Durante años, para muchos usuarios del sistema de salud, recurrir a la Justicia terminó siendo una de las principales vías para obtener una respuesta frente a un conflicto de cobertura. El crecimiento de los amparos pone en tensión tanto los tiempos de los pacientes como la capacidad de respuesta de los tribunales y de los propios financiadores y en ese escenario, el Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA) busca instalar una instancia previa para resolver controversias mediante el diálogo.

Creado a través del DNU 379/2025 y diseñado conjuntamente por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia y la Superintendencia de Servicios de Salud, PROMESA es una herramienta optativa que permite que usuarios, obras sociales y empresas de medicina prepaga intenten alcanzar acuerdos antes de iniciar una demanda judicial.

A un año de su implementación, los datos muestran una primera experiencia con resultados concretos. Según se informó durante la jornada de conmemoración realizada en la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), el procedimiento registra una tasa de resolución superior al 80%, mientras que el 44,9% de los casos termina en un acuerdo. El plazo promedio de resolución es de 17 días.

El mecanismo también avanzó en su alcance territorial: ya se realizaron mediaciones en 19 de las 24 jurisdicciones del país, con la participación de casi 2.000 mediadores capacitados específicamente para intervenir en conflictos sanitarios.

La herramienta incorpora, además, un cuerpo de mediadores especializados, con capacitación obligatoria en materia sanitaria. El objetivo es que quienes intervienen en las negociaciones conozcan las particularidades de los conflictos vinculados con prestaciones médicas, la urgencia de determinados tratamientos y el marco normativo que los regula.

El trámite es mayormente digital y se realiza a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), con notificaciones electrónicas gratuitas. De este modo, se busca reducir las barreras de acceso y los costos asociados al inicio de una controversia.

El diseño técnico y jurídico estuvo a cargo del gerente de Asuntos Jurídicos de la Superintendencia de Servicios de Salud, Juan Carlos Pierre Ganchegui y de la subgerente Elizabeth Orrico.

Del conflicto al diálogo

Para Elizabeth Orrico la principal novedad está en generar un espacio institucional donde los distintos actores puedan encontrarse antes de que el conflicto escale. «El conflicto sanitario tiene distintos actores y necesidades. PROMESA es una política pública que busca fomentar el diálogo. El tiempo es fundamental y hacemos hincapié en que se resuelva de manera veloz», explicó.

Por su parte, la mediadora Patricia Castelanelli destacó que uno de los cambios más destacados es precisamente la existencia de un marco institucional específico. «Es clave la capacitación y el conocimiento que tenemos que tener todos para usar la herramienta. Esto nos permitió fomentar el diálogo y evitar la escalada del conflicto cuando hay situaciones que podemos resolver todos sentados en una mesa», sostuvo.

Castelanelli también señaló que los conflictos sanitarios tienen un componente comunicacional relevante y que el tiempo adquiere una dimensión particular cuando está en juego una prestación de salud.

Una herramienta que busca consolidarse

Para Juan Pierre Ganchegui el desafío es que PROMESA trascienda su etapa inicial y e este sentido señaló que «PROMESA llega para quedarse en el sistema de salud. Ese es el valor agregado: que trascienda a las personas», afirmó. En esa línea, planteó que la herramienta puede contribuir a reducir la judicialización, pero también a generar información sobre los problemas que originan los conflictos.

«Esperamos que ayude a terminar con la sobrejudicialización y podamos recopilar conocimiento para saber dónde están los problemas. Este programa hace dialogar a las instituciones, no deja a un juez en soledad», sostuvo.

La próxima etapa estará orientada precisamente a transformar los aprendizajes del primer año en información y acciones concretas: producir conocimiento sobre los conflictos, ampliar el acceso al mecanismo y fortalecer la formación de los mediadores y de los actores que participan del procedimiento.