La obesidad dejó hace tiempo de ser un problema asociado exclusivamente a los hábitos de vida. La evidencia científica la define como una enfermedad crónica, compleja y multifactorial. Sin embargo, en Argentina el debate sobre cómo garantizar el acceso a un tratamiento integral continúa empantanado en el Congreso.

Un nuevo proyecto de ley, presentado este año, busca actualizar la normativa vigente desde 2008 e incorporar el conocimiento científico disponible, incluyendo las nuevas terapias farmacológicas aprobadas por la ANMAT y un abordaje multidisciplinario. Pero, al igual que ocurrió con una iniciativa presentada en 2024 que perdió estado parlamentario un año después sin llegar a debatirse, su futuro permanece incierto.

Para el doctor Jorge Harraca, expresidente de la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad (SACO), la demora no es un problema administrativo sino sanitario.

«Parece existir un temor a que esta ley se traduzca en un mayor gasto para el Estado y, al mismo tiempo, la problemática no encuentra lugar en la agenda pública de la salud», sostiene.

Una discusión que define el acceso

El núcleo del debate excede el texto de una ley. Según Harraca, lo que está en discusión es cómo entiende el sistema de salud a la obesidad.

Actualmente, explica, en la práctica sigue predominando una mirada que la considera principalmente un factor de riesgo para otras enfermedades. Esa definición tiene consecuencias concretas: condiciona el acceso a tratamientos médicos, farmacológicos y quirúrgicos y favorece intervenciones fragmentadas, muchas veces cuando las complicaciones ya están instaladas.

«Este enfoque permite visualizar la problemática como un gasto en prevención y no como una obligación de garantizar tratamientos médicos, quirúrgicos o farmacológicos», afirma.

El nuevo proyecto propone reconocer a la obesidad como una enfermedad metabólica compleja, asociada a alteraciones hormonales y mecanismos biológicos que regulan el apetito y la saciedad, en línea con el consenso científico internacional.

El costo de esperar

Uno de los argumentos que, según los impulsores de la iniciativa, explica la falta de avances es el impacto presupuestario que implicaría ampliar la cobertura de tratamientos.

Pero Harraca sostiene que esa mirada ignora los costos que ya genera la enfermedad.

Una tesis de maestría del Instituto Torcuato Di Tella estimó que la obesidad representaba para Argentina un gasto superior a los 9.000 millones de dólares anuales, considerando tanto los costos directos derivados de enfermedades asociadas -como diabetes, hipertensión y enfermedad cardiovascular- como los indirectos, vinculados al ausentismo laboral y la pérdida de productividad.

«No queremos venir a gastar más, sino a gastar mejor. No puede ser que solamente se enfoquen en que cierren los números; también es necesario que la gente esté cada vez más sana», plantea.

El especialista agrega que existen intervenciones cuya costo-efectividad ya fue demostrada, como la cirugía bariátrica, cuyos beneficios económicos comienzan a observarse aproximadamente un año y medio después de realizada, al disminuir las complicaciones y la utilización de recursos sanitarios.

Superar una mirada centrada en la voluntad

Otro de los puntos que cuestiona el expresidente de la SACO es que todavía persista una interpretación que atribuye la obesidad exclusivamente a decisiones individuales.

«Creer que la obesidad es un problema de voluntad o una mera psicopatología es un paradigma falso», sostiene.

Y recurre a una comparación para explicar por qué considera inadecuado exigir únicamente cambios de conducta antes de garantizar el tratamiento: «Es como pedirle a una persona asmática que respire mejor antes de darle la medicación. No le pidamos a la gente que haga cosas que no puede. Esto es una enfermedad que necesita acceso al tratamiento.»

Más que medicamentos

Además de ampliar el acceso a las terapias disponibles, el proyecto propone fortalecer la prevención, promover hábitos saludables, capacitar a los equipos de salud y favorecer la detección temprana mediante un enfoque multidisciplinario.

Para Harraca, seguir demorando ese debate implica aceptar que miles de personas continúen llegando tardíamente al sistema de salud, cuando la enfermedad ya produjo complicaciones difíciles de revertir.

«Oponerse a tratar este tipo de proyectos de ley con un criterio economista y simplista cuando la máxima evidencia científica exige acción ya no es un error de cálculo: es generar daño activo a la población», afirma.

Mientras la prevalencia de la obesidad continúa en aumento y las sociedades científicas reclaman actualizar las políticas públicas, la discusión plantea si la evidencia reconoce a la obesidad como una enfermedad crónica, ¿por qué el acceso al tratamiento sigue dependiendo de una legislación que no logra avanzar?.