Entre enero y junio de 2026, la salud argentina vivió tres movimientos simultáneos que, a primera vista, parecen contar historias distintas. El Estado nacional recortó presupuesto sanitario en importantes porcentajes, las obras sociales perdieron cantidad de afiliados e ingresos medios y las prepagas subieron sus cuotas mes a mes, en algunos casos por encima de la inflación general. En el medio de los tres, el paciente que absorbió la diferencia.

No son fenómenos aislados. Son la misma ecuación de gasto en salud vista desde actores distintos y entenderla en conjunto, no por partes, es el objetivo de este balance semestral.

El ancla: la inflación general del semestre

El IPC de marzo de 2026 fue del 3,4%, superando las proyecciones de consultoras privadas y del propio Relevamiento de Expectativas de Mercado. Con ese dato, la inflación acumulada del año llegó al 9,4% en el primer trimestre. Abril marcó una desaceleración, con un 2,6%, y mayo profundizó esa tendencia con un 2,1% -el valor más bajo desde septiembre de 2025-, llevando el acumulado de los primeros cinco meses al 14,7%. Para junio, tanto el Gobierno como las consultoras privadas esperaban que la desaceleración continuara, lo que cerraría el semestre con una inflación acumulada sensiblemente más baja que la de igual período de 2025, aunque todavía lejos del objetivo de desinflación que el equipo económico se propuso para el año.

Es una inflación que viene desacelerando respecto a los picos históricos -2024 cerró con una inflación anual del 117,8% y 2025 con un 31,5%, el número más bajo de los últimos ocho años- pero que sigue corriendo, mes a mes, por encima de cualquier ingreso fijo. Sobre ese piso se montan las dos historias que de verdad importan para la economía de la salud: lo que pagó el bolsillo privado y lo que dejó de pagar el Estado.

Lo que pagó el bolsillo: las prepagas, mes a mes

El primer semestre de 2026 mostró un patrón consistente en el sector de medicina prepaga: ajustes mensuales que, en la mayoría de los casos, igualaron o superaron levemente la inflación general de los meses anteriores.

En marzo, las prepagas confirmaron subas entre el 2,9% y el 3,2%, por encima del IPC de enero que había sido del 2,9%. En abril, el ajuste estuvo en línea con la inflación de febrero, también del 2,9%. En mayo, los aumentos rondaron entre el 3,2% y el 3,4%, siguiendo el IPC de marzo. El acumulado del primer trimestre de 2026 en cuotas de prepagas llegó al 7,6%. En junio, los incrementos alcanzaron hasta el 2,9%, en varios casos por encima de la inflación de abril, que había sido del 2,6%.

El dato más revelador de todo el semestre es la comparación interanual: el costo de la medicina prepaga subió en promedio un 29,7% interanual en todo el país y en el Gran Buenos Aires. Comparado con una inflación general que viene desacelerando, la salud privada está corriendo a un ritmo propio, empujada por una estructura de costos que las propias empresas explican de manera consistente: insumos médicos, honorarios profesionales, alquileres y servicios tercerizados, varios de ellos con componente dolarizado.

Lo que el Estado dejó de pagar

Mientras el sector privado ajustaba sus cuotas mes a mes, el otro extremo del sistema atravesaba el proceso inverso: una contracción presupuestaria de magnitud histórica.

Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), donde se analiza la dinámica de la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional durante mayo de 2026, la Superintendencia de Servicios de Salud registró una caída real del 64% en su ejecución respecto de 2023, el Instituto Malbrán cayó 33% y la ANMAT 41%. En los hospitales nacionales, las caídas fueron generalizadas: el Hospital Baldomero Sommer cayó 50%, el Hospital de Salud Mental Laura Bonaparte 51%, el Hospital Posadas 33% y el Hospital Ramón Carrillo 45%, siempre en comparación con 2023 y a valores constantes.

El recorte no quedó en el nivel nacional. Las transferencias corrientes a provincias y municipios en la función Salud se desplomaron 98,8% interanual en términos reales durante abril, con una caída acumulada del 92,6% en el primer cuatrimestre del año. El programa Remediar, históricamente uno de los pilares de acceso a medicamentos en el primer nivel de atención, sufrió un desplome concreto: Santa Fe recibió cerca de 2 millones de tratamientos en 2024, la cifra bajó a 920.000 en 2025, y en el primer cuatrimestre de 2026 apenas llegó a 175.000 con el programa reduciendo su cobertura de 79 medicamentos gratuitos a solo 3.

A mediados de mayo, una nueva Decisión Administrativa recortó otros $63.021 millones de la administración central del Ministerio de Salud, con $3.196 millones adicionales recortados en la Administración Nacional de Establecimientos de Salud y $1.743 millones en la Superintendencia de Servicios de Salud.

El problema de las obras sociales

Un informe de la CGT publicado en abril de 2026 puso números a esa crisis: el promedio de recaudación del sistema se ubica en $67.525 por beneficiario, mientras que el costo estimado del Programa Médico Obligatorio para marzo de ese año alcanza los $85.000 per cápita —una brecha cercana al 25% que vuelve inviable la cobertura plena de las prestaciones. La consecuencia es que más de 11 millones de beneficiarios, el 78,5% del padrón total, no generan los recursos suficientes para financiar la cobertura a la que tienen derecho, y la mayor parte de las obras sociales depende hoy del auxilio financiero de sus propios sindicatos para no caer en cesación de pagos.

«El 80% de las obras sociales, con su recaudación actual, no cubren el Programa Médico Obligatorio, y que uno de cada cuatro jubilados no accede a sus medicamentos. El PAMI, perdió el 40% de su presupuesto».

A esa brecha estructural se sumó, durante el semestre, una pérdida concreta de aportantes. Más de 740.000 personas dejaron de tener cobertura de salud formal en los últimos dos años, según datos relevados en mayo de 2026, un desplazamiento que recae, en última instancia, sobre el sistema público. El propio diseño de la reforma laboral en discusión profundiza la tendencia: una baja de un punto en la alícuota patronal sobre obras sociales generaría una pérdida mensual cercana a los $16.500 millones para el Fondo Solidario de Redistribución, y el sector podría perder hasta $90.000 millones mensuales en su conjunto, justo cuando el sistema ya opera, según sus propios técnicos, en un punto cercano al colapso.

El vaso comunicante: dónde aparece la presión que no se resuelve

Acá está el dato que conecta las tres partes de este balance y que ningún informe sectorial, mirado de manera aislada, deja ver con claridad.

En Neuquén, de un universo de aproximadamente 69.000 afiliados de PAMI, 43.473 son usuarios activos del sistema público de salud -una cifra que creció sostenidamente desde los 38.423 registrados al inicio del período comparado. Es decir: en simultáneo con la caída del presupuesto hospitalario nacional, crece la cantidad de personas con cobertura formal -PAMI, obra social, prepaga- que en la práctica termina atendiéndose en el sistema público porque su cobertura formal no le alcanza para resolver lo que necesita.

Distintas fuentes del sistema público coinciden en algo similar a nivel nacional: una proporción significativa de las personas que hoy se atienden en hospitales públicos tiene, en teoría, obra social o prepaga. A pesar que el sistema privado sube sus cuotas para cubrir costos crecientes, los prepagos y las obras sociales pierden poder real de cobertura, entonces una parte de sus afiliados igual termina dependiendo del sistema público, justo en el momento en que ese sistema público recibe menos transferencias que en cualquier período comparable de los últimos años.

Esa es la verdadera fotografía del semestre: no es que un sector «gana» y otro «pierde» de manera neta. Es que la presión de costos no se resolvió en ninguna parte del sistema y se trasladó, de un bolsillo a otro, hasta encontrar al actor con menos capacidad de ajustar precios o de negociar: el paciente que depende exclusivamente de lo público, justo cuando lo público tiene menos para dar.

En resumen

Este balance no pretende emitir un juicio sobre si el ajuste fiscal en salud es correcto o si las prepagas suben «demasiado». Esa discusión, legítima, excede el objetivo de esta nota y depende de variables políticas y técnicas que merecen su propio análisis.

Lo que el primer semestre de 2026 deja, en términos de economía de la salud pura, es un mecanismo nítido: tres actores -Estado, financiadores privados y obras sociales- ajustando simultáneamente sus propias cuentas, sin que ese ajuste resuelva la tensión de fondo. La tensión solo se traslada. Y se traslada, sistemáticamente, hacia quien tiene menos margen para resistirla.

Entender ese mecanismo -antes que indignarse o resignarse frente a él- es el primer paso para diseñar políticas que lo corten en algún punto de la cadena, en lugar de seguir viendo cómo da una vuelta más.

(*) Director General Adjunto del Hospital Carlos Durand. Profesor Universitario