El acceso a los medicamentos, un componente central del derecho a la salud, representa uno de los principales puntos de tensión de los sistemas de salud. La combinación de precios en aumento, la aparición constante de terapias innovadoras de alto costo y la ausencia de regulaciones efectivas revelan que son cada vez más los recursos destinados a medicamentos y al mismo tiempo, son mayores las dificultades para garantizar acceso equitativo.
En Argentina, con sus particulares características, el mercado farmacéutico no cuenta con un esquema robusto de regulación de precios, lo que permite aumentos sostenidos por encima de los ingresos de los ciudadanos. Al mismo tiempo, el sistema de salud reproduce desigualdades en el acceso y en la cobertura y es entonces cuando la política de medicamentos se convierte en una herramienta clave de la política sanitaria.
Pero el problema no se limita al precio. La forma en que el Estado organiza la compra, distribución y provisión de medicamentos también incide directamente en el acceso. Los modelos descentralizados, donde cada hospital o efector gestiona sus propias adquisiciones, suelen generar dispersión de precios, dificultades logísticas, escasa trazabilidad y una débil capacidad de planificación, lo que se traduce en ineficiencia del gasto público y desigualdad en el acceso según el territorio.
Sobre este escenario se inscribe el caso de la provincia de Buenos Aires, que concentra cerca de 17 millones de habitantes. Hasta 2023, el sistema funcionaba bajo un esquema descentralizado: múltiples programas, compras fragmentadas, distribución basada en estimaciones y sistemas de información no integrados. La consecuencia era un sistema con baja capacidad de seguimiento, heterogeneidad en tratamientos y dificultades para garantizar acceso sostenido.
Con este diagnóstico la provincia impulsó un cambio estructural en su política de medicamentos, orientado a la centralización e integración de procesos con una estrategia que incluyó la unificación de compras, la reorganización logística, el fortalecimiento de la producción pública y la implementación de sistemas de información interoperables que permitieran monitorear la trazabilidad de los medicamentos.
Los resultados de esta transformación fueron analizados en un estudio publicado en la Revista Panamericana de Salud Pública el 19 de marzo de 2026 , que compara el modelo descentralizado con el nuevo esquema centralizado e integrado en términos económicos y de acceso.
Garantizar acceso
Los datos muestran un fuerte impacto. En primer lugar, el acceso a medicamentos para usuarios registrados aumentó un 1071,20%, pasando de poco más de 14 mil personas a más de 165 mil en el período analizado; un incremento que además de reflejar mayor cobertura, pone de manifiesto la capacidad del sistema de identificar nominalmente a los pacientes y garantizar la continuidad de tratamientos.
En paralelo, la trazabilidad, una de las debilidades históricas del sistema, mejoró con la implementación de sistemas integrados que permitió monitorear el recorrido de los medicamentos desde su adquisición hasta su dispensa, reduciendo pérdidas, mejorando el control y fortaleciendo la transparencia.
A nivel impacto económico, la compra centralizada generó un ahorro promedio del 27,18% por unidad farmacéutica en comparación con el esquema previo, que en términos absolutos revela un ahorro estimado que alcanza los 32,6 millones de dólares, una cifra que da cuenta del peso que tienen las decisiones de gestión sobre el gasto sanitario.
Otro dato clave es el aumento de la producción pública de medicamentos, que se cuadruplicó durante el período analizado. Según el trabajo publicado, este crecimiento no solo permitió ampliar la oferta de medicamentos esenciales, sino también reducir la dependencia del mercado y mejorar la capacidad de negociación del Estado frente a proveedores privados.
El estudio concluye que la centralización e integración de la gestión -desde la adquisición hasta la distribución- permitió reducir los precios de compra, mejorar la logística y optimizar la trazabilidad en comparación con el modelo descentralizado, y subraya la estrategia de reorganizar el sistema para hacerlo más eficiente y equitativo.
Sin embargo, el caso también plantea interrogantes como la sostenibilidad de este tipo de políticas, que depende de la continuidad institucional, de la capacidad técnica del Estado y de un contexto económico que no siempre es favorable ni previsible. Además, persiste el desafío de los medicamentos de altísimo costo, cuyo impacto excede incluso a los sistemas más eficientes.
Aún así, la experiencia de la provincia de Buenos Aires aporta evidencia a un debate central en salud pública: cómo garantizar el acceso a medicamentos en contextos de restricción presupuestaria y mercados concentrados y cómo pensar la organización del sistema que priorice este eje en la politica sanitaria.