Prestadores de salud advierten que la crisis de financiamiento pone en tensión la red de atención de PAMI

Las principales entidades que representan a prestadores privados con convenio con PAMI advirtieron sobre una situación de creciente tensión financiera que, según sostienen, podría afectar la continuidad de los servicios médicos para millones de jubilados y pensionados en todo el país.

A través de un comunicado conjunto, las asociaciones prestadoras -entre ellas ADECRA, CAPRESS, ACAMI, FECLIBA, Salud Federal y CONFECLISA- señalaron que la falta de una actualización adecuada de los aranceles, el atraso acumulado en los valores que perciben por las prestaciones y la aplicación de débitos que consideran injustificados están comprometiendo la capacidad de numerosas instituciones para sostener la atención en condiciones normales.

Las entidades afirmaron que la problemática fue reconocida durante reuniones mantenidas con autoridades del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), aunque consideraron insuficientes las medidas anunciadas hasta el momento para revertir la situación.

Según detallaron, los valores abonados por el organismo presentan actualmente un atraso acumulado del 102%. En ese contexto, indicaron que PAMI prevé incrementos de 1,9% para junio y otro 1,9% para julio de 2026, ajustes que, además, impactarían recién en las liquidaciones correspondientes a agosto y septiembre.

"De persistir este escenario, podrían verse afectadas la continuidad de las prestaciones, la capacidad operativa de los establecimientos de salud y el acceso oportuno a la atención médica por parte de millones de afiliados en todo el país", señalaron las organizaciones en el documento.

La advertencia se produce en un contexto en el que el sector privado mantiene un rol central dentro del sistema sanitario argentino. Las entidades remarcaron que más de la mitad de las camas de internación del país pertenecen a establecimientos privados, por lo que cualquier dificultad en su funcionamiento tiene consecuencias sobre la capacidad general de respuesta del sistema de salud.

El planteo pone en debate uno de los desafíos estructurales de la atención sanitaria para adultos mayores: la sustentabilidad financiera de los prestadores que integran la red asistencial de PAMI, la obra social más grande del país, que brinda cobertura a millones de jubilados y pensionados.

Frente a este escenario, las organizaciones aseguraron que su objetivo continúa siendo preservar la atención de los beneficiarios y sostener el funcionamiento de los servicios. Al mismo tiempo, reclamaron la adopción urgente de medidas que permitan recuperar condiciones de financiamiento que consideren adecuadas y previsibles.

Entre las propuestas planteadas, solicitaron avanzar hacia un esquema de actualización de valores que refleje los costos reales del sector, desarrollar un modelo prestacional más simple y sostenible, revisar los mecanismos de contratación y financiamiento de determinadas prestaciones específicas y establecer criterios más claros y fundamentados para la aplicación de débitos y ajustes sobre la facturación.

Las entidades sostuvieron que la implementación de estas medidas contribuiría a garantizar la continuidad de la atención médica, proteger a las instituciones prestadoras y preservar el acceso a la salud de los afiliados.

"La salud de millones de jubilados y pensionados requiere soluciones urgentes, previsibles y sostenibles que permitan preservar la calidad y continuidad de la atención en todo el país", concluyeron.