trabajo plantea la necesidad de avanzar hacia métricas más robustas, ampliar la difusión, federalizar su alcance y fortalecer su institucionalidad, incluso con la posibilidad de una agencia nacional con mayor autonomía, para definir, con toda la evidencia disponible, cómo se distribuyen recursos, quién accede a qué tratamientos y bajo qué criterios.

Fuente: Donato M., Montero G., Hasdeu S., Dorati C., Torales S. Políticas sanitarias basadas en evidencia: la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Excelencia Clínica en Argentina. Revista Medicina (Buenos Aires), 2026.