La fragmentación institucional, las restricciones financieras, el aumento del costo de las prestaciones y las dificultades para establecer criterios comunes de cobertura conformaron algunos de los principales temas del V Congreso Nacional del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (COSSPRA), realizado el 28 y 29 de octubre en Puerto Iguazú, Misiones.

Bajo el lema «Innovación y Políticas de Estado», el encuentro convocó a representantes de las 24 obras sociales provinciales y a más de 600 participantes, entre autoridades sanitarias, dirigentes de la seguridad social, prestadores, especialistas y legisladores. La agenda incluyó el financiamiento de los sistemas de salud, los medicamentos de alto costo, la evaluación de tecnologías sanitarias, la judicialización, la prevención, la transformación digital y las posibilidades de integración entre los distintos subsectores.

Las exposiciones permitieron identificar coincidencias sobre los problemas que atraviesa el sistema, pero también diferencias respecto de las responsabilidades institucionales, las fuentes de financiamiento y el alcance de las reformas necesarias. La discusión dejó planteado como interrogante central cómo garantizar prestaciones y derechos en un sistema con recursos limitados, capacidades desiguales y mecanismos de coordinación insuficientes.

Financiamiento y desigualdades

La sustentabilidad financiera fue uno de los ejes. En el panel dedicado al diagnóstico y futuro del sistema de salud participaron Fabián Vítolo, Patricio Pasman, Gabriel Lebersztein, Jorge Cherro, Claudio Riganti y Roy Benchimol, con perspectivas provenientes de la seguridad social, el sector prestador, los seguros y la industria farmacéutica.

Las intervenciones abordaron diferentes dimensiones de la crisis. Entre ellas, la caída de los ingresos vinculados al empleo formal, la evolución de los costos médicos, el envejecimiento poblacional, la incorporación de nuevas tecnologías y las dificultades para sostener las prestaciones con esquemas de financiamiento que no siempre acompañan la evolución de la demanda.

Patricio Pasman señaló que el financiamiento de la seguridad social depende fundamentalmente de los aportes y contribuciones sobre los salarios, mientras que los costos de atención evolucionan con otras dinámicas. Gabriel Lebersztein, por su parte, puso el foco en la distribución de los recursos y en las diferencias entre el gasto sanitario y los resultados que obtiene el sistema. Desde la perspectiva de los prestadores, Jorge Cherro incorporó el impacto de los cambios demográficos y la necesidad de revisar las condiciones económicas en las que funcionan las instituciones.

Fabián Vítolo planteó otra dimensión: el costo de la atención inadecuada. A partir de su experiencia en seguridad del paciente y responsabilidad profesional, señaló que una parte de los recursos se destina a tratar complicaciones y eventos adversos que podrían prevenirse. Su exposición vinculó la calidad asistencial con la eficiencia económica y la necesidad de contar con indicadores para medir el daño evitable.

El diagnóstico permite distinguir dos problemas que suelen presentarse juntos, pero requieren respuestas diferentes: la insuficiencia de recursos y la utilización ineficiente de los existentes. Reducir el gasto no necesariamente mejora la eficiencia, del mismo modo que incrementar el financiamiento no garantiza por sí solo mejores resultados sanitarios.

En este escenario, las obras sociales provinciales enfrentan condiciones heterogéneas. Durante el Congreso Daniel Maceira presentó datos del Observatorio de la Seguridad Social Provincial, desarrollado por COSSPRA junto con la Universidad de San Andrés, que muestran diferencias superiores a seis veces entre las jurisdicciones en materia de ingresos disponibles por afiliado.

El relevamiento también identificó que los medicamentos representan una proporción significativa del presupuesto de estas entidades. Según los datos presentados, el promedio alcanza el 36%. En materia de gestión, se registraron avances en la implementación de receta electrónica, pero una menor extensión de herramientas de información clínica unificada.

Las diferencias entre provincias plantean un problema adicional: las entidades deben responder a obligaciones de cobertura similares, aunque cuentan con recursos, estructuras prestacionales y características demográficas diferentes. La posibilidad de desarrollar mecanismos de compensación financiera y sistemas de información compartidos apareció como parte de las alternativas analizadas.

Evidencia, precios y prioridades

La incorporación de medicamentos y tecnologías de alto costo fue otro de los asuntos centrales. La conferencia del médico especialista en salud pública Esteban Lifschitz puso el foco en los criterios utilizados para decidir qué innovaciones financiar y bajo qué condiciones.

El especialista cuestionó las limitaciones de los procesos de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS), especialmente cuando las decisiones se apoyan en evidencia clínica todavía incierta. Entre sus argumentos señaló que la necesidad terapéutica no constituye por sí misma una demostración de beneficio clínico y que la dificultad para producir evidencia en enfermedades poco frecuentes tampoco permite considerar probada la eficacia de un tratamiento.

También planteó que los precios de las innovaciones deben guardar relación con el nivel de evidencia disponible y el beneficio terapéutico que efectivamente aportan. Para ello propuso revisar los mecanismos de evaluación y avanzar hacia modelos que consideren el recorrido completo del paciente, en lugar de analizar cada medicamento de manera aislada.

La cuestión tiene implicancias que exceden la discusión farmacológica. En un contexto de recursos limitados, la incorporación de una tecnología puede modificar la disponibilidad presupuestaria para otras prestaciones. Por eso, la evaluación debe contemplar tanto los resultados clínicos como el impacto sobre la organización y el financiamiento del sistema.

La exposición también abrió el debate sobre el papel de las agencias de evaluación, los criterios de aprobación y la relación entre reguladores, financiadores e industria.

Integración: cómo coordinar un sistema fragmentado

La fragmentación del sistema argentino ocupó un lugar destacado. David Aruachan, Daniel Maceira y Carlos Funes, presidente de COSSPRA, analizaron las dificultades de coordinación entre los subsectores público, privado y de la seguridad social.

Entre los problemas identificados figuraron la superposición de coberturas, la falta de información compartida, las desigualdades de recursos entre jurisdicciones y las limitaciones del modelo contributivo frente a los cambios demográficos y laborales.

Aruachan planteó la necesidad de establecer reglas de funcionamiento que trasciendan los períodos de gobierno. Entre las propuestas mencionó un marco nacional de coordinación, mecanismos de compensación financiera entre provincias, un padrón único de cobertura y una mayor articulación de los seguros provinciales de salud.

Daniel Maceira abordó la necesidad de revisar los mecanismos de financiamiento y la organización de las prestaciones, mientras que Funes destacó el papel que pueden desempeñar las obras sociales provinciales en una estrategia de integración.

La discusión, sin embargo, no se agota en la necesidad de coordinar actores. Integrar el sistema supone definir quién establece las reglas, quién financia las prestaciones, qué responsabilidades corresponden a cada jurisdicción y cómo se distribuyen los recursos. También requiere resolver las diferencias entre entidades que atienden poblaciones distintas y cuentan con capacidades presupuestarias muy dispares.

El debate puso en evidencia que la integración no puede reducirse a compartir información o establecer convenios entre instituciones. Necesita acuerdos regulatorios, mecanismos de financiamiento y responsabilidades institucionales claramente delimitadas.

Federalismo y distribución de responsabilidades

La discusión sobre integración se vinculó directamente con el federalismo sanitario. En una mesa específica participaron Sergio Wisky, ministro de Salud de Chubut; Nicolás Kreplak, ministro de Salud bonaerense, y Claudio Stivelman, exsuperintendente de Servicios de Salud.

Las exposiciones abordaron la descentralización de la gestión, la distribución territorial de los recursos, la coordinación entre jurisdicciones y las herramientas de información necesarias para mejorar la planificación.

Uno de los puntos de discusión fue la distribución de responsabilidades entre Nación y provincias. La transferencia de funciones de gestión hacia las jurisdicciones puede permitir una mayor adecuación a las realidades locales, pero también plantea interrogantes sobre los recursos que acompañan esas atribuciones y la capacidad de cada provincia para sostenerlas.

En ese sentido, la discusión sobre federalización incorporó experiencias internacionales y modelos de gobernanza que contemplan mecanismos de coordinación permanente y compensación de desigualdades territoriales.

La cuestión es particularmente relevante en un país donde las capacidades fiscales, la infraestructura sanitaria y la disponibilidad de recursos humanos presentan diferencias significativas. Sin mecanismos de compensación, una mayor descentralización podría profundizar las brechas existentes.

Derechos, cobertura y judicialización

La regulación sanitaria y el alcance de las obligaciones de cobertura fueron otros de los temas abordados. María Cristina Ferrari, Marisa Aizenberg y Manuel Quintar participaron de una mesa dedicada a legislación y derechos.

Ferrari puso el acento en la experiencia de los pacientes y en las dificultades que genera la fragmentación de los recorridos asistenciales. Señaló la importancia de incorporar la voz de los usuarios en la evaluación de la calidad y de mejorar la continuidad de la atención.

Aizenberg, por su parte, analizó la relación entre la ampliación de derechos y las condiciones necesarias para garantizar su cumplimiento. Advirtió sobre la existencia de numerosas normas que establecen nuevas obligaciones de cobertura sin identificar con claridad las fuentes de financiamiento. Entre sus propuestas planteó incorporar evaluaciones de impacto sanitario, económico y jurídico antes de sancionar nuevas disposiciones.

Manuel Quintar presentó una perspectiva legislativa sobre la regulación del sector, la situación de los prestadores y la judicialización de las prestaciones.

El debate mostró las diferentes dimensiones de un problema complejo. Los reclamos judiciales pueden responder a demoras, negativas de cobertura o dificultades administrativas, pero también generan compromisos financieros que impactan sobre los presupuestos de las entidades. La discusión sobre cómo intervenir en estos casos requiere contemplar tanto la protección de los derechos individuales como los efectos de las decisiones sobre el conjunto del sistema.

La revisión de las normas de cobertura, el Programa Médico Obligatorio y los mecanismos de resolución de conflictos fueron parte de los temas planteados también en la mesa sobre reforma sanitaria y sustentabilidad.

Prevención: del acceso a los cuidados al uso adecuado de las prestaciones

La prevención tuvo un espacio específico durante la primera jornada. La mesa fue moderada por Silvina Iturralde, directora editorial de Comunicar Salud, y contó con las exposiciones de Martín Regueiro, ministro de Salud de Neuquén; Sandra Tirado, vicepresidenta de la Asociación Argentina de Salud Pública; Horacio Campazzo, gerente general de OSEP Catamarca, y María Noble, vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Medicina Interna General.

Regueiro abordó la articulación entre el sistema público y la obra social provincial en las estrategias preventivas. Su exposición tomó como referencia la experiencia de Neuquén y las transformaciones demográficas y territoriales que modifican la demanda de atención.

Sandra Tirado desarrolló el enfoque de prevención primaria, mientras que Campazzo se refirió a la prevención secundaria y a las herramientas de gestión para mejorar el seguimiento de la población.

María Noble incorporó la prevención cuaternaria, orientada a evitar intervenciones médicas innecesarias, sobrediagnósticos y tratamientos que pueden generar más riesgos que beneficios. Su exposición planteó la necesidad de revisar las prácticas clínicas y promover decisiones basadas en evidencia.

Este enfoque amplía la discusión tradicional sobre prevención. No se trata solamente de detectar enfermedades de manera temprana o incrementar los controles, sino también de evaluar la pertinencia de las intervenciones y evitar prácticas que no aportan beneficios comprobados.

La prevención aparece así vinculada con la calidad asistencial, la seguridad del paciente y la utilización de los recursos.

PMO y rectoría

La mesa «Reforma sanitaria y sustentabilidad» reunió a Alejandro Amor, presidente de ObSBA; Gastón Perman, médico especialista en medicina interna y el diputado nacional Pablo Yedlin, en un intercambio que puso en discusión la necesidad de revisar las reglas de cobertura, el financiamiento de las prestaciones y los mecanismos de regulación del sistema.

Amor describió un sistema «roto» y «quebrado» y advirtió que las dificultades de cada obra social o empresa de medicina prepaga no pueden resolverse de manera aislada, cuestionó la ampliación de obligaciones de cobertura sin la correspondiente previsión de recursos y planteó la necesidad de un abordaje político integral que articule al sector público, la seguridad social y el privado.

Perman, por su parte, centró su exposición en la revisión del Programa Médico Obligatorio (PMO) y en la necesidad de definir una canasta de prestaciones con criterios explícitos de priorización. Advirtió que la acumulación de normas y la falta de reformas estructurales profundizaron las inequidades entre los distintos subsectores. También presentó el Proyecto PAÍS, orientado a implementar líneas de cuidado integrales que articulen prevención, control de factores de riesgo y tratamiento continuo.

Desde la perspectiva legislativa, Yedlin planteó que la fragmentación del sistema está asociada a una debilidad de la rectoría nacional. Propuso ampliar las funciones del COFESA e incorporar formalmente a las obras sociales provinciales, al sector privado y a las facultades de Ciencias de la Salud, con capacidad para coordinar decisiones. También señaló la necesidad de establecer un seguro de segundo piso para medicamentos de muy alto precio, sancionar por ley una Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y fortalecer la ANMAT. En relación con el PMO, propuso redefinirlo como una canasta exigible para todos los subsectores, organizada a partir de líneas de cuidado y con mayor énfasis en la atención primaria y la prevención.

Las exposiciones abordaron así distintas dimensiones de un mismo problema: cómo establecer obligaciones de cobertura sostenibles, con criterios de evidencia y financiamiento, y cómo distribuir responsabilidades en un sistema que combina múltiples actores y jurisdicciones. La discusión dejó planteada la necesidad de avanzar en acuerdos políticos, técnicos y federales que permitan revisar el marco regulatorio y dar mayor previsibilidad a las decisiones de cobertura

Una agenda federal pendiente de implementación

El cierre del Congreso estuvo a cargo de Carlos Funes y del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones. Ambos plantearon la necesidad de avanzar en una agenda de trabajo entre Nación y provincias, aunque desde perspectivas diferentes sobre las responsabilidades de cada nivel de gobierno.

Funes propuso conformar una mesa federal de trabajo con participación del COFESA y otros actores del sector, definir un conjunto de prestaciones garantizadas, establecer las responsabilidades de ejecución y determinar los recursos necesarios para sostenerlas. También incluyó entre los temas a abordar la judicialización y los criterios para incorporar innovaciones.

Lugones hizo hincapié en la responsabilidad de las provincias sobre la gestión de los servicios de salud y en la función de coordinación del Estado nacional. La discusión volvió a poner en primer plano la relación entre competencias jurisdiccionales y disponibilidad presupuestaria.

El encuentro concluyó con el compromiso de avanzar en una agenda conjunta entre el Ministerio de Salud de la Nación y las obras sociales provinciales. La propuesta contempla pasar de los diagnósticos a instancias de trabajo orientadas a definir medidas concretas.

El Congreso no resolvió las diferencias sobre el modelo de organización ni sobre la distribución de las responsabilidades financieras pero permitió reunir diagnósticos, experiencias y propuestas que muestran la amplitud de los problemas que enfrenta el sistema sanitario argentino.

La definición de un paquete de prestaciones, la evaluación de tecnologías, los mecanismos de compensación entre jurisdicciones y la revisión de las obligaciones de cobertura requieren acuerdos políticos, técnicos y financieros. Su implementación dependerá de cómo se traduzcan esas propuestas en decisiones regulatorias, presupuestarias y de gestión.

La agenda planteada en Puerto Iguazú deja abierta una discusión que involucra a todos los componentes del sistema: cómo organizar los recursos disponibles, distribuir las responsabilidades y establecer garantías de acceso que puedan sostenerse en el tiempo. El desafío no es solamente definir qué prestaciones debe cubrir el sistema, sino también construir las condiciones institucionales y financieras para que esa cobertura sea efectiva.