Patentes y salud: ¿qué está en juego con la adhesión argentina al PCT?

La posible adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) volvió a instalar el debate sobre propiedad intelectual, industria farmacéutica y acceso a medicamentos. El proyecto, impulsado por el gobierno de Javier Milei en el marco de los acuerdos bilaterales firmados con Donald Trump, obtuvo dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados el pasado 12 de mayo, aunque con modificaciones introducidas tras las presiones de laboratorios nacionales y cámaras empresarias.

Un plenario de las Comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, Legislación General e Industria le dio dictamen de mayoría al proyecto de ley venido en revisión del Senado luego de que el oficialismo aceptara incorporar cambios vinculados al Capítulo II del tratado, referido al examen preliminar internacional de patentabilidad, con el objetivo de resguardar ciertas facultades del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

¿Innovación o monopolio?

Un informe publicado por la Fundación Soberanía Sanitaria advierte sobre las implicancias sanitarias, económicas e industriales de una eventual adhesión al sistema administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y sostiene que, aunque el PCT suele presentarse como un mecanismo “técnico” destinado a simplificar trámites de patentamiento internacional, sus efectos exceden el plano administrativo. “La discusión de fondo no gira en torno a la innovación o la simplificación de procedimientos, sino sobre qué nivel de monopolización puede tolerar un sistema sanitario sin afectar el derecho efectivo a la salud”, plantea el documento.

El tratado permite realizar una única solicitud internacional de patente con potencial alcance sobre todos los países adheridos. Si bien cada Estado mantiene formalmente la potestad de aprobar o rechazar una patente, desde distintos sectores advierten que los informes técnicos emitidos en el marco de la OMPI podrían condicionar las decisiones locales.

En ese sentido, también dejó en clara su postura la Fundación GEP y señaló: “Cuando ese informe internacional concluye que una solicitud cumple con los requisitos para obtener una patente, la presión sobre el examinador nacional para otorgar la patente se vuelve considerablemente mayor”.

La preocupación central de organizaciones sanitarias y sectores industriales radica en el posible impacto sobre los precios de los medicamentos, la producción de genéricos y la autonomía regulatoria del país. Argentina mantuvo históricamente una posición de rechazo al PCT desde 1970 para preservar márgenes de regulación soberana y favorecer el acceso a medicamentos genéricos.

El documento advierte además que la expansión internacional de las patentes puede consolidar mercados altamente concentrados, particularmente en áreas como medicamentos oncológicos, terapias biotecnológicas y antivirales de alto costo. “Los sistemas públicos de salud enfrentan crecientes dificultades presupuestarias para garantizar cobertura universal y acceso sostenido a tratamientos esenciales”, remarca el informe.

Uno de los puntos más sensibles del debate es el fenómeno conocido como “evergreening”, mediante el cual las empresas extienden monopolios mediante nuevas patentes sobre modificaciones menores de productos ya existentes, estrategias que tienden a retrasar la entrada de competidores genéricos y biosimilares al mercado.

Reparos de la industria local

Desde el sector industrial local también expresaron reparos frente a la adhesión plena al tratado. La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) sostuvo que avanzar sin reservas podría perjudicar a la industria nacional y obstaculizar la producción de medicamentos genéricos y biosimilares.

En un comunicado la entidad reclamó preservar las facultades soberanas del INPI y cuestionó los mecanismos que podrían favorecer la extensión artificial de monopolios farmacéuticos. Además, la cámara insistió en la necesidad de proteger a los laboratorios de capital nacional frente a tratados internacionales de propiedad intelectual.

Las negociaciones parlamentarias reflejaron esas tensiones. El dictamen de mayoría aprobado en Diputados incorporó modificaciones orientadas a limitar algunos alcances del sistema de examen preliminar internacional, luego de la presión ejercida por laboratorios nacionales y cámaras empresariales.

Mientras el Gobierno argumenta que la adhesión al PCT permitiría “modernizar” el sistema de patentes y atraer inversiones, sectores sanitarios, industriales y académicos advierten sobre los riesgos de profundizar un modelo de concentración tecnológica y dependencia externa.

Para la Fundación Soberanía Sanitaria, el debate excede la cuestión administrativa y plantea una discusión estratégica sobre el modelo de desarrollo y el rol del Estado. “La adhesión al PCT no puede analizarse exclusivamente desde una lógica de simplificación administrativa o atracción de inversiones”, sintetiza el informe y concluye: “El debate involucra decisiones estratégicas sobre el modelo de desarrollo, el rol del Estado en materia sanitaria y la consideración de los medicamentos como bienes sociales esenciales y no únicamente como activos comerciales sujetos a mecanismos de maximización de rentabilidad”.