La discusión por el financiamiento de la salud de los adultos mayores volvió a escalar. Las principales cámaras que representan a clínicas, sanatorios y hospitales privados de todo el país advirtieron que el deterioro de los aranceles y la mora en los pagos de PAMI están llevando al sistema prestacional a un límite que, aseguran, ya impacta sobre su capacidad para sostener la atención.

ADECRA, ACAMI, CAPRESS, CONFECLISA, FECLIBA y SALUD FEDERAL -entidades que, en conjunto, representan el 56% de las camas de internación del país- enviaron el 20 de agosto una carta al director del PAMI para plantear la gravedad del escenario y reclamar una respuesta urgente.

En el documento, las instituciones señalaron que el «deterioro sostenido del financiamiento» afecta tanto la capacidad de garantizar el acceso a los servicios de salud de las personas mayores, en los términos de la Ley 19.032, como la sustentabilidad del sistema privado que presta esos servicios.

Una brecha que creció hasta 131,96%

El principal indicador que exhiben los prestadores para dimensionar el problema es la distancia entre la evolución de los costos y la actualización de la cápita que reciben por atender a los afiliados de PAMI.

Entre diciembre de 2023 y julio de 2026, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló una suba del 241%. En ese mismo período, la cápita abonada por PAMI aumentó 110,55%. La diferencia representa, según las entidades, un retraso acumulado del 131,96% respecto de la inflación general.

La comparación con otros segmentos del sistema sanitario también expone la magnitud del desfasaje. En el mismo período, las cuotas de las empresas de medicina prepaga fueron autorizadas a incrementarse un 268,51%, por encima incluso de la inflación acumulada.

Para los prestadores, la consecuencia no es solamente contable. Clínicas y sanatorios son quienes deben absorber de manera directa el aumento de los costos de medicamentos, insumos descartables, equipamiento, mantenimiento, servicios y recursos humanos, mientras continúan garantizando prestaciones a una población que, por sus características etarias, demanda una atención más frecuente y compleja.

El costo de sostener la atención

Las entidades advierten que el problema financiero comienza a trasladarse a la capacidad operativa de los establecimientos. La compra de insumos, el mantenimiento de aparatología de alta complejidad y el sostenimiento de las estructuras de atención se vuelven cada vez más difíciles en un escenario donde los ingresos no acompañan la evolución de los costos.

El impacto también alcanza al empleo: el sector prestacional privado involucrado sostiene los salarios de más de 330.000 trabajadores formales.

La advertencia adquiere una dimensión mayor si se considera el peso de estos prestadores en la atención de los afiliados de PAMI. Una eventual interrupción, restricción o deterioro de los servicios no tendría solamente consecuencias sobre las empresas prestadoras, sino sobre la capacidad efectiva del sistema para responder a la demanda de millones de personas mayores.

Compromisos que no se cumplieron

El reclamo no se limita a la actualización de los aranceles. Las entidades aseguran que durante distintas mesas de diálogo mantenidas este año tanto las autoridades de PAMI como del Ministerio de Salud de la Nación asumieron compromisos destinados a abordar el problema, pero que posteriormente no se concretaron.

Ante la falta de respuestas, las cámaras solicitaron una reunión urgente con la Comisión Técnica de PAMI para intentar evitar lo que definen como una posible «parálisis de los servicios sanitarios».

El pedido incluye cuatro puntos considerados prioritarios.

Regularizar los aranceles y los incumplimientos. Las entidades reclaman resolver los atrasos en los incrementos acordados y adecuar las tasas correspondientes al módulo 69, de acuerdo con lo establecido por la Resolución N.º 2306/26.

Implementar el nuevo esquema prestacional. Solicitan avanzar con la aplicación general, asignación y comunicación formal a cada prestador de las condiciones previstas en la Resolución N.º 375/26.

Convocar la mesa técnica de alta complejidad. También reclaman concretar la reunión acordada para revisar las modificaciones e imprecisiones vinculadas al Nuevo Modelo de Tercer Nivel.

Crear mecanismos de recuperación económica. El cuarto eje apunta a realizar evaluaciones financieras que contemplen una compensación por el atraso arancelario acumulado.

El planteo pone en primer plano una tensión que atraviesa al sistema de salud: qué sucede cuando los valores que reciben los prestadores evolucionan por debajo de los costos necesarios para sostener las prestaciones.

En el caso de PAMI, el problema adquiere una particular relevancia porque se trata del principal financiador de la atención de las personas mayores y porque buena parte de esa atención se sostiene sobre una red de prestadores privados.

Las cámaras aseguran que mantienen su disposición al diálogo y al trabajo conjunto con las autoridades, pero advierten que el tiempo se convirtió en una variable crítica. Para los prestadores, seguir postergando las definiciones implica profundizar una situación financiera que ya afecta la capacidad de sostener la atención.

«Sin aranceles alineados a los costos reales de la salud, garantizar la atención de los jubilados resulta materialmente imposible», concluyeron las entidades.