La necesidad de generar espacios de articulación y cooperación entre los distintos actores del sistema de salud fue uno de los ejes planteados por la presidenta de CAPRESS, María Teresita Ithurburu, en la Jornada Anual “Gestión e Inversión en Salud para Prestadores de la Seguridad Social”, realizada en la Universidad ISALUD.

“CAPRESS es una cámara nueva que quiere encontrar un camino nuevo, de desarrollo, de otra forma de hacer las cosas para estar más unidos, potenciarnos y hacer sinergia. Y confluimos hacia esto: tender puentes”, señaló Ithurburu.

Reforma tributaria

La discusión sobre cómo sostener la estructura prestacional ocupó un lugar central durante la jornada y tuvo uno de sus principales capítulos en la mesa política integrada por los diputados nacionales Manuel Quintar (LLA) y Pablo Yedlin (UP), donde se presentó el proyecto de ley “Reforma para la sostenibilidad y fortalecimiento prestacional del sistema de salud”.

La iniciativa impulsada por Quintar propone, entre otras medidas, declarar a los prestadores como servicios esenciales y bienes de interés público estratégico, establecer una moratoria de hasta 180 cuotas, habilitar la utilización del crédito fiscal de IVA y fijar mecanismos para promover el pago de las prestaciones dentro de plazos de entre 30 y 45 días.

“Argentina vive del plan B, vive de parche en parche”, planteó Quintar, quien vinculó la propuesta con la necesidad de superar un esquema de emergencia que se prolongó durante 25 años. “Queremos salir de la emergencia de una vez por todas con soluciones para que pueda ocurrir sin que nadie quiebre”, sostuvo.

El diputado también remarcó la necesidad de reconocer el peso del sector privado en la estructura sanitaria: “Es muy importante que digamos de frente a la sociedad que hay que cuidar a las instituciones privadas”. Y agregó: “La salud pública y el sistema sanitario argentino son fuertes, pero hay que darle más robustez y el sector privado es parte de ese sector”.

Yedlin anticipó el acompañamiento de su bloque: “Nosotros vamos a acompañar el proyecto porque nos parece que es necesario” aunque subrayó que las modificaciones tributarias son parte de una discusión más amplia que debe incluir el financiamiento, la regulación, el PMO y la evaluación de tecnologías sanitarias.

“Lo importante es que nos estamos poniendo de acuerdo en ciertas fuerzas políticas en que hay que hacer algo en este tema”, afirmó y advirtió sobre el impacto que tendría un eventual deterioro de los prestadores: “El sistema de salud argentino no se sostiene si no es con los privados. Entonces, hay que estar atentos; si llegaran a empezar a quebrar sería un desastre”.

Entre recursos disponibles y costos

La discusión tributaria se vinculó también con una preocupación más amplia: la brecha entre los recursos disponibles y el crecimiento de los costos y de la demanda de atención. Hugo Magonza (UAS) señaló que la seguridad social recibe ingresos que están 23% por debajo de la evolución de los costos de salud, mientras que los aranceles de los prestadores acumulan una brecha del 47% frente a la inflación. También planteó la necesidad de avanzar en una agencia de evaluación de tecnologías, un Fondo Nacional de Recursos para medicamentos de alto costo y una revisión del PMO vinculada a guías de práctica clínica.

Jorge Cherro (ADECRA) puso el foco precisamente en el crecimiento de las prestaciones sin financiamiento equivalente. “Tenemos un sistema de salud que promete mucho más de lo que está en condiciones de dar, de acuerdo con las posibilidades que tiene para financiarlo”, afirmó, y señaló que el PMO incorporó prestaciones de manera sostenida desde 1996, mientras aumentaron también la judicialización, la demanda y los costos asociados a nuevas tecnologías y medicamentos.

Los representantes del sector también reclamaron recuperar espacios de diálogo entre financiadores y prestadores. Héctor Santander (ACAMI) sostuvo que “si encontramos ese espacio de diálogo, vamos a poder crecer juntos” y remarcó que ambos sectores son “socios estratégicos”. Desde Salud Federal, Andrés Sabalette señaló que la experiencia de los prestadores del interior muestra que la cooperación permite generar respuestas frente a problemas comunes, como el impacto del modelo PAMI en las provincias patagónicas.

La calidad apareció como otra de las prioridades. Juan Grass (CONFECLISA) sostuvo que “no trabajar en calidad no es una opción” y vinculó la estandarización de procesos con la posibilidad de detectar errores, mejorar la gestión y reducir los costos de la no calidad.

En el cierre, Ithurburu volvió sobre la necesidad de articulación y planteó que, ante una eventual disponibilidad de recursos adicionales, las prioridades deberían concentrarse en calidad y seguridad, recursos humanos y tecnología orientada a mejorar la eficiencia.

La jornada dejó una agenda que excede la discusión sobre aranceles: reforma tributaria, financiamiento, actualización del PMO, evaluación de tecnologías, Inteligencia Artificial y articulación entre actores y calidad aparecen como parte de una misma discusión sobre la sustentabilidad del sistema y de las instituciones que lo sostienen.