El Gobierno nacional oficializó la eliminación del listado de 128 medicamentos esenciales que servía de referencia para el Programa Remediar y lo reemplazó por un nuevo vademécum de seis principios activos orientados a la prevención y el tratamiento de enfermedades vasculares. La medida, dispuesta por el Ministerio de Salud mediante la Resolución 1447/2026, publicada en el Boletín Oficial, modifica el alcance de una política que durante casi un cuarto de siglo permitió que personas sin cobertura de salud accedieran gratuitamente a medicamentos para tratar las patologías más frecuentes.

La decisión se inscribe en un proceso de reducción de la provisión nacional que ya había restringido la disponibilidad de medicamentos en los últimos meses. Con el nuevo esquema, quedan fuera de la compra y distribución centralizadas numerosos fármacos de uso habitual, entre ellos metformina, levotiroxina, enalapril, losartán, salbutamol, amoxicilina, fluconazol y loratadina, además de anticonceptivos. Su exclusión del listado nacional modifica las condiciones bajo las cuales el Estado garantizaba su provisión a través de los centros de atención primaria.

El cambio plantea una cuestión central para la organización del sistema sanitario: quién financiará esos tratamientos y con qué capacidad para sostener su disponibilidad en cada territorio. A partir de ahora, las provincias deberán adquirir con recursos propios los medicamentos que ya no estén incluidos en el nuevo listado nacional. Podrán tomar como referencia el vademécum de 2021, pero este dejará de funcionar como marco obligatorio para la provisión.

La posibilidad de reemplazar la provisión nacional por compras provinciales dependerá de los recursos disponibles, la capacidad de adquisición y la organización de los sistemas locales. La consecuencia potencial es una mayor heterogeneidad territorial y el acceso efectivo a un medicamento esencial dependerá, en mayor medida, del lugar de residencia y de la capacidad de respuesta de cada administración.

Una política que nació en la emergencia

Remediar fue creado en 2002 con Ginés González García al frente del Ministerio de Salud, en un contexto de emergencia económica y sanitaria. En ese entonces, la pobreza, la falta de cobertura de obra social y las dificultades para afrontar el costo de los tratamientos dejaban a una parte importante de la población ante la enorme dificultad, luego de acceder a una consulta médica, de comprar los medicamentos recetados.

La respuesta fue organizar la adquisición centralizada de medicamentos esenciales y distribuirlos mediante botiquines a los centros de atención primaria, una estrategia pensada para acercar los tratamientos al lugar donde se realizaba la consulta, reducir el gasto de bolsillo y fortalecer el primer nivel de atención. Con el paso de los años, el programa atravesó distintas gestiones y modificaciones, pero mantuvo la función de provisión gratuita de medicamentos para atender problemas cardiovasculares, diabetes, afecciones respiratorias, infecciones y otras patologías frecuentes. La red llegó a alcanzar 8.000 centros de salud de todo el país.

La Resolución 3424/2021 había aprobado un listado de medicamentos esenciales para el primer nivel de atención, elaborado a partir de criterios de eficacia, seguridad, costo-efectividad y necesidades epidemiológicas, con participación de referentes de las jurisdicciones. La nueva norma deroga ese marco y lo reemplaza por una selección concentrada en la salud vascular.

El Ministerio de Salud fundamentó el cambio en el peso de las enfermedades cardiovasculares sobre la mortalidad en Argentina. El 14 de octubre, la cartera anunció el Plan Nacional de Abordaje Integral de Salud Vascular 2026-2030, que propone fortalecer la prevención, la detección temprana, el tratamiento y la rehabilitación, además de mejorar la atención de emergencias como el infarto agudo de miocardio y el accidente cerebrovascular. Según los datos oficiales difundidos junto con el anuncio, en 2024 se registraron 105.130 defunciones por causas cardiovasculares, equivalentes al 27,9% del total de muertes del país.

El nuevo listado de medicamentos esenciales conserva seis principios activos: ácido acetilsalicílico, atorvastatina, candesartán, hidroclorotiazida, ramipril y rosuvastatina. La selección apunta a la prevención y el tratamiento de factores de riesgo y enfermedades vasculares, en línea con los objetivos del nuevo plan.

La relevancia epidemiológica de estas patologías tiene un argumento sanitario atendible pero el plan nacional desatiende otras necesidades frecuentes del primer nivel de atención. La diabetes, el hipotiroidismo, el asma, las infecciones bacterianas y las alergias, entre otras condiciones, requieren tratamientos que no quedan cubiertos por el nuevo listado. El alcance de esas consecuencias dependerá de la capacidad de las provincias para reemplazar los medicamentos que dejará de adquirir Nación y de cómo se organice la transición

El costo del cambio y las desigualdades territoriales

La reducción del vademécum no puede analizarse de manera aislada de la evolución presupuestaria del programa. En valores constantes de septiembre de 2026, el presupuesto vigente de Remediar pasó de 87.198,54 millones de pesos en 2023 a 39.798,02 millones en 2024 y 34.256,45 millones en 2025. Para 2026 se ubica en 36.018 millones. Aunque el último registro muestra una recuperación respecto del año anterior, permanece aproximadamente un 59% por debajo del nivel de 2023 en términos reales.

La trayectoria da cuenta de un deterioro de los recursos disponibles antes de la actual reformulación. La combinación de menor financiamiento nacional y transferencia de responsabilidades de compra a las provincias plantea un desafío adicional para los sistemas sanitarios que deben responder a una demanda cada vez mayor con presupuestos limitados.

El Ministerio sostiene que el nuevo plan se implementará mediante la reorganización de recursos existentes y la articulación con las jurisdicciones y programas en marcha, sin generar erogaciones presupuestarias adicionales. También contempla la coordinación con el Programa SUMAR, las obras sociales, el PAMI y las empresas de medicina prepaga para avanzar en estándares clínicos y de registro.

Pero la articulación institucional no resuelve por sí sola la cuestión del financiamiento de los medicamentos excluidos. La posibilidad de que las provincias compensen la provisión que deja de realizar Nación dependerá de sus recursos y prioridades, así como de la capacidad de sostener compras regulares y una distribución adecuada en los centros de salud. La compra centralizada permitía establecer un mecanismo común de provisión; su reemplazo por adquisiciones provinciales depende ahora de los presupuestos y la organizción de cada jurisdicción. Y puede dejar fuera de su alcance, a quienes más los necesitan.