"La salud pública no se mide por el número de camas de hospital que llenamos, sino por el número de enfermedades que logramos evitar que entren por la puerta de las casas."
— Dr. Ramón Carrillo (Neurocirujano, neurobiólogo y primer ministro de Salud de la Argentina).
En el análisis de las políticas públicas de América Latina, la Argentina presenta una marcada distorsión estructural: durante las últimas décadas, el volumen de recursos destinados a la asistencia y contención social creció de forma sostenida, Sin embargo, los datos económicos y sanitarios exponen una profunda y crónica brecha de eficiencia epidemiológica.
Cuando la asignación de fondos se desvincula de los determinantes ambientales de la salud -como el acceso universal al agua potable y a las redes de saneamiento seguro- el gasto se transforma en un mecanismo paliativo. Se destinan ingentes recursos a la atención médica secundaria en las guardias hospitalarias, pero se devuelve al paciente al mismo entorno ambiental que originó la patología, perpetuando el ciclo de la infección.
1. El retroceso relativo y la fragmentación territorial
A mediados del siglo XX, el país lideraba los indicadores de infraestructura hídrica en América Latina. Mientras que países como Chile y Uruguay han consolidado coberturas de agua potable urbana que rozan el
Este promedio oculta una severa fragmentación territorial. En las provincias del Norte Grande Argentino (NEA y NOA), así como en los cordones periurbanos que rodean al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la cobertura formal de redes seguras desciende a niveles inferiores al
La literatura económica y los modelos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) demuestran que la universalización del saneamiento básico es la intervención con mayor impacto en la expectativa de vida, aportando un promedio de hasta 10 Años de Vida Ganados (AVG) a las poblaciones vulnerables al cortar de raíz la mortalidad infantil por causas hídricas.
2. Contracción presupuestaria y el impacto en colectivos desfavorecidos
A partir del año 2023, la Argentina aplicó una severa reducción de la dotación presupuestaria para el rubro de infraestructura de agua y saneamiento, sufriendo una contracción superior al
El impacto de este desfinanciamiento se traduce de inmediato en el mapa de las enfermedades infectocontagiosas, reflejando un simultáneo crecimiento de la mortalidad infantil por causas enteramente evitables. Este retroceso sanitario golpea con asimétrica crueldad a los colectivos más desfavorecidos, En estos asentamientos, la falta de acceso a fuentes de agua bacteriológicamente seguras se combina con la desnutrición crónica, elevando las tasas de letalidad por deshidratación y diarreas agudas a niveles críticos.
3. Proyección para 2026: La inercia del daño estructural
Durante 2026, la falta de expansión de las redes de agua y cloacas, sumada al deterioro por falta de mantenimiento de la infraestructura existente, proyecta una consolidación del incremento de la mortalidad infantil en los deciles de menores ingresos, revirtiendo los lentos avances logrados en las primeras dos décadas del siglo.
Los manuales de economía de la salud del Banco Mundial repiten una constante: cada dólar invertido en agua potable y saneamiento genera un ahorro de entre 4 y 5 dólares en el presupuesto de salud pública. Este retorno se deriva de la menor ocupación de camas hospitalarias, la reducción del gasto en medicamentos de alta complejidad, la disminución de los días de escolaridad perdidos y la caída del ausentismo laboral de la población activa.
Enfrentamos una fragmentación institucional donde las empresas prestatarias del servicio de agua planifican bajo criterios disociados de los mapas de alerta epidemiológica de los Ministerios de Salud.
La volatilidad macroeconómica argentina corona este círculo vicioso. Los proyectos de infraestructura hídrica pesada exigen horizontes de previsibilidad y financiamiento plurianual. La reducción de partidas ejecutada a partir de 2023 paralizó los contratos, transformando las obras inconclusas en pasivos ambientales que para 2026 encarecen exponencialmente cualquier intento de reactivación, mientras la población sigue pagando el costo sanitario en el territorio.
(*) Director del Centro de Altos Estudios en Tecnologías de la Información y la Comunicación en Salud Digital TICSAD. Universidad Isalud.