El aumento de los impuestos al tabaco suele quedar asociado a una discusión sobre recaudación pero para la salud pública se trata también de una herramienta que puede modificar conductas de consumo y reducir enfermedades asociadas al tabaquismo. Una encuesta nacional realizada por FIC Argentina (Fundación InterAmericana de Corazón) muestra que existe respaldo social para avanzar en esa dirección: el 53,1% de la población está de acuerdo con aumentar los impuestos a los productos de tabaco tradicionales y el 55,8% apoya hacerlo sobre los productos emergentes, como cigarrillos electrónicos, productos de tabaco calentado y bolsitas de nicotina.

El estudio fue realizado en noviembre de 2025 sobre 1.150 personas adultas de todo el país, con una muestra representativa según regiones, género y nivel socioeconómico.

La aceptación aumenta cuando el destino de lo recaudado se vincula explícitamente con la salud. En ese caso, el apoyo al aumento de impuestos alcanza al 67,2% para los productos tradicionales y al 70,3% para los emergentes. Es decir, la política tributaria adquiere mayor legitimidad cuando la población puede asociarla con una finalidad sanitaria concreta.
El dato resulta particularmente relevante porque el respaldo no se limita a quienes no consumen estos productos. Entre los fumadores de productos tradicionales, cuatro de cada diez están de acuerdo con un aumento de impuestos y entre quienes consumen productos emergentes, la proporción llega a seis de cada diez.

Una carga que excede al sistema sanitario

La discusión sobre impuestos saludables se inscribe en un problema de mayor escala. Según los datos reunidos por FIC Argentina, el 22,2% de la población adulta todavía fuma y más de 42.000 personas mueren cada año en el país por causas vinculadas al tabaquismo. El impacto también se expresa en términos económicos: el costo médico directo supera los USD 4.700 millones anuales, mientras que la pérdida de productividad laboral representa más de USD 1.800 millones y el costo del cuidado informal supera los USD 2.200 millones.
La magnitud de estos números permite ampliar la discusión: el precio de los productos de tabaco no sólo incide sobre las decisiones individuales de consumo, sino también sobre una carga que se distribuye entre el sistema sanitario, la economía y los hogares.

«El tabaquismo es una epidemia y está demostrado que los impuestos al tabaco son la medida más costo-efectiva para reducir el consumo. Los impuestos saludables tienen una triple ganancia: reducen consumo de productos no saludables, previenen eventos y muertes asociadas, y generan recursos adicionales para los Estados, porque disminuyen el gasto en salud a la vez que aumentan los ingresos fiscales», señaló Mario Bedosti, coordinador de incidencia de FIC.

En este sentido, la propia definición de impuestos saludables plantea una lógica diferente a la de una medida meramente recaudatoria: se aplican sobre productos cuyo consumo tiene un impacto negativo en la salud y buscan, simultáneamente, reducir su consumo, mejorar los resultados sanitarios y generar ingresos fiscales.

El desafío de los nuevos productos

La discusión se complejiza con la expansión de productos que incorporan nuevas formas de administración de tabaco o nicotina. Los datos disponibles muestran una presencia en aumento entre adolescentes: el 35,5% de los jóvenes encuestados de entre 13 y 17 años declaró haber consumido cigarrillos electrónicos alguna vez en su vida, mientras que el 3,4% probó bolsitas de nicotina.

Al mismo tiempo, durante 2026 se produjeron cambios regulatorios que modificaron el escenario para estos productos. Las disposiciones oficiales establecieron que los cigarrillos electrónicos, los productos de tabaco calentado y las bolsitas de nicotina están alcanzados por la Ley Nacional de Control de Tabaco y fijaron regulaciones específicas para su comercialización. También se creó un Registro de Productos de Tabaco y Nicotina destinado a concentrar información sobre actores, productos y envases y a tramitar las autorizaciones correspondientes.
Pero la incorporación de estos productos al marco regulatorio abrió el frente tributario. De acuerdo con FIC Argentina, tras la autorización de su comercialización no se estableció un régimen impositivo específico destinado a desalentar su consumo. La organización plantea que la Ley 24.674 de Impuestos Internos podría comprenderlos dentro de la categoría «demás manufacturas de tabaco», que contempla una tasa del 70%, aunque señala la necesidad de una definición administrativa o legislativa que despeje esa situación.

El problema no es menor porque si productos con nicotina quedan sometidos a tratamientos tributarios diferentes, el precio puede convertirse en un factor que favorezca el desplazamiento del consumo hacia alternativas más accesibles. Por eso, entre las recomendaciones de FIC aparece la actualización del esquema tributario para incluir a todos los productos emergentes y, hasta tanto exista una ley específica, la emisión de un acto administrativo que los incorpore a la categoría vigente.

Discutir en términos de equidad

La evidencia presentada vuelve a colocar a los impuestos al tabaco dentro del conjunto de políticas de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. Pero también plantea una discusión sobre cómo diseñar estas medidas para que el aumento de precios tenga un efecto real sobre el consumo y no genere, por sí solo, una mayor presión económica sobre quienes tienen una dependencia instalada.

En Argentina, esa discusión convive además con un mercado que incorpora productos nuevos, con patrones de consumo diferentes y una regulación todavía en proceso de implementación. La encuesta aporta un dato relevante para ese debate: el respaldo social no sólo existe entre quienes no consumen, sino también entre una parte importante de los consumidores actuales.

La cuestión excede cuánto puede recaudar el Estado e implica decidir qué señales económicas se dan frente a productos que generan una carga sanitaria comprobable, cómo se regulan las nuevas formas de consumo y qué destino se asigna a los recursos obtenidos. En ese punto, el 67,2% y el 70,3% de apoyo a aumentar los impuestos cuando lo recaudado se destina a salud ofrecen una señal para la discusión de políticas públicas.