La caída de las coberturas de vacunación en Argentina comienza a mostrar consecuencias que trascienden los indicadores sanitarios. Con porcentajes muy por debajo de los niveles necesarios para garantizar la protección colectiva, el país enfrenta un escenario de mayor vulnerabilidad frente a enfermedades inmunoprevenibles, algunas de ellas controladas durante décadas. La reaparición de la tos convulsa o coqueluche es una de las señales de alerta de un problema que combina dificultades de acceso, pérdida de confianza en las vacunas, desinformación y debilidades en la implementación de las políticas públicas.
Los datos correspondientes a 2025, presentados por el médico infectólogo Eduardo López durante el segundo Seminario de Periodismo Científico 2026 de MSD, permiten dimensionar la magnitud del retroceso. Según las cifras del Ministerio de Salud, actualizadas a septiembre de 2026, prácticamente ninguna de las vacunas del Calendario Nacional alcanza el umbral óptimo del 95% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Solo la BCG al nacimiento, con algo más del 96%, y la primera dosis de hepatitis B en el período neonatal se encuentran en esa franja. En este último caso, además, la protección adecuada requiere completar el esquema de tres dosis.
El panorama es particularmente preocupante cuando se observan las vacunas y los refuerzos que presentan coberturas críticas. La tercera dosis de IPV (poliomielitis) ronda el 75%; el refuerzo de meningococo se ubica cerca del 73%; la primera dosis de varicela alcanza aproximadamente el 72%, y el refuerzo de quíntuple desciende a alrededor del 67%. En adolescentes, los indicadores son todavía más bajos: la vacunación contra el VPH llega a cerca del 53% en mujeres y cae por debajo del 50% en varones. También se registran coberturas próximas al 51% para el refuerzo de varicela, el refuerzo de IPV y la triple bacteriana celular.
A estas cifras se suman las vacunas que se encuentran en una franja de riesgo moderado, con coberturas de entre el 80% y el 94%: hepatitis A (84,7%), tercera dosis de quíntuple (83,6%), rotavirus (82,7%), primera dosis de triple viral (82,5%) y neumococo (80,4%).
La clasificación de la OMS establece tres niveles. Las coberturas iguales o superiores al 95% constituyen el objetivo para alcanzar una inmunidad colectiva homogénea y reducir la circulación de los agentes infecciosos. Entre el 80% y el 94% existe un riesgo moderado, porque esos niveles todavía permiten la aparición de brotes. Por debajo del 80%, la situación se considera crítica: la protección comunitaria pierde capacidad de contención y aumenta la posibilidad de epidemias y reemergencia de enfermedades controladas o erradicadas.
El problema también puede medirse en cantidad de niños que no reciben las dosis correspondientes. Según los datos expuestos por López, 109.174 niños no recibieron la vacuna quíntuple, que protege contra difteria, tétanos, tos convulsa, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo b. En el caso de la triple viral, que previene sarampión, rubéola y paperas, fueron 131.569 los niños que no recibieron la dosis considerada en la presentación. A su vez, 121.296 niños de la cohorte ampliada no recibieron el refuerzo contra la varicela.
La dimensión del problema obliga a revisar cómo se explica el descenso de las coberturas. Para López, la respuesta no puede limitarse a atribuirlo a la reticencia de las familias o a la influencia de los grupos antivacunas sino que se trata de un fenómeno multicausal en el que intervienen el Estado, los equipos de salud, las condiciones socioeconómicas, la percepción social del riesgo y la circulación de información.
«Tenemos un problema con las coberturas, y sobre todo en casi todos los refuerzos», advirtió el especialista a la vez que cuestionó la falta de información sobre los obstáculos que enfrenta la población: «Las barreras de acceso no se miden».
Entre esas barreras identificó los costos de traslado, los horarios limitados de los vacunatorios, las dificultades de transporte, los tiempos de espera y los problemas de disponibilidad de dosis. A ello se agregan situaciones vinculadas con la práctica asistencial, como las falsas contraindicaciones: cuadros leves, por ejemplo un catarro de vías aéreas superiores o diarrea, que en ocasiones llevan a postergar innecesariamente la vacunación.
La presentación incluyó un indicador regional de acceso con un promedio general del 66,9% y variaciones de entre el 62% y el 73,1%. Aunque la información expuesta no permite establecer por sí sola el peso de cada obstáculo, pone en evidencia que la posibilidad efectiva de acceder a una vacuna también depende de condiciones territoriales y operativas.
Confianza, información y responsabilidad estatal
La reticencia a la vacunación constituye otro componente de este escenario. La OMS la define como un estado de conflicto o resistencia frente a la decisión de vacunarse, que puede expresarse en dudas, postergaciones o rechazo, incluso cuando las vacunas están disponibles. No es un comportamiento uniforme: varía según la vacuna, el contexto social, el momento histórico y la percepción individual de las enfermedades.
La pérdida de confianza en las instituciones, la desinformación, los mitos sobre la seguridad de las vacunas y la baja percepción del riesgo pueden incidir en las decisiones. También se registra un incremento de la vacilación después de la campaña de vacunación contra el COVID-19. Sin embargo, la confianza no debe confundirse con la ausencia de dudas: supone creer en la efectividad, la seguridad y la importancia de las vacunas, así como en las instituciones responsables de proveerlas.
Una herramienta utilizada para analizar estos comportamientos es la escala 5C, que identifica cinco factores que influyen en la decisión de vacunarse: confianza, complacencia -la percepción de que la enfermedad no representa un riesgo-, restricciones prácticas, cálculo individual de riesgos y beneficios, y responsabilidad colectiva.
En este marco, López planteó que la recuperación de las coberturas requiere una política activa de comunicación y trabajo con la comunidad. «Hay que informar, explicar, consensuar y convencer», sostuvo al referirse a la necesidad de reconstruir la confianza en las vacunas.
Pero la responsabilidad también alcanza a los equipos sanitarios. La falta de recomendación activa, la aceptación de falsas contraindicaciones y las dificultades de capacitación pueden convertirse en obstáculos adicionales. La indicación profesional sigue siendo un factor relevante para que las personas completen los esquemas, especialmente cuando se trata de refuerzos que suelen quedar relegados una vez superada la primera infancia.
El infectólogo fue enfático respecto del papel de las autoridades: «El Estado tiene que ser proactivo y mejorar el acceso a las vacunas es un rol de Estado». La propuesta incluye operativos territoriales, vacunación puerta a puerta en pequeñas poblaciones, ampliación de los horarios de atención, apertura de vacunatorios durante los fines de semana y puntos de inmunización en escuelas, centros comunitarios y comedores.
También resulta central fortalecer los registros nominales electrónicos para identificar a quienes no completaron sus esquemas. Argentina se encuentra implementando esta herramienta, aunque persisten demoras en la carga de información en algunas jurisdicciones. El seguimiento debe permitir pasar de los promedios nacionales a una lectura local y municipal de las coberturas, que identifique dónde están las personas sin vacunar y qué dificultades impiden que accedan a las dosis.
La Ley 27.491, promulgada en enero de 2018, establece el marco normativo vigente para el control de las enfermedades prevenibles por vacunación, actualizó la legislación anterior y reforzó la responsabilidad estatal de mantener actualizado el Calendario Nacional y promover su cumplimiento. El desafío, a la luz de los indicadores, es traducir esas obligaciones en políticas sostenidas, con capacidad de llegar efectivamente a la población.
El desafío del neumococo
La necesidad de recuperar las coberturas no se limita a la población pediátrica. La inmunización durante la adultez y, especialmente, en las personas mayores constituye otro componente de las estrategias de prevención, en particular frente a enfermedades que pueden producir complicaciones graves, hospitalizaciones y muertes.
Durante el seminario, la médica infectóloga y geriatra Miriam Rozenek abordó el impacto de las infecciones neumocócicas en los adultos mayores y la necesidad de incorporar la vacunación a las estrategias de envejecimiento saludable.
Las enfermedades infecciosas suelen presentar mayor gravedad en esta población, con más riesgo de morbilidad, discapacidad y mortalidad. La neumonía y la gripe figuran entre las principales causas de muerte en mayores de 65 años. A medida que avanza la edad, además, el sistema inmunológico experimenta un proceso denominado inmunosenescencia, que reduce su capacidad de respuesta frente a las infecciones y puede disminuir la efectividad de algunas vacunas tradicionales.
El neumococo (Streptococcus pneumoniae) es una bacteria que puede alojarse en la nariz y la garganta y transmitirse mediante secreciones respiratorias. Puede provocar desde otitis y sinusitis hasta cuadros graves como neumonía, meningitis, sepsis y enfermedad neumocócica invasiva. Cuando alcanza sitios normalmente estériles del organismo, como el torrente sanguíneo, puede ocasionar complicaciones con secuelas duraderas, entre ellas daño cerebral, pérdida de audición y amputaciones.
El riesgo aumenta con la edad, particularmente a partir de los 50 años, y en personas con enfermedades crónicas o inmunocompromiso. La diabetes, las patologías cardíacas, pulmonares, renales y hepáticas, el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol también incrementan la vulnerabilidad.
Las cifras internacionales dimensionan el impacto: las infecciones neumocócicas causan aproximadamente 829.000 muertes anuales en el mundo y representan más de 40 millones de años de vida perdidos. En Argentina, un análisis de casos de enfermedad neumocócica invasiva en adultos registró más del doble de casos en personas de 60 años o más que en el grupo de 50 a 59 años. La neumonía fue la manifestación clínica más frecuente.
Uno de los aspectos que destacó Rozenek es que la protección indirecta que genera la vacunación infantil no resulta suficiente para cubrir las necesidades de los adultos. Los serotipos -las distintas variantes de la bacteria- que producen enfermedad en la población adulta no necesariamente coinciden con los que afectan a los niños. Algunos de los más prevalentes en adultos no están incluidos en las vacunas conjugadas utilizadas en el esquema pediátrico.
Por eso, la especialista planteó la necesidad de complementar la inmunización infantil con vacunas específicamente diseñadas para adultos. «El neumococo también es un tema de salud del adulto. La vacunación infantil brinda una protección importante a la comunidad, pero es necesario complementarla con vacunas diseñadas específicamente para adultos. Por eso, es importante explicar por qué los adultos también necesitan protegerse y aprovechar los controles de salud para revisar sus vacunas», señaló.
Las vacunas conjugadas tienen un papel particular en este grupo etario porque buscan estimular la memoria inmunológica mediante la activación de los linfocitos T. A su vez, los cambios epidemiológicos producidos por la vacunación antineumocócica infantil, con un reemplazo de serotipos, requieren revisar las estrategias de prevención destinadas a adultos mayores y personas con comorbilidades.
En ese marco, Rozenek hizo referencia a las vacunas conjugadas de 21 serotipos, diseñadas para responder a los serotipos prevalentes en cada contexto epidemiológico. «Agregar protección para el adulto mayor tiene sentido. Vacunar es una buena idea, todos queremos estar bien, trabajemos para ello», concluyó.
En Argentina, la vacunación antineumocócica está incorporada al Calendario Nacional desde la infancia, con dos dosis a los 2 y 4 meses y un refuerzo a los 12 meses. También está indicada para personas de entre 5 y 64 años con determinadas condiciones de riesgo y para todas las personas de 65 años o más, sin necesidad de orden médica.
La consulta de rutina y los controles de seguimiento de enfermedades crónicas representan oportunidades para revisar los esquemas y actualizar las dosis pendientes. En ese sentido, María Cecilia Torroija, directora asociada de Asuntos Médicos de MSD, señaló: «Así como seguimos cuidando otros aspectos de nuestra salud con los años, también necesitamos mantener al día las vacunas. El Día Mundial de la Neumonía nos invita a recordar que la vacunación continúa después de la infancia y que una consulta médica puede ser un buen momento para preguntar qué protección necesitamos en cada etapa de la vida».
Una política que requiere continuidad
Los datos de coberturas pediátricas y los desafíos de inmunización en adultos revelan que la prevención requiere continuidad, planificación y capacidad de respuesta del sistema sanitario. No alcanza con que las vacunas estén incluidas en el calendario ni con que exista una normativa que establezca su obligatoriedad y es necesario garantizar disponibilidad, accesibilidad territorial, información confiable, recomendación profesional y seguimiento de los esquemas.
La caída de las coberturas también plantea un problema de sostenibilidad sanitaria. Las enfermedades que pueden prevenirse mediante vacunación generan consultas, internaciones, tratamientos, complicaciones y, en los casos más graves, discapacidad y mortalidad. Cuando disminuye la inmunización, aumenta la exposición de la población y crece la posibilidad de que el sistema de salud deba destinar recursos a atender consecuencias que podrían haberse evitado.
Recuperar la protección colectiva exige una política pública sostenida que articule vigilancia epidemiológica, registros confiables, estrategias territoriales y comunicación sanitaria. El desafío es doble: reconstruir la confianza y remover las barreras concretas que impiden vacunarse. En un contexto de coberturas críticas, la distancia entre tener una vacuna disponible y lograr que llegue efectivamente a cada persona se convierte en uno de los principales indicadores de la capacidad del sistema para prevenir.