Argentina obtuvo 79 puntos sobre 100 en el Índice Global de Interferencia de la Industria del Tabaco 2025, una medición internacional que evalúa hasta qué punto los gobiernos protegen las políticas públicas de los intereses comerciales de las empresas tabacaleras. En este ranking, un puntaje más alto refleja un mayor grado de interferencia de la industria en la toma de decisiones estatales.

El informe, elaborado a partir de los lineamientos del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sitúa al país entre aquellos donde la influencia de las compañías tabacaleras continúa siendo una preocupación para la salud pública.

Uno de los principales hallazgos es el incremento de las interacciones entre funcionarios nacionales y representantes de la industria durante 2024. Según el reporte, se mantuvieron reuniones con una empresa tabacalera para discutir la apertura del mercado de cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentado, en el marco de propuestas de inversión por varios millones de dólares.

Esa apertura terminó concretándose a comienzos de mayo de este año mediante una resolución oficial, una decisión que, según advierten las organizaciones que participaron en la elaboración del índice, se adoptó sin evidencia científica que respaldara la medida y sin instancias de consulta con la comunidad académica, las organizaciones de la sociedad civil ni los especialistas en control del tabaco.

El informe también cuestiona los mecanismos de transparencia existentes en Argentina. Si bien existe un registro de audiencias públicas para documentar reuniones entre funcionarios y actores privados, señala que la información publicada suele ser incompleta, lo que dificulta conocer el contenido y el alcance de los encuentros mantenidos con representantes de la industria tabacalera.

A esto se suma la ausencia de un registro nacional de empresas, asociaciones y grupos de presión vinculados al sector, lo que limita el seguimiento de sus actividades de lobby.

Otro de los aspectos señalados es el uso de programas de responsabilidad social empresaria (RSE) por parte de las tabacaleras. El documento indica que la legislación argentina no regula este tipo de iniciativas, lo que permite a las compañías desarrollar proyectos vinculados con acceso al agua, educación rural, desarrollo infantil o cuidado ambiental en articulación con organizaciones de la sociedad civil.

El informe dedica un capítulo a los beneficios obtenidos por la industria a través de cambios regulatorios y decisiones judiciales.

Entre ellos menciona la eliminación, durante la reforma tributaria de 2024, del impuesto mínimo a los cigarrillos, una modificación que benefició especialmente a las principales compañías del mercado al permitirles reducir los precios de sus marcas más económicas y ampliar su participación comercial.

También advierte sobre posibles conflictos de interés y recuerda que la legislación argentina no prohíbe los aportes de la industria tabacalera a campañas electorales, un aspecto considerado de riesgo para la independencia de las políticas públicas.

Un marco regulatorio incompleto

El índice señala que Argentina aún presenta importantes vacíos normativos para prevenir la interferencia de la industria.

Entre ellos destaca la inexistencia de códigos de conducta específicos que regulen la relación entre funcionarios y empresas tabacaleras, la falta de normas que impidan recibir contribuciones o regalos del sector y la ausencia de obligaciones para transparentar actividades de lobby, publicidad o responsabilidad social empresaria.

Aunque la Ley Nacional de Control del Tabaco impide la participación de la industria en la Comisión Nacional de Control del Tabaco, el informe considera que esas medidas resultan insuficientes frente a otras vías de influencia.

Asimismo, recuerda que Argentina continúa siendo uno de los pocos países de la región que todavía no ratificó el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS, el principal tratado internacional para reducir el consumo de tabaco y proteger las políticas sanitarias de los intereses de la industria.

Frente a este escenario, el Índice Global de Interferencia de la Industria del Tabaco formula una serie de recomendaciones para fortalecer la independencia de las políticas públicas.

Entre las principales propone adoptar un Código de Conducta que establezca reglas de transparencia para todas las interacciones entre funcionarios y representantes de la industria; crear un registro nacional y provincial de empresas, asociaciones y grupos de presión incluyendo organizaciones vinculadas al vapeo; regular las actividades de responsabilidad social empresaria y exigir informes públicos periódicos sobre esas acciones.

También recomienda avanzar en una reforma tributaria sobre el tabaco mediante un debate parlamentario abierto y basado en evidencia científica, con participación de la sociedad civil, el sector salud y la academia, orientada a incrementar los precios de los productos de tabaco, reducir su asequibilidad y disminuir el consumo.

El informe concluye que proteger las políticas sanitarias de la influencia de la industria tabacalera constituye un requisito indispensable para cumplir con los compromisos internacionales en materia de control del tabaco y garantizar que las decisiones públicas respondan prioritariamente a criterios de salud y no a intereses comerciales.