¿Cómo sostener un sistema de salud que debe incorporar medicamentos cada vez más innovadores y costosos con recursos que crecen mucho menos que las necesidades sanitarias? La pregunta atravesó prácticamente todas las mesas de las 23.ª Jornadas Federales y 22.ª Internacionales de Política, Economía y Gestión de los Medicamentos, organizadas por la Federación Farmacéutica Argentina (FEFARA), y terminó funcionando como un hilo conductor entre debates que, a primera vista, parecían abordar problemáticas diferentes.

La discusión sobre la farmacia digital, el financiamiento de PAMI y de las obras sociales, la necesidad de una Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, el futuro de las patentes farmacéuticas y el rol de la industria nacional convergieron en una misma preocupación: cómo garantizar el acceso a los medicamentos sin comprometer la sustentabilidad del sistema.

Más que respuestas definitivas, el encuentro dejó un diagnóstico compartido y una agenda de transformaciones que involucra a todos los actores del sector.

Un problema que no es exclusivamente financiero

Si bien el lema de las jornadas fue "Sustentabilidad sanitaria: rol de profesionales y entidades de salud", las exposiciones mostraron que la discusión excede ampliamente el equilibrio de las cuentas.

El envejecimiento poblacional, el crecimiento de las enfermedades crónicas, la llegada de terapias génicas y medicamentos de alto costo, junto con la incorporación permanente de nuevas tecnologías, modificaron la ecuación tradicional del sistema sanitario.

Durante la apertura, el presidente de FEFARA, Damián Sudano, defendió el rol del farmacéutico como agente sanitario y planteó que la innovación no puede desarrollarse al margen de la regulación. «El acceso al medicamento va en camino a ser digital, pero tiene que estar regulado, y es importante que nosotros como farmacéuticos participemos de ese proceso», afirmó.

Por su parte, la presidenta de COFA Alejandra Gómez, amplió el concepto al señalar que la sustentabilidad "atraviesa a todos" y obliga a construir respuestas colectivas. «Tenemos que garantizar el acceso del paciente al medicamento y también el acceso de la farmacia a todos los medicamentos», sostuvo.

La idea de que ningún actor podrá resolver en soledad los desafíos del sistema apareció reiteradamente durante las jornadas.

El consenso más sólido

Si hubo un punto de encuentro entre financiadores públicos, obras sociales, académicos y farmacéuticos fue la necesidad de crear una Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias capaz de analizar evidencia clínica, costo-efectividad e impacto presupuestario antes de incorporar nuevas prestaciones.

El PAMI mostró cómo viene aplicando ese esquema para la incorporación de medicamentos innovadores y su subdirector ejecutivo, Carlos Zamparolo, explicó que cada nueva molécula atraviesa evaluaciones regulatorias, clínicas y económicas antes de ingresar al vademécum del Instituto. «El medicamento correcto tiene que llegar al paciente correcto, con la indicación correcta», resumió.

La Superintendencia de Servicios de Salud también respaldó la creación de una agencia independiente. En este punto, Claudio Stivelman sostuvo que la incorporación de nuevas tecnologías debe apoyarse en evaluaciones objetivas y sin conflictos de interés, en un escenario donde el Fondo Solidario de Redistribución enfrenta dificultades para financiar tratamientos de alto costo.

Desde las obras sociales la conclusión fue similar. Andrea Kobrin, gerente médica de OSPE, reconoció que hoy cada financiador termina construyendo sus propios mecanismos de evaluación. «Cada organización termina haciendo su propia evaluación de tecnología, supliendo la falta de una organización nacional que lo haga», señaló.

La coincidencia entre organismos públicos, financiadores y especialistas convirtió a la evaluación de tecnologías en uno de los consensos más contundentes del encuentro.

Gestionar mejor, más que gastar más

Otro de los mensajes transversales fue que la sustentabilidad no dependerá solamente de mayores recursos sino de mejores modelos de gestión. Carlos Vassallo, profesor de Salud Pública de la Universidad Nacional del Litoral y director ejecutivo del Instituto de Economía del Bienestar, sostuvo que el principal atraso del sistema no está en la tecnología sino en la organización. «Seguimos incorporando equipamiento sofisticado y medicamentos innovadores con modelos de gestión diseñados hace 20 o 30 años», advirtió y propuso avanzar hacia una lógica de generación de valor, con información de calidad, evaluación permanente de resultados y profesionalización de la gestión sanitaria.

En la misma línea, los financiadores coincidieron en impulsar mecanismos de pago por resultados, acuerdos de riesgo compartido con la industria, modelos de contratación innovadores e interoperabilidad de la información clínica.

El financiamiento llegó a un límite

Otro de los análisis sobre el presente del sistema fue el presentado por Gustavo Martínez, jefe de Gabinete del IOMA, la segunda obra social más grande del país. Su exposición vinculó el crecimiento del gasto sanitario con un contexto de caída del empleo formal, menor recaudación, reducción de las transferencias a las provincias y aumento constante del costo de los medicamentos. Martínez recordó que la salud constituye un mercado imperfecto donde la demanda no puede regular el consumo y afirmó que «la salud es un mercado imperfecto por su propia naturaleza: depende de la oferta y no de la demanda. En este, los financiadores que caen primero terminan empujando al abismo a los que quedan en pie».

El economista propuso avanzar hacia un sistema integrado de información sanitaria y nuevos mecanismos de pago basados en resultados. «La única forma de bajar costos es la escala; no veo otra salida que soñar con un sistema integrado, al menos en la información, y avanzar hacia el pago por resultados» dijo y su diagnóstico dialogó con el de otros financiadores, que advirtieron sobre la creciente presión que ejercen las terapias innovadoras sobre un modelo contributivo cuya base de aportantes se reduce año tras año.

¿Es sostenible el modelo actual?

Gabriel Lebersztein, gerente médico de OSECAC, llevó ese razonamiento un paso más allá y a partir del análisis de la evolución de distintos tratamientos oncológicos durante la última década mostró cómo el costo de incorporar nuevas tecnologías crece muy por encima de los salarios y de los ingresos de las obras sociales.

«El sistema de salud financiado a través del bolsillo de la gente, por la cuota o por el salario, se terminó», afirmó y su exposición volvió sobre uno de los conceptos más repetidos durante las jornadas: la necesidad de abandonar el debate centrado únicamente en el precio para comenzar a discutir el valor que generan las tecnologías sanitarias. Lebersztein también reivindicó un cambio en el rol profesional del farmacéutico y sostuvo que «el farmacéutico debe ser remunerado por el servicio farmacéutico y no por entregar medicamentos.»

Farmacia digital: un cambio inevitable, pero regulado

La transformación digital también ocupó un lugar destacado y tanto FEFARA como el PAMI coincidieron en que la digitalización del acceso a los medicamentos representa un proceso irreversible aunque la discusión pasó por quién controla ese proceso y cuál será el lugar del farmacéutico.

«Para el PAMI, la farmacia digital viene a ser una herramienta más del farmacéutico; nos van a encontrar defendiendo la farmacia», aseguró Zamparolo y coincidieron en que la innovación tecnológica no debe debilitar la red de farmacias ni comprometer la seguridad del paciente.

Patentes: el debate que trasciende a la industria

Si las discusiones sobre financiamiento mostraron los límites económicos del sistema, el panel dedicado a propiedad intelectual expuso otro aspecto decisivo de la sustentabilidad: las reglas que determinarán cómo llegan las innovaciones al país y cuál será el equilibrio entre incentivos a la investigación, competencia y acceso a los medicamentos.

La mesa reunió a representantes del Gobierno nacional, la industria farmacéutica innovadora, los laboratorios nacionales y especialistas en propiedad intelectual.

El intercambio giró alrededor de la eventual adhesión argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), la protección de la innovación, el futuro de la producción nacional y la posibilidad de ampliar la importación de medicamentos.

Desde la industria innovadora, el abogado Ignacio Sánchez Echagüe sostuvo que el país mantiene rezagos respecto de los estándares internacionales y defendió la incorporación al PCT. «El problema de no estar en el PCT no lo tienen las multinacionales: lo tienen los usuarios nacionales, el CONICET y los investigadores locales», afirmó en tanto que también se puso el foco en la competencia como herramienta de acceso.

En representación de los laboratorios nacionales, Mariano Genovesi de CILFA defendió la capacidad productiva argentina y rechazó los mecanismos que extienden artificialmente la duración de las patentes. «Respetamos las patentes; lo que queremos es estar en el mercado el día 20 más uno», resumió.

Desde el Gobierno, Alejandro Cacace del ministerio de Desregulación respaldó la adhesión al PCT y una mayor apertura comercial para facilitar el ingreso de medicamentos aprobados por agencias regulatorias de referencia internacional, aunque aclaró que no está prevista ninguna extensión de los plazos legales de las patentes.

Más allá de las diferencias, el panel dejó en evidencia que la discusión sobre propiedad intelectual dejó de ser exclusivamente jurídica para convertirse en un componente central de la política sanitaria, la política industrial y la sostenibilidad del sistema.

Las Jornadas de FEFARA dejaron como conclusión que el sistema sanitario argentino enfrenta desafíos que ya no pueden abordarse de manera aislada.

La evaluación de tecnologías sanitarias, la reorganización del financiamiento, la digitalización de la farmacia, la interoperabilidad de la información clínica, los nuevos modelos de pago, la política de patentes y el acceso a la innovación aparecieron como piezas de un mismo rompecabezas.

Las respuestas propuestas fueron diversas y, en algunos casos, contrapuestas. Sin embargo, hubo un consenso transversal: sostener el acceso a medicamentos cada vez más complejos exigirá instituciones capaces de evaluar mejor, gestionar con mayor eficiencia y coordinar políticas entre sectores que históricamente funcionaron de manera fragmentada.